El vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea ha ordenado la suspensión de la ejecución de las decisiones del Parlamento Europeo respecto a la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí hasta que se adopte el auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales.
El Tribunal General destaca que el Parlamento aún no ha podido presentar sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, de modo que a día de hoy no es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado.
No obstante, según el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, puede accederse a dicha demanda incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones, especialmente cuando sea necesario mantener el statu quo hasta que se adopte el auto que ponga fin al procedimiento de medidas provisionales.
En este caso, de resultar fundadas, las alegaciones fácticas y jurídicas de los diputados justifican que se mantenga el statu quo actual hasta que el vicepresidente examine más detalladamente las alegaciones de las partes y se pronuncie con carácter definitivo sobre la demanda de medidas provisionales.
Suspensión de la inmunidad
El 13 de enero y el 10 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo recibió los suplicatorios de suspensión de la inmunidad Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, diputados electos al Parlamento.
La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el marco de un proceso penal por presuntos delitos de sedición y, en el caso de Puigdemont y Comín, por presuntos delitos de malversación, era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención emitidas contra ambos eurodiputados diputados.
Suspensión de la inmunidad
El 9 de marzo de 2021, el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de los diputados y la diputada. El 19 de mayo de 2021, éstos interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación contra las citadas decisiones.
En dicho recurso se aduce que el Europarlamento no les había garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que había vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Riesgo real de detención
El 26 de mayo de 2021, los diputados presentaron una demanda de medidas provisionales en la que pidieron al vicepresidente del Tribunal General que suspendiera la ejecución de las mencionadas decisiones.
Tanto Puigdemont, como Comín y Ponsatí consideraron que había un riesgo real e inminente de que pudieran ser detenidos y encarcelados con arreglo a las decisiones del Parlamento Europeo, lo que les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato.
En concreto, alegaron que esas decisiones permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos. Cualquier autoridad judicial podría, por lo tanto, detenerlos o limitar su libertad de circulación y entregarlos a las autoridades españolas.
Perjuicios graves e irreparables
Según los diputados, las decisiones no se oponen a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las mencionadas autoridades. Estiman que ello podría causarles un perjuicio grave e irreparable y que su probable detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos.
Habida cuenta de que el Parlamento ha anunciado que reanudará sus sesiones en su sede de Estrasburgo (Francia) el 7 de junio de 2021, los diputados añaden que se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia.
