Grupos defensores de la memoria histórica en España han llevado al Parlamento Europeo una campaña para instar a que se abra juicio contra el exministro Rodolfo Martín Villa por los sucesos de Vitoria de 1976. En aquel episodio oscuro de la Transición española −ocurrido el 3 de marzo, pocos meses después de la muerte de Franco− fueron abatidos cinco trabajadores durante una protesta obrera contra el decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones laborales. El suceso se produjo cuando efectivos de la Policía Armada trataban de disolver la manifestación, en la que participaban más de 4.000 personas.

Los agentes desplazados por el Gobierno a la zona lanzaron gases lacrimógenos al interior de la iglesia de San Francisco de Asís, en el populoso barrio de Zaramaga, y dispararon contra las personas que salían del recinto. Murieron cinco manifestantes y más de ciento cincuenta personas resultaron heridas. Las víctimas fueron Pedro María Martínez, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas; Francisco Aznar Clemente, de 17, estudiante y operario de panadería; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo, de 32, trabajador de Basa; y Bienvenido Pereda, de 30 años, trabajador de grupos Diferenciales.

Aquella operación policial nunca fue enjuiciada ni siquiera investigada. Los responsables de las fuerzas policiales eran Manuel Fraga como ministro de Gobernación (a aquellos años se remonta su famosa frase “la calle es mía”); Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales; y Alfonso Osorio, de Presidencia. Eran los primeros años de reinado de Juan Carlos I con Arias Navarro de presidente, que demostró su incapacidad para consolidar la democracia en España.

El objetivo de la campaña que un grupo de ciudadanos lleva ahora a la UE bajo el eslogan de “Juicio a Martín Villa” es sentar en el banquillo al ex ministro de Relaciones Sindicales para que responda por “crímenes contra la humanidad”. Detrás de la iniciativa hay al menos 40 asociaciones de defensa de derechos humanos y colectivos sociales. Todas ellas consideran que Martín Villa fue unos de los “responsables” de la represión en aquellos primeros años de gran inestabilidad política y social tras la muerte del dictador y denuncian la impunidad de los crímenes que se cometieron durante el tránsito a la democracia.

Las asociaciones de memoria histórica tratan de poner de manifiesto que la Transición española no fue ese modelo político “ejemplar y pacífico” que se nos ha vendido, sino que también se cometieron atropellos a los derechos humanos que han quedado sin castigo. “Se disparó a matar contra la gente que reclamaba libertades democráticas, sindicales, autodeterminación, justicia social…”, aseguran los promotores de la campaña.

Contra el exministro se han presentado varias querellas en un juzgado argentino para que se le investigue por los sucesos de Vitoria y de los Sanfermines de 1978. La jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, que investiga desde 2010 los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, quiso tomar declaración a Martín Villa a finales del pasado año. A tal efecto, la magistrada cursó una “comisión rogatoria” para poder tomarle declaración entre los días 22 y 26 de octubre. Finalmente, la Audiencia Nacional rechazó la pretensión de la Justicia argentina. En un auto judicial, según fuentes de la Agencia Efe, el juez José de la Mata argumentó, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que se le atribuyen al exministro habrían prescrito y, además, “admitir la comisión rogatoria vulneraría la ley de Amnistía de 1977”.

Hoy mismo la plataforma acudirá al Parlamento Europeo, donde  presentará su campaña. Durante la visita, sus integrantes se reunirán con funcionarios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y eurodiputados especializados en la memoria histórica. A las 16.30 han convocado una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación sobre sus gestiones.

La iniciativa se produce apenas días después de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se convirtiese en el primer municipio en declarar a Martín Villa persona “non grata”. Los concejales instaron al Estado a “dar los pasos necesarios” para que los tribunales lo juzguen por sus “crímenes contra la humanidad”, según informa el periódico El Correo. La moción, impulsada por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, ha contado con el apoyo del PNV, EH Bildu, Podemos e Irabazi. El PSE y el PP se han desmarcado de la propuesta, aunque ambos grupos han mostrado su solidaridad con las víctimas.

Rodolfo Martín Villa fue uno de los principales actores del franquismo durante los años 60 y 70. Fue jefe nacional del SEU, secretario del Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona y finalmente ministro de Relaciones Sindicales y de Interior con los gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez.

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