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Exigen al Gobierno que deje de incumplir la Convención de la ONU sobre desaparecidos

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exige al Gobierno que cumpla Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ratificada por España hace más de diez años e incumplida desde el primer minuto.

El colectivo, que inició las exhumaciones científicas de fosas comunes de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, reclama el final de la inacción por parte de los poderes del Estado y el principio de las actuaciones a las que se ha comprometido ante la Organización de Naciones Unidas.

La reclamación ha sido dirigida y registrada por conducto oficial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el siguiente texto:

El Estado español ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que ha adquirido obligaciones contra los crímenes más graves que se pueden cometer contra un ser humano; una detención ilegal, seguida de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver. En España existen todavía decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas por la represión de la dictadura franquista. A esos casos el Gobierno tiene obligación de aplicar «un concepto amplio de víctima –que puede extenderse a familiares de las personas desaparecidas– y se reconoce su derecho a: la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas» (texto de Naciones Unidas).

En España existen todavía decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas por la represión de la dictadura franquista

La ARMH solicita:

Que se pongan inmediatamente los recursos para que las familias de las personas desaparecidas por la represión franquista ejerzan su «derecho a: la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas». Esa obligación del Gobierno ya existe sin que sea necesaria la aprobación de ninguna ley de la memoria para ejercer desde los poderes del Estado las tareas que garanticen los derechos a las víctimas. En la Convención no se dice ni una vez la palabra «subvención» que es la principal política del Gobierno en materia de desaparición forzada y con ella no se garantiza ni la verdad, ni trabaja la justicia ni se indemniza a las familias. Han pasado muchos años y las actuaciones deben ser urgentes.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido identificado genéticamente, critica “la política del Gobierno en la que para tratar gravísimas violaciones de derechos humanos financia algunas actuaciones condenando a las familias de los desaparecidos a no poder ejercer sus derechos y no ser reparados como sí lo son las víctimas del terrorismo”.

La ARMH lleva a cabo sus exhumaciones sin pedir recursos públicos, con los recursos que les proporcionan sus socios y la dedicación de decenas de personas voluntarias. “El Gobierno les está robando a las víctimas su derecho a la justicia y a la reparación y pretende compensarlo con algunas subvenciones que son la solución menos comprometida con los derechos humanos. Por cierto, que en la Convención contra la Desaparición Forzada no se menciona la palabra subvención y es la única política del Gobierno».

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