La UE ha abierto su mercado de contratación pública a la competencia de terceros países de manera significativa y ha defendido el fin del proteccionismo en los mercados internacionales. El Parlamento Europeo, por su parte, ha fijado posición sobre el instrumento de contratación pública internacional, una herramienta para facilitar a las empresas de la Unión a optar a licitaciones en mercados extranjeros
Con 590 votos a favor, 8 en contra y 99 abstenciones, los eurodiputados respaldaron la propuesta de un Instrumento de contratación pública pero introdujeron algunos cambios en su diseño, alcance y en las competencias discrecionales de los Estados miembros a la hora de aplicarlo.
El objetivo de la propuesta es incentivar la apertura de los mercados de contratación pública en países que protegen este sector. Para ello, introduce medidas para limitar el acceso al mercado europeo de licitaciones a las empresas de los países que no permitan a las compañías de la UE acceder a sus mercados. La Comisión será la encargada de determinar si y en qué medida las firmas de un país deben quedar sujetas a medidas restrictivas.
El eurodiputado alemán Daniel Caspary ha afirmado que «el Parlamento abre la vía al nuevo instrumento para la contratación pública internacional, una mejora muy necesaria de las herramientas a disposición de la UE en un entorno comercial cada vez más hostil. Con los cambios introducidos, tenemos un instrumento fácil de entender y aplicar, además de reducir la burocracia al mínimo. Esperamos lograr un acuerdo con el Consejo antes de la primavera para dotarnos de una herramienta efectiva, eficiente y directa»
Remedios para abordar el acceso desigual
Los eurodiputados apoyan dos tipos de medidas que la Comisión puede utilizar para abordar una situación de acceso desigual a los mercados de contratación pública: ajustar la puntuación de la oferta de las compañías sujetas a restricciones (sin afectar al precio pagado por la oferta ganadora), o impedir a la compañía participar en el concurso.
Además, el Parlamento reduce a dos el número de excepciones en que las autoridades de contratación nacionales pueden decidir no aplicar medidas restrictivas: cuando todas las ofertas provengan de empresas de países sujetos a restricciones, y en casos en que el interés público esté por encima de las consideraciones incluidas en el Instrumento. Puede tratarse, por ejemplo, de licitaciones en el ámbito de la salud pública o la protección medioambiental.
Sin embargo, los eurodiputados insisten en mantener exentas de las medidas restrictivas a las empresas de los países menos desarrollados y de los países en desarrollo considerados vulnerables.
Para asegurar una aplicación uniforme de la legislación en todos los Estados miembros, el Parlamento establece que todas las autoridades nacionales de contratación pública quedarán cubiertas por el nuevo instrumento.
Más licitaciones cubiertas
Los eurodiputados han fijado diferentes umbrales para determinar qué procedimientos de contratación pública pueden quedar sujetos a medidas restrictivas: aquellos por un importe igual o superior a 10 millones de euros para obras y concesiones (como construcción de carreteras) y a partir de 5 millones para productos y servicios.
