Britney Poolaw es una mujer joven, de nacionalidad estadounidense e indígena norteamericana. Cuando estaba embarazada de cuatro meses perdió a su bebé de forma natural en el hospital en enero de 2020. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. No en vano, en octubre de 2021 ha sido condenada a cuatro años de prisión por el homicidio en primer grado de su hijo nonato.
Este hecho deleznable, más propio de una justicia sectaria y ultra que de la que se supone que es la democracia más desarrollada del mundo, ha provocado una grave controversia en Estados Unidos, sobre todo porque la condena coincidió con el mes de concienciación sobre la pérdida del embarazo.
La cuestión se halla en la interpretación que se hace de las leyes en determinados estados de los Estados Unidos, como es el caso de Oklahoma donde, por cierto, la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada.
En el caso de Britney Poolaw se dio la circunstancia de que ella admitió haber tomado drogas durante el embarazo y, según un reportaje de la BBC, el informe forense encontró rastros de metanfetaminas tanto en el hígado como en el cerebro del feto.
El forense no determinó la causa de la muerte, pero sí señaló en su informe que pudo haberse dado por una anomalía genética, un desprendimiento de placenta o, y esta suposición fue la que condenó a Poolaw, una influencia de la metanfetamina.
El caso de esta mujer indígena está causando mucha controversia, pero, según se indica en el reportaje, no es algo infrecuente porque Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas (NAPW), una organización que defiende el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, tiene registrados más de 1.500 casos de condenas similares, de las que más de 1.200 se han dado desde el año 2006. Lo peor es que, además, en estos casos se puede encontrar un patrón racial, dado que el mayor número de mujeres que fueron arrestadas y condenadas por haber tenido abortos espontáneos de forma natural son de raza negra.
A lo anterior hay que sumar las normativas que se están legislando en diferentes estados para endurecer la lucha contra las drogas y, además, ilegalizar o criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo.
Tomar drogas durante el embarazo es considerado abuso infantil en 23 de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América. Además, los trabajadores del sistema sanitario están obligados a emitir informes sobre mujeres embarazadas de las que se tenga sospecha de que consumen drogas.
En el año 2006, Alabama aprobó una ley que convirtió en delito penal grave que un niño estuviera expuesto a ingerir o inhalar cualquier tipo de droga ilegal. En apenas 10 años, más de 500 mujeres fueron acusadas de homicidio en primer grado, al igual que Britney Poolaw en Oklahoma. En Tennessee se intentó hacer lo mismo en 2014, pero la ley no fue renovada a los dos años de aprobarse.
En un condado de la supuestamente progresista California dos mujeres fueron encarceladas tras sufrir mortinatos y dar positivo en un test de drogas. Chelsea Baker pasó un año y medio en la cárcel porque no pudo hacer frente a la fianza de 2 millones de dólares que le impusieron. Recientemente se le han retirado los cargos por asesinato. Adora Pérez, la otra mujer, fue condenada a 11 años de cárcel por homicidio involuntario.
Ambas mujeres fueron procesadas por las denominadas «leyes de agresión fetal», que están vigentes en, al menos, 38 estados.
Estas normas, en principio, están destinadas a ayudar a castigar a los maltratadores que dañan a las mujeres embarazadas, muchas de ellas impulsadas por una ley federal de 2004 aprobada después del asesinato de Laci Peterson, que estaba embarazada, a manos de su esposo.
Sin embargo, muchas de estas leyes son tan ambiguas que dejan la puerta abierta para que los fiscales acusen a las mujeres cuyos comportamientos pueden haber contribuido a un aborto espontáneo o muerte fetal.
Algunos estados tienen reglas explícitas sobre cuántas semanas debe tener el feto para ser viable; otros no. La mayoría de los médicos sitúan la viabilidad en torno a las 20-24 semanas.
Aborto legal y abortos espontáneos
Si Britney Poolaw hubiese decidido abortar en una clínica, no le hubiera pasado nada ni habría sido encarcelada porque en Oklahoma la interrupción voluntaria del embarazo es legal.
Sin embargo, la situación actualmente en Estados Unidos el difícil para las mujeres, sobre todo por el crecimiento del fanatismo ultraconservador principalmente en los estados del sur. En las próximas semanas se espera que el Tribunal Supremo falle sobre las leyes antiaborto en Texas. Varios estados están legislando para restringir al máximo la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Por eso hay mucho temor entre las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer a que algunos lugares de los Estados Unidos, «la tierra de la libertad y el hogar de los valientes», se conviertan en un remedo de El Salvador, donde, incluso, se premia a quienes denuncian a las mujeres de las que se sospecha que hayan podido abortar.
Si algún Régimen es la expresión de la barbarie, junto a Israel, son los USA. Nacieron gracias a un genocidio, que aún continua. Es el gran padrino mafioso del planeta.