“Si la derecha te pone en una lista negra, tu carrera no puede prosperar”. Esa frase, de un juez que pide guardar el anonimato, confirma lo que esta publicación viene investigando desde hace unas semanas: la existencia de “listas negras” en la justicia española. Unas “listas” que se elaboran en dos vertientes: por una parte, los ascensos de jueces que son vetados por los políticos, generalmente de la derecha, y, por otra, los letrados que se encuentran con dificultades para ejercer su profesión en los juzgados.
Recientemente, el abogado Gonzalo Boyé ha visto cómo se le procesaba por, presuntamente, haber colaborado con el narcotraficante Sito Miñanco en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El fiscal pide para él nueve años de cárcel.
Gonzalo Boyé es el abogado que defiende al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pero su historial va más allá. Es el defensor de Pablo González, el periodista encarcelado en Polonia al que se le acusa de espiar para Rusia. Y más todavía. En 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. También fue imputado en el secuestro de Manuel Prado y Colón de Carvajal. En ámbitos jurídicos se dice que perteneció al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, el MIR chileno.
Con esos antecedentes no es de extrañar que Boyé figure en una lista de letrados incómodos en los juzgados. No se les puede vetar. La ley lo prohíbe. Pero en las sedes judiciales se menciona con frecuencia sus nombres. Algunos de ellos han tenido que pedir amparo a sus respectivos colegios de abogados.
José Antonio Choclán es otro de esos nombres. Considerado uno de los mejores penalistas de este país, sus problemas proceden de sus principios judiciales. Fue juez de la Audiencia Nacional destinado en la sala de lo Penal. De allí surgen algunos de sus enemigos, que fueron colegas suyos, y que no ven con buenos ojos sus defensas en casos como Gürtel, tarjetas Black o Caso Máster donde defendió a la expresidenta de la CAM, Cristina Cifuentes. Su forma de trabajar es polémica. Siempre busca el acuerdo con fiscalía y abogacía del Estado. El más conocido, el de los propietarios de la cervecera Damm, los Carceller, los cuales se libraron de ir a la cárcel a cambio del pago de 93 millones de multa.
Hay otros abogados como Marcos García Montes cuya exposición mediática debido a los asuntos que acepta, casi siempre que tienen relevancia en los medios de comunicación son recibidos en las diligencias previas y juicios con reticencias. Sus actividades son miradas con lupa en los juzgados.
Otro abogado que está bajo estrecha vigilancia es el penalista Horacio Oliva, que tiene la costumbre de pasearse por las oficinas judiciales con el fin de enterarse, antes que nadie, de las actuaciones que se llevan a cabo para elaborar su estrategia. Es “el terror” de los funcionarios que, no obstante, le respetan por su prestigio.
Mariano Gómez de Liaño es otro de los abogados al que los jueces miran con lupa cada vez que se hace cargo de un caso. Y todo por estar relacionado con el caso Banesto por su amistad con Mario Conde. Su hermano es uno de los magistrados cuya expulsión de la carrera judicial ocupó grandes espacios en los medios de comunicación de la época. Javier Gómez de Liaño se hizo cargo de la instrucción de un feo asunto que salpicó al todopoderoso empresario y presidente de Prisa, Jesús de Polanco, el llamado Caso Sogecable. Y tanto fue el agua al cántaro que acabó por romperlo. Polanco salió absuelto y Gómez de Liaño procesado por prevaricación. En el año 2000 fue indultado por el gobierno de José María Aznar con la condición de no optar a ninguna plaza de la Audiencia Nacional durante 25 años. Le faltan algo más de dos años para terminar con su “castigo”. No parece que vaya a ejercer su derecho de retornar a la instancia judicial que tuvo que abandonar. De todas maneras, en el CGPJ han tomado las medidas oportunas para que eso no suceda.
Otro conocido magistrado expulsado de la carrera judicial es Baltasar Garzón. Considerado el mayor exponente de los llamados “jueces estrella”, sus devaneos con la política acabaron por crearle enemigos muy poderosos. En 2012 fue condenado por un delito de prevaricación a once años de inhabilitación. Un delito cometido durante la instrucción del Caso Gürtel. Garzón ha intentado volver a ejercer como juez sin éxito. Ahora mismo compagina la abogacía con algún escarceo en la política.
En las listas negras de los juzgados aparecen otros nombres de jueces y abogados. Oficialmente nadie quiere hablar de la existencia de este tipo de relaciones. No existen, dicen los juristas, “porque es muy difícil vetar a un miembro de la carrera judicial debido a los blindajes legales existentes en torno a las figuras de jueces, fiscales y abogados”. Es cierto que las leyes les protegen. Pero, a veces, no hace falta tomar represalias ni vetos. Basta con que se pongan obstáculos a la hora de promocionar para mandar “a la nevera” a algunos miembros “incómodos” de la carrera judicial.
Otra cosa bien diferente es la actuación de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder judicial. Una actuación polémica en ciertas ocasiones. Pero sobre ese asunto se hablará en una próxima entrega.
