Las trabajadoras y trabajadores del sector de Dependencia se han movilizado para exigir que se desbloquee la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. Actualmente, cerca de 200.000 personas carecen de un convenio que respete el salario mínimo acordado en el Acuedo Nacional de Negociación y establezca unas condiciones de trabajo dignas. UGT y CCOO se concentraron delante de las sedes de la CEOE en Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid en Valencia y en Andalucía.
En Madrid, una multitudinaria concentración ha reunido a trabajadoras de residencias, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, que han elevado su voz para pedir a la patronal la negociación de un convenio digno.
UGT reclama una subida salarial para que las categorías profesionales más bajas alcanzasen los 14.000 euros anuales brutos que establece el Acuerdo de Negociación Colectiva y una subida escalonada y proporcional de categorías profesionales (no superior al 10% en conjunto). Y 1000 euros mensuales en 14 pagas para 2021.
Por su parte CCOO denuncia que, durante el último año, las organizaciones patronales han mostrado una falta de respeto total hacia las trabajadoras y trabajadores del sector de la Dependencia, parando deliberadamente la negociación con excusas y sin propuestas.
La dependencia podría ser un yacimiento de empleo de calidad y sin embargo se ha convertido en un nicho de precariedad
CCOO ha hecho una propuesta seria de subidas salariales que den cumplimiento a lo acordado con la CEOE: alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2020. La patronal no sólo la rechaza esta propuesta, sino que no hace ninguna propuesta. Desde el sindicato se condena esta actitud intolerable e instamos a la patronal a que reconsidere su actitud aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que cuida a las personas dependientes. Un sector mayoritariamente femenino con unas condiciones de trabajo penosas, una elevada tasa de enfermedades musculoesqueléticas y nerviosas, un alto índice de automedicación y unos salarios ínfimos: esta es la realidad del cuarto pilar del bienestar.
Asimismo, desde la FSS-CCOO alerta de que la Dependencia es un sector donde cada vez más existen dificultades para contratar a profesionales que ejerzan su actividad debido a sus condiciones laborales y salariales; y la patronal no hace nada para revertir esta situación. La firma del convenio, con la complicidad de todas las partes, podría significar la reversión de la actual situación, evitando que las empresas tiren a la baja los conciertos que liciten las distintas Administraciones Públicas, ya que sería una herramienta para garantizar que se cumpla el convenio y así garantizar unas mínimas condiciones laborales y retributivas.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denunció la pasividad de las organizaciones empresariales en la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. La patronal se ha negado a atender las últimas propuestas sindicales y no ha planteado alternativas, provocando la parálisis de las conversaciones tras diez meses de trabajo.
Igualmente, sería una herramienta para exigir a las distintas Administraciones que cumplan con lo recogido en Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, garantizando la financiación comprometida que actualmente no cumplen, permitiendo una pobreza laboral en un sector altamente feminizado y una atención deficiente a las personas dependientes. Para CCOO, es fundamental el incremento de la financiación por parte de la Administración del Estado, para equilibrar la financiación con las Comunidades Autónomas, que hoy podría superar el 80%; por el contrario, el Estado no llegar al 20% de la aportación total.
Asimismo, según datos del IMSERSO, 1 de cada 5 personas reconocidas en situación de Dependencia estaban a la espera de una prestación; en concreto, 269.238 personas (de ellas 107.334 son Grandes Dependientes o Dependientes Severos), lo que equivale al 20,83%. Junto a estas han de contabilizarse 131.270 personas que se encuentran pendientes de valoración y de las que se calcula que aproximadamente el 80% terminarán siendo reconocidas con derecho a prestaciones.
La dependencia podría ser un yacimiento de empleo de calidad y sin embargo se ha convertido en un nicho de precariedad: un sector altamente feminizado en el que las trabajadoras no llegan a los 1000 euros al mes, cifra mínima contemplada en el último Acuerdo de Negociación Colectiva.
