Paradojas de la vida. Un grupo de visitantes hace cola para entrar al Congreso de los Diputados. A escasos metros, Nuria y Manuel esperan que alguien se digne a escucharles. Llegaron a Madrid tras una marcha a pie desde Zaragoza, el pasado 31 de diciembre. Apoyados por la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI, Diwork y la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos, han continuado con su esfuerzo por lograr que Gobierno y socios, oposición y la Casa Real les reciban y escuchen sus reivindicaciones, «que son las de más de 50.000 familias en España», apunta Nuria. «No solo queremos trasladar nuestro caso, sino la realidad de miles de menores tutelados en centros. Esto tiene que terminar. Y no vamos a parar hasta que nos devuelvan la tutela de nuestros tres hijos». Y se emociona al ver llegar a una madre a la que conoce y que se encuentra en su misma situación. Son ya demasiados correos electrónicos y llamadas telefónicas dirigidos al Gobierno, a partidos políticos y a Zarzuela sin ningún tipo de respuesta. Incluso antes de emprender su peregrinaje a Madrid habían realizado numerosos contactos.
Junto a varios activistas de los colectivos de apoyo, Nuria y Manuel han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados para hacerlo llegar a todos los grupos parlamentarios en el que describen «la situación en que se encuentran miles de niños y niñas en las diversas comunidades autónomas a causa del incumplimiento del Artículo 39 de la Constitución Española». Este dice que:
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Leyes y reglamentos que rompen familias
Según recoge el documento dirigido a los grupos parlamentarios, «para que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia es necesario cambiar las actuales leyes y reglamentos que, en la práctica, permiten romper las familias dando la guardia y custodia a los diversos organismos autonómicos y a los directores de las empresas privadas que rigen los centros de menores».
Asimismo, denuncian que, en la práctica diaria, «se entregan niños y niñas a familias ajenas rompiendo los vínculos con la familia de origen».
Acceso a la vivienda y empleo
Por ello, como explica Victoriano Fernández, presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI, «solicitamos que se tomen medidas para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Para ello se deben facilitar el acceso a la vivienda cuando la familia carezca de ella. Se debe ayudar a encontrar trabajo y ofrecer protección económica y social cuando los miembros de la familia no la tengan». Añade que «si es necesario se buscarán fórmulas de acompañamiento a las familias por parte de los trabajadores sociales, pero nunca se retirarán los menores a sus familias».
Prácticas contrarias a las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño
Respecto a los casos extremos de necesidad, el escrito señala que «de separar a algún niño o niña de su familia, se mantendrá una relación lo más fluida posible con la familia de origen», pues argumentan que, en la actualidad, miles de familias «solo pueden ver a sus hijos una vez a la semana o menos. Esas visitas van rompiendo el apego de los niños y niñas con sus familias y son contrarias a las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)»
Un Sistema de Protección a la Infancia obsoleto
La historia de Nuria y Manuel vuelve a demostrar que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se incomodan. Y entonces es mejor guardar silencio. Resulta molesto escuchar las miserias que el obsoleto Sistema de Protección a la Infancia esconde, porque saben que buscar una solución implica una ardua tarea, que no da votos y que ningún gobierno ha abordado. Y todo apunta a que el actual va por el mismo camino, y con las familias enfrente.
