Se acabó eso de ir proclamando la independencia de los jueces en España. Lo que se dice en privado en los diferentes ámbitos del Partido Popular ya se comenta en público. La diputada y ex ministra, Celia Villalobos, lo dijo bien claro ante cámaras y micrófonos: “mal lo tiene Rita Barberá con un instructor que todos sabemos de dónde sale”.
Celia Villalobos cuestionaba, así, la independencia de los jueces cuando se refería al instructor designado por el Tribunal Supremo en el Caso Rita Barberá. Cándido Conde Pumpido fue fiscal general del Estado en la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no se le considera afín a los socialistas sino mucho más. Fue duramente criticado durante su mandado. Así pues, no es de extrañar lo que piensan de él en las filas populares. La diferencia estriba en que, hasta ahora, Rajoy y los suyos se habían cortado a la hora de hacer manifestaciones públicas sobre estos asuntos.
Pero los nervios han estallado en Génova. La “imputación” de la Barberá, y el inminente comienzo de los juicios del Caso Gurtel parecen estar haciendo mella en los sondeos que maneja el aparato. Con una abstención que les favorece tanto que deberían arrasar, las encuestas de cara a unas terceras elecciones en diciembre, indican el estancamiento en lo que a escaños se refiere. O sea, que no adelantarían lo suficiente ni siquiera como para acercarse a una mayoría suficiente que permita elegir a un Mariano Rajoy cada vez mas acorralado por la corrupción en el seno del Partido.
De ahí que la orden haya sido tajante. Hay que poner en marcha todos los recursos posibles para evitar ser juzgados por jueces progresistas, y poner, a cambio, los más afines a ellos. A fin de cuentas, las dos asociaciones mayoritarias del sector, la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, y la Asociación Francisco de Vitoria son de carácter conservador. De esta manera ha estallado la “guerra de los jueces”. Una batalla silenciosa en la que están en juego muchos intereses personales y corporativos. Una batalla en la que, sin quererlo, se está implicando a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Tanto los del sector progresista como los del conservador, mayoritario en el órgano de gobierno de jueces y magistrados.
Este miércoles, el Partido Popular presentó un incidente de recusación contra la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, que está a punto de convertir en procedimiento abreviado, – paso previo a la apertura de juicio oral-, el caso sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. El PP argumenta que la imparcialidad de la magistrada ha quedado en entredicho por “su evidente cercanía al PSOE, que ha quedado demostrada este verano en sus intervenciones en los medios de comunicación”.
Para sustentar su recusación, el PP recuerda que la magistrada fue promovida por el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, para ocupar la plaza del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional. Que fue designada por los socialistas para debatir la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y que ha sido la primera persona que ha dirigido, por primera vez en España, la acción penal contra un partido político.
Pero la recusación de Rosa María Freire no es el primer encontronazo del PP con las instancias que van a juzgar las actuaciones de sus militantes y cargos públicos.
En la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha abierto un fuerte debate sobre si la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, firme en el juicio de la Caja B del PP que comenzará el próximo día 4, debe hacerse extensiva al resto de piezas separadas que está concluyendo el instructor Eloy Velasco. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ya han anunciado que seguirán presentando incidentes de recusación “porque los argumentos utilizados en el sumario de la Caja B del PP son válidos para el resto de las piezas separadas”, señalan en fuentes de la Fiscalía.
También en el Ministerio Público ha comenzado la guerra. Anticorrupción y los fiscales designados en la Audiencia Nacional están mostrando, últimamente en público, sus diferencias. Sobre todo en las investigaciones que se están llevando en torno a la salida a bolsa del Caso Bankia y la inculpación de Rodrigo Rato en este asunto. Ambas secciones se acusan mutuamente de falta de coordinación y de retrasos en las investigaciones. Y es que las diferencias entre los fiscales que mandan en el organismo que dirige Consuelo Mayoral, son cada vez más evidentes cuando algunos titulares como Salinas, (Anticorrupción), Zaragoza, (Audiencia Nacional), y Noreña (Antidroga), deberán abandonar sus puestos en los próximos meses, – Salinas se jubila en octubre-. Los posicionamientos son cada vez más evidentes y más cuando se tiene en cuenta la incertidumbre del panorama político, y el indudable hecho de que Madrigal abandonará su cargo cuando se forme gobierno.
