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Exceso de celo y contradicciones de los Servicios Sociales rodean la retirada de tutela de una bebé recién nacida en Ciudad Real

Un supuesto positivo en cocaína y cannabis de la menor al nacer es la razón alegada, a pesar de que los padres solicitaron un contraanálisis en el Hospital Universitario de Toledo y se les negó, según sostienen. Por ello acudieron a una clínica privada donde, sorprendentemente, el matrimonio dio negativo en las pruebas

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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Diego y Merien son los padres de una bebé, cuyo desamparo fue decretado en una resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, el pasado 8 de marzo, al tiempo que se ordenó la constitución de acogimiento familiar urgente para la pequeña.

El motivo de las medidas adoptadas sería un supuesto positivo en cocaína y cannabis de la menor al nacer. A pesar de que los padres solicitaron un contraanálisis en el Hospital Universitario de Toledo, afirman que se les negó, razón por la que acudieron a una clínica privada, nada más recibir el alta la madre, que sorprendentemente dio negativo en las pruebas.

El abogado de la familia, Enrique Vila, que ha presentado ante los Juzgados de Ciudad Real un recurso de oposición a dichas medidas, explica que «sabemos que la cocaína deja un rastro durante bastante tiempo. Ahí ha habido un error y nosotros hemos alegado que con unas personas que nunca han tenido ninguna intervención de Bienestar Social previa, que nunca han tenido ningún problema, se ha pecado de exceso de celo, porque lo que no se puede hacer es retirar automáticamente un bebé e incluso negarles visitas porque se haya dado puntualmente un análisis positivo en cocaína y cannabis, cuando el contraanálisis es negativo».

Vila insiste en que «lo mínimo que se debería haber hecho es un contranálisis. Está claro que no se puede consumir durante el embarazo y está mal, pero para mi no justifica la situación que exige la Ley de Riesgo para una retirada de tutela tan radical. Yo hubiera abierto un expediente de control y seguir haciendo análisis a la madre y a la niña durante un tiempo. Pero esta familia no son un matrimonio que estén drogándose, ni tienen problemas de adicciones. A lo mejor ha sido algo puntual. Eso creo que es un exceso de celo por parte de la administración, porque lo que hay que comprobar es si esta actitud es habitual, que sí justificaría, indudablemente, la retirada de un menor, pero no de uno, sino de todos. ¿Por qué no retiran a los otros? Es que es tan absurdo y contradictorio como eso. Tienen tres hijas más que conviven con ellos, y nadie ha dicho nada. ¿Se está sospechando que este matrimonio pone en riesgo la salud física o psicológica del bebé? Pues retirada inmediata de los otros también. Y no tenemos noticias de que se haya abierto un expediente al respecto».

«Estas personas no están ni en la UCA (Unidad de Conductas Adictivas de la Seguridad Social), ni tienen un tratamiento de desintoxicación, porque no están intoxicadas. La ley no prevé que porque una mujer embarazada haya bebido o fumado un porro en el último mes de gestación se le tenga que quitar a su hijo»

Por esta razón considera que «es contradictorio, aparte de que sea un protocolo automático -y no debería ser así-, aceptando la gravedad de que haya podido haber un análisis positivo en un recién nacido. Pero luego hay que analizar si es un hecho puntual, dentro de lo mal que está, y si pone en riesgo la salud del bebé a la larga. Entonces, tienes que ayudar a la familia para evitar y controlar que eso sea habitual. Y que yo sepa estas personas no están ni en la UCA (Unidad de Conductas Adictivas de la Seguridad Social), ni tienen un tratamiento de desintoxicación, porque no están intoxicadas. La ley no prevé que porque una mujer embarazada haya bebido o fumado un porro en el último mes de gestación se le tenga que quitar a su hijo.

«Aquí se ha creado un monstruo, un búnker o un órgano, que casi tiene vida propia, que son los Servicios Sociales de los que se reciben muchísimas subvenciones y de los que vive mucha gente. Entonces, hay una especie de lobby que tiene que justificar la existencia de ese órgano. Por tanto, tienen que retirarse niños. Tienen que justificar su actuación»

Respecto al destino de la menor, dado que una de las dos resoluciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real indica el acogimiento familiar urgente, el letrado comenta que «normalmente en el caso de los niños pequeños se buscan familias canguro que se llaman. Son familias ex profeso que reciben una pequeña subvención para acoger a los niños cuando hay una urgencia, cuando hay un riesgo inminente para la salud de ese niño. Este no es el caso»

A propósito del caso, sostiene que existe un problema genérico. «Aquí se ha creado un monstruo, un búnker o un órgano, que casi tiene vida propia, que son los Servicios Sociales del que se reciben muchísimas subvenciones y del que vive mucha gente. Entonces, hay una especie de lobby que tiene que justificar la existencia de ese órgano. Por tanto, tienen que retirarse niños. Tienen que justificar su actuación. Por eso, por suerte en España no hay tantísimos niños en situación de riesgo real físico y psicológico, como la cantidad de funcionarios que están trabajando para estos servicios. En muchas ocasiones se peca de exceso de celo con retiradas que en absoluto están justificadas. Y en este caso, un niño recién nacido, una familia vulnerable…pues lo cogemos y ya estamos justificando nuestro trabajo».

Pone un ejemplo: «Recientemente, en Barcelona, he tenido un caso que porque la madre llevó al médico a su hijo que no andaba bien, con 9 meses, pues se lo han quitado 14 días. Y menos mal que reaccionamos rápido. Posible fractura de fémur compatible con maltrato infantil. Caramba, pues compruébelo con el forense, pero no le haga pasar por esta situación a la familia».

Y como este, tantos casos que se dirimen en los juzgados. Eso sí, a los 8 meses o 1 año desde la notificación del decreto del desamparo del menor. Hasta ese momento no interviene el juzgado, y las familias están al albur de las decisiones de los Servicios Sociales correspondientes.

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