La fuga de capitales a paraísos fiscales es uno de los problemas endémicos más graves de la democracia española a los que los diferentes candidatos a la Presidencia del Gobierno apenas han dedicado un par de minutos en los encendidos debates televisivos de campaña electoral. Hablamos de miles de millones de euros que se evaden al fisco cada año, todo un presupuesto nacional con el que se podrían construir muchas escuelas y hospitales y prestar una digna asistencia social a todas esas personas víctimas de la crisis que no tienen trabajo o sufren riesgo de exclusión.

Resulta difícil cuantificar el volumen de lo evadido pero fuentes del Ministerio de Hacienda estiman que nuestros insignes clanes familiares poseen en paraísos fiscales más de 144.000 millones de euros, con una cifra de fraude fiscal que podría rondar los 7.400 millones anuales.

Estamos sin duda ante una lacra que empobrece a nuestro país y que desgraciadamente no es un problema nuevo. En España, las élites y oligarquías empresariales y financieras han evadido dinero a otros países prácticamente desde siempre. Un buen ejemplo fue lo que ocurrió tras la proclamación de la Segunda República en 1931, cuando las clases adineradas y la aristocracia tradicional, temerosas de que el nuevo régimen socialista expropiara su patrimonio, decidieron ponerlo a buen recaudo en el extranjero. Según escribe el historiador Manuel Tuñón de Lara, “problema también muy serio era el de la huida de capitales que comenzó aquel mes de abril y ya fue tratado por el Gobierno en su primera reunión. Se prohibió, entre otras medidas, que los viajeros llevasen con ellos más de 5.000 pesetas, la exportación de metales preciosos, las transferencias de fondos fuera de España para comprar valores extranjeros y la compra por los bancos de divisas extranjeras… Pero la fuga de capitales no cesó por eso”.

El gran historiador español, uno de los mayores expertos en el período de la República y la guerra civil, recuerda que en aquellos tiempos el capital ya estaba acumulado en manos de unas pocas familias. Cuando describe cómo era la economía española entonces y los problemas a los que tuvo que enfrentarse el Gobierno republicano para modernizar el país, sacarlo del subdesarrollo y tratar de repartir la riqueza, asegura: “Hablar de la banca supone hablar de las grandes empresas, ya que sería enojosa repetición la de reiterar los estrechos vínculos entre una y otras. Una simple ojeada a las listas nominales de los Consejos de Administración de los bancos y de la casi totalidad de las empresas dotadas de fuerte capital puede sacar de dudas a aquel que todavía las tuviere. Esta concentración del poder bancario y empresarial en un número muy reducido de personas, fenómeno paralelo al ya secular de la propiedad agraria (y entrelazado con éste en un buen número de casos), ha planteado en nuestra patria el problema económico, sociológico y político de la oligarquía, de las grandes familias, con una tendencia cada vez más monopolista, al que hemos hecho referencia en repetidas veces”.

Tuñón de Lara se refiere en su obra, indudablemente, al poder que unas cuantas sagas familiares acumularon durante los años anteriores a la guerra civil y cómo esa concentración brutal de capital fue un lastre que impidió las reformas que necesitaba el país tras siglos de atraso y subdesarrollo. El propio historiador aporta los nombres de algunas de aquellas estirpes que amasaban grandes fortunas, no solo monetarias, sino también inmobiliarias y sobre todo en forma de terreno rústico propiedad de grandes terratenientes de superficies agrícolas sin explotar. España es todavía hoy un país que sufre el cáncer del latifundismo improductivo en manos de las clases sociales más altas que impiden el acceso del pueblo al cultivo de la tierra generador de riqueza (aún permanecen frescas en nuestra retina las imágenes de grupos de jornaleros asaltando fincas privadas en los peores años de la crisis de 2008). Pues según Tuñón de Lara, ese mismo problema de las grandes fortunas, de la concentración de campos y tierras en unas pocas manos y de la evasión de capitales a otros países fue una penosa rémora para la República, un tumor maligno que por lo visto la democracia española no ha logrado extirpar casi un siglo después: “Resulta de interés conocer los nombres de algunas personalidades que ejercían puestos de dirección en compañías dominadas, de hecho, por capital extranjero. Entre ellas estaba el marqués de Hoyos, los hermanos Oriol, Ignacio Herrero (marqués de Aledo), el conde de Gamazo, Miguel Mateu, el marqués de Urquijo, Ibarra, Cambó, Ventosa, el marqués de Foronda, Mariano Marfil, Arteche, Romanones, García Prieto, Garnica, Martínez Campos, Coll, Garí…”

Algunos de aquellos apellidos ilustres han ido desapareciendo con el eco de la historia, pero otros siguen activos y conservan sus fortunas intactas, ya sea en España o en el extranjero. Castas de privilegiados que arruinaron al país en la Segunda República y que por lo visto siguen haciéndolo en nuestros días bajo el suntuoso traje del enfervorecido patriota.

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