La Comisión Europea ha propuesto en la última semana de 2021 una nueva directiva para apuntar a empresas fantasma, es decir, los vehículos anónimos utilizados por las grandes fortunas, las multinacionales y el crimen organizado para ocultar dinero, evitar impuestos y disfrazar la propiedad de activos.
La propuesta, denominada «Unshell», buscaría garantizar que las empresas buzón que no tienen o mantienen una mínima actividad económica en la UE no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal, afirma el texto de la propuesta, al que Diario16 ha tenido acceso.
Esto también protegerá la igualdad de condiciones para la gran mayoría de las empresas europeas, que son fundamentales para la recuperación de la UE, y garantizará que los contribuyentes ordinarios no sufran una carga financiera adicional debido a quienes intentan evitar pagar su parte equitativa.
Aunque las entidades fantasma o entidades ficticias pueden desempeñar funciones comerciales y empresariales útiles, algunos grupos internacionales e incluso particulares abusan de ellas con fines de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal.
Determinadas empresas dirigen flujos financieros a entidades fantasma en jurisdicciones que no tienen impuestos o que aplican impuestos muy bajos, o en las que los impuestos pueden eludirse fácilmente.
Del mismo modo, algunos particulares pueden utilizar entidades fantasma para proteger activos y bienes inmuebles frente a los impuestos, ya sea en su país de residencia o en el país en el que se encuentra la propiedad.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para Una Economía al Servicio de las Personas, ha afirmado que «las empresas fantasma siguen ofreciendo a los delincuentes una oportunidad fácil de eludir las obligaciones fiscales. A lo largo de los años, hemos visto demasiados escándalos derivados del uso indebido de empresas fantasma. Así se perjudica a la economía y a la sociedad en su conjunto, además de suponer una carga adicional injusta para los contribuyentes europeos. Los nuevos requisitos de seguimiento e información para las empresas fantasma dificultarán que disfruten de ventajas fiscales desleales y facilitarán a las autoridades nacionales detectar los abusos que puedan cometer. En Europa no hay cabida para quienes exploten las normas con fines de evasión, elusión fiscal o blanqueo de capitales: todos deben pagar la parte de impuestos que les corresponde».
Por su parte, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, fue mucho más contundente al afirmar que «esta propuesta pondrá más presión sobre las empresas fantasma, estableciendo normas de transparencia para que sea más fácil detectar el uso indebido de dichas entidades a efectos fiscales. Nuestra propuesta establece indicadores objetivos para ayudar a las autoridades fiscales nacionales a detectar empresas que solo existen sobre el papel: en ese caso, la empresa estará sujeta a nuevas obligaciones de información fiscal y perderá el acceso a beneficios fiscales. Se trata de otro paso importante en nuestra lucha contra la elusión y la evasión fiscales en la Unión Europea».
Tres criterios determinarán si una entidad existe solo en papel y, en consecuencia, se considera incapaz de obtener desgravaciones y beneficios fiscales.
Los criterios son: la naturaleza de los ingresos de la empresa, la proporción de transacciones transfronterizas para el negocio de la empresa y si la gestión de la empresa se subcontrata o se realiza internamente.
La propuesta «nos permitirá intensificar la lucha contra la elusión y la evasión fiscal apretando los tornillos de las empresas pantalla, o empresas de buzón, que se utilizan como vehículos para la evasión o elusión fiscal», añadió Gentiloni.
Si la entidad es una empresa pantalla, tendrá que cumplir con las nuevas obligaciones de declaración de impuestos y «los pagos entrantes se gravarán en el estado del accionista de la pantalla», indica el documento. Si el propósito de la empresa es poseer activos inmobiliarios de lujo, el Estado donde se encuentra la propiedad gravará el activo «como si fuera propiedad del individuo directamente», dice el documento.
La nueva directiva también aumentará el intercambio de información en todo el bloque y permitirá a los estados miembros solicitar a otro miembro que lleve a cabo una auditoría fiscal de cualquier empresa fantasma.
Una vez adoptada por los Estados miembros, la propuesta entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
