Según distintas fuentes consultadas por Diario16, un grupo de socios de la Sociedad General de Autores (SGAE) ha interpuesto una demanda para impugnar los acuerdos que se adoptaron en las juntas celebradas durante el estado de alarma y que terminaron con el cese de la anterior presidenta y de Inmaculada Serrano, vicepresidenta por el Colegio de Pequeño Derecho (cantantes), gracias a un presunto caso de transfuguismo que favorece claramente a las multinacionales. Según ha podido saber este medio, estos socios están representados por el abogado Cándido Conde-Pumpido.
En pleno estado de alarma, un grupo de miembros de la Junta Directiva de la asociación actuaron con la intención de arrebatar el gobierno de la SGAE a sus legítimos representantes e idearon una estrategia para expulsar de los órganos de gobierno de la sociedad a los representantes del Colegio de Pequeño Derecho elegidos democráticamente. Según las fuentes consultadas, se produjo un proceso que podría denunciarse como ilegítimo e ilegal, algunos de los representantes de la Junta Directiva de la sociedad convencieron a otros miembros de la junta pertenecientes al Colegio de Pequeño Derecho para formular, en pleno confinamiento, una moción de censura contra la presidenta de la SGAE, que era ocupada en esos momentos por la soprano Pilar Jurado. Dichas acciones podrían ser consideradas como un acto de transfuguismo. Es decir, se pergeñó, en pleno estado de alarma, una presunta compra de votos en la Junta Directiva para expulsar a la presidenta de la sociedad, siendo recompensados estos miembros supuestamente «comprados» con cargos en el Consejo de Dirección de la sociedad. Los miembros del Colegio de Pequeño Derecho que votaron a favor de la moción de censura de la presidenta de la entidad, posteriormente fueron premiados con cargos en el Consejo de Dirección.
Esta junta fue convocada, según ha podido saber Diario16, de un día para otro y tenía como único punto del día la moción de censura de la presidenta Pilar Jurado. Además, se hizo de manera telemática, puesto que en esos días no se hubiera podido celebrar de otro modo, algo que iba en contra de la tradición y los estatutos de SGAE. Es por ello que un grupo de socios expresó su estupor y sorpresa ante esta convocatoria.
La junta se celebró sin posibilidad de generarse debate puesto que, además, hubo problemas de conexión, según indican las fuentes consultadas. Es decir, con dicho sistema telemático no se podía celebrar con las debidas garantías. No obstante, la junta fue convocada a petición de miembros que ya tenían decidida su postura de antemano, por más que se cuestionase la legalidad y legitimidad de la celebración de dicha junta y sus acuerdos. Además, nuestras fuentes ponen en duda las garantías del sistema de votación que tuvo como resultado 22 votos favorables a la moción de censura, 13 en contra y 0 abstenciones.
Fue nombrado presidente en funciones, con un mandato de un mes, Fermín Cabal Riera, quien convocó una reunión de urgencia para tratar varios asuntos entre los que se encontraba la moción de censura de la vicepresidenta del Colegio de Pequeño Derecho, Inmaculada Serrano, así como el punto relativo al cese de los miembros del Colegio de Pequeño Derecho que componen el Consejo de Dirección de SGAE. Supuestamente, estos puntos del orden del día estaban provocados por una carta suscrita por 4 miembros de la junta. Sin embargo, en ningún momento, el Colegio de Pequeño Derecho había solicitado ni el cese de su vicepresidenta ni el de sus consejeros, elegidos conforme a los Estatutos por el propio Colegio.
Ahí fue donde se vieron las verdaderas intenciones del movimiento que no eran otras que cesar en el cargo a Pilar Jurado para poder cesar en el cargo a Inmaculada Serrano para consumar una injerencia en la independencia y en la voluntad social del Colegio de Pequeño Derecho, nombrando dentro del Consejo de Dirección a esos 4 miembros disidentes del Colegio de Pequeño Derecho que votaron a favor de la moción de censura.
Además, según indican nuestras fuentes, Fermín Cabal ya tenía preparada la convocatoria de una Junta Directiva extraordinaria para celebrar el día 17 de abril, es decir, con menos de 48 horas tras la finalización de la anterior junta, donde solicitaba tratar 16 puntos de importantísimo calado para SGAE, junta que, al igual que la anterior, fue convocada de un día para otro. Las mismas fuentes indican que la actuación del presidente en funciones respondía a una clara estrategia convenientemente preparada y pactada con otros miembros de la Junta Directiva para hacerse con el control de la SGAE y eliminar y neutralizar la voluntad social del Colegio de Pequeño Derecho. En definitiva, lo que se puede apreciar de la actuación de esos días es la comisión de un acto dictatorial, un atentado contra la democracia de la institución y una supuesta violación. Las fuentes consultadas por Diario16 dejan claro que no había ningún motivo para el cese de Inmaculada Serrano porque el interés del mismo venía de otros colegios y respondía a otros intereses distintos al de la voluntad social del colegio al que representaba. Pero es que, además, tampoco existían razones ni motivos para cesar a ningún miembro del consejo de dirección y nombrar a otros.
Según ha podido saber Diario16, cuando en la junta extraordinaria se trató el punto del cese de Inmaculada Serrano, Juan Antonio Ipiña, miembro de la Junta Directiva señaló que el presidente en funciones estaba proponiendo destituir a la vicepresidenta de un colegio, decidido por colegios terceros, vulnerando la democracia ya que 9 de 16 miembros no tienen el deseo de variar la formación de nuestro Colegio de Pequeño Derecho. A esto hay que añadir que la propia Inmaculada Serrano denunció que el orden del día de esta junta fue decidido por los vicepresidentes del resto de colegios, sin contar con su conocimiento ni con su aprobación. Sin embargo, a Serrano le indicaron que dicho punto del orden del día fue incluido por la recepción de cuatro cartas que proponían su cese, de las cuales no fue informada previamente. ¿Quiénes fueron los tránsfugas del Colegio de Pequeño Derecho? Según ha podido saber Diario16, fueron los siguientes:
- José Teodomiro Cardalda Gestoso
- José María de Eusebio Rojas
- Pablo Luis Salidas Delgado
- Juan Fernández Gálvez
- Juan José Solana Gutiérrez
- José Miguel Carmona
Esta minoría de miembros pertenecientes al Colegio de Pequeño Derecho, acabarían ocupando los 5 cargos en el Consejo de Dirección de SGAE y el cargo de Director Institucional que pertenecen al Colegio de Pequeño Derecho, previo cese de los miembros elegidos por el Colegio de Pequeño Derecho.
A lo anterior hay que sumar que, según los estatus de SGAE, entre las atribuciones de un presidente en funciones no se encuentra el proponer el cese de los vicepresidentes. Por tanto, la inclusión en el orden del día de ese punto es nula.
En consecuencia, según indican las fuentes consultadas, el cese de la vicepresidenta del Colegio de Pequeño Derecho se tomó en contra de la voluntad del colegio al que representa, en contra de los estatutos, con un presidente en funciones y como consecuencia de la injerencia e interés de otros colegios, que pretendían tomar el mando del Consejo de Dirección y de la propia entidad. Un verdadero golpe de Estado que, al final, beneficiará a las multinacionales.
