El Tribunal dictó recientemente una sentencia en la que indicaba que el «Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en esta norma». Esta decisión indica que el hecho de haber nacido en el Sahara Occidental durante el periodo de ocupación española o ser descendiente de quienes lo hicieron no abriría la puerta a la obtención de la nacionalidad española de origen, contrariamente al criterio vigente hasta ahora y por el cual miles de personas habían accedido a la nacionalidad. Aunque todavía no se han agotado todas las instancias legales, esta sentencia podría sentar precedente y desencadenar en la práctica una cadena de denegaciones de solicitudes de nacionalidad.

Un hecho tan grave ha hecho reaccionar a varios eurodiputados entre los que se encuentra Miguel Urbán, de Anticapitalistas, y han escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que indican que «más allá de sus graves consecuencias potenciales, el elemento políticamente significativo es que, con esta decisión, el Tribunal Supremo considera que, hasta 1975, “el Sahara Occidental no formaba parte de España”, a pesar de estar bajo su dominio y mantener una relación colonial de facto reconocida en la misma sentencia».

Sin embargo, resulta alarmante que el Supremo apoye parte de su decisión referenciándose en la ley 40/1975 de 19 de noviembre sobre descolonización del Sahara, dictada menos de una semana antes de la muerte de Franco y que preparaba ya el camino para el inminente abandono español del Sahara Occidental y la posterior ocupación marroquí. Una ley franquista fundamentando una decisión judicial contemporánea que niega las obligaciones derivadas del pasado colonial español reciente y se desentiende de las tareas pendientes recogidas en el derecho internacional público.

En el asunto del Sáhara Occidental, no se puede olvidar que la ONU considera desde 1963 al Sahara Occidental como Territorio No Autónomo (TNA) pendiente de descolonización, siendo en la actualidad el único existente en África y el más grande por extensión y población en todo el mundo. Si ya en 1975 la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania «ostentaban título alguno de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental», en 2002 el Departamento Jurídico de Naciones Unidas recordaba nuevamente que «los Acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente».

Los eurodiputados firmantes de la carta indican que «la realidad jurídica y política española también contradice la afirmación de la sentencia del Tribunal Supremo. Como representantes de la provincia 53, los procuradores saharauis formaban parte de las Cortes franquistas (formalmente el órgano legislativo durante la dictadura) y en varias sentencias la Audiencia Nacional ha reconocido a España como la potencia administradora «de derecho» de dicho territorio.

» Sin embargo, esta última sentencia del Tribunal Supremo considera que «no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española». A pesar de que desde 1958 y hasta noviembre de 1975, las y los allí nacidos recibían el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte español y un libro de familia».

En el fondo de esta sentencia, por tanto, subyace la misma lógica que rigió durante el abandono en 1975 y el progresivo desentendimiento desde entonces por parte del Estado español como antigua metrópolis: la intencionalidad de eludir cualquier responsabilidad de España respecto al pueblo saharaui. Consideramos y denunciamos que hay por lo tanto una intencionalidad política manifiesta detrás de la sentencia del Supremo.

Más allá de contribuir a aclarar la intencionalidad de dicha sentencia y su ajuste a la normativa nacional e internacional vigente, e independientemente de las ulteriores instancias legales que pudiesen confirmar o anular sus posibles efectos, los eurodiputados solicitan al presidente del Gobierno que impulse las medidas necesarias para la asunción definitiva, por parte del Estado español y en calidad de potencia administradora, de las tareas destinadas a concluir los pasos para completar la descolonización del Sahara Occidental, y más concretamente, los eurodiputados reclaman las siguientes medidas a adoptar:

  • Que el Gobierno de España otorgue la nacionalidad española a las y los descendientes de la antigua colonia española que así lo soliciten, como ya se realizó en casos anteriores como con la comunidad sefardí.
  • El establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática.
  • La protección necesaria para las y los ciudadanos de los territorios del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, a las y los saharauis que se encuentran en los campamentos de refugiados en territorio argelino y a todos aquellos que, por diferentes razones, se encuentran actualmente en el Estado español.
  • Una intervención urgente ante la grave situación en la que se encuentra medio centenar de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, lugares propicios para la propagación de virus como el COVID-19 dado el hacinamiento y la total falta de higiene4.
  • Contribuir decididamente a la celebración del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, tal y como está previsto desde hace décadas en el derecho internacional.

Los eurodiputados firmantes son:

  • Miguel  URBÁN  CRESPO  (GUE/NGL – Anticapitalistas)
  • Fernando BARRENA ARZA  (GUE/NGL – EH BILDU )
  • lzaskun  BILBAO  BARANDICA  (Renew –  PNV)
  • Diana RIBA i GINER (Greens/EFA – ERC)
  • María Eugenia RODR ÍGUEZ PALOP (GUE/NGL – Podemos)
  • Ernest URTASUN (Greens/EFA – Catalunya en Comú)
  • ldoia VILLANUEVA RUIZ (GUE/NGL – Podemos)
  • Ana MIRANDA (portavoz BNG Europa)

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre