El Partido Demócrata va a por todas. Estados Unidos ya está en clave electoral de cara a los comicios del año 2020 y los demócratas, desde que se hicieron con la mayoría en la Cámara de Representantes, están trabajando para lanzar un mensaje claro al pueblo estadounidense: quieren llegar al poder para intentar cambiarlo todo y terminar el trabajo iniciado por Barack Obama.
Uno de los puntos más álgidos del debate político en el país norteamericano ha sido siempre la posesión de armas que está reconocida en la Constitución, en concreto, en la II Enmienda, que protege el derecho a poseer y portar armas de fuego. Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones en este ámbito y las constantes polémicas por masacres como la del instituto Columbine o las más recientes en Newton (Connecticut) o Parkland (Florida) han llevado el debate sobre la restricción al primer lugar de la lucha política.
En Estados Unidos cualquiera puede comprar un arma, si pasa los controles legales adecuados. El problema es que la exigencia en dichos exámenes varía dependiendo del Estado en el que se apliquen. Pudimos ver en la película Bowling for Columbine, de Michael Moore, cómo el director abría una cuenta bancaria y, en vez de regalarle una cubertería o una Termomix, salía de la sucursal con un rifle de repetición. Según las estadísticas, un 89% de los estadounidenses dispone de un arma legal y el país tiene un stock de 310 millones de armas disponibles para la venta a particulares.
Ante esta realidad, el Partido Demócrata ha dado un paso importantísimo para aplicar una mayor restricción a la posesión de armas de fuego. El Comité Judicial del Congreso aprobó dos proyectos de ley que amplían las verificaciones de antecedentes penales en la compra de un arma de fuego.
El presidente del Comité Judicial, el congresista por Nueva York Jerry Nadler, dijo que existe «un claro consenso entre académicos, expertos en salud pública y personal jurídico de que las verificaciones universales de antecedentes mejorarán en gran medida la seguridad pública. A pesar de la evidente necesidad de tomar medidas, sin embargo, el Congreso, durante demasiado tiempo, no ha hecho prácticamente nada».
Esta última referencia a la inactividad de los dos órganos legislativos norteamericanos viene del lobby de las armas, encabezado, principalmente, por la Asociación Nacional del Rifle, quienes llenan los bolsillos de las campañas electorales de congresistas y senadores de Estados clave (de ambos partidos) para garantizarse que no se legislarán restricciones como las que ha aprobado el Comité Judicial del Congreso. Por esta razón, además de por la mayoría republicana en el Senado, será muy difícil que el proyecto de ley termine en la mesa de Donald Trump.
Según el proyecto presentado por los demócratas prácticamente todos los compradores de armas de fuego deberán someterse a una verificación de antecedentes, incluidos los que compran en ferias de armas, a través de Internet o mediante otras transacciones privadas.
Por otro lado, la presentación del proyecto de ley tiene elementos simbólicos. Ayer se cumplió el primer aniversario del tiroteo que mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland y estimuló a un movimiento estudiantil nacional a favor de un mayor control de armas. Además, se numeró como HR8, en honor a la antigua congresista demócrata por Arizona Gabby Giffords, quien casi muere tras recibir un disparo en un evento en Tucson el día 8 de enero de 2011.
A pesar de que ha habido congresistas republicanos que se han posicionado a favor de la medida, la gran mayoría se opone, hecho que mostraron con la presentación de enmiendas que dejaba el proyecto de ley prácticamente en papel mojado, pero que fueron rechazadas por la mayoría demócrata. Una vez que se aprobó la medida, se produjo un hecho que muestra la importancia de lo ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos: la congresista por Georgia L. McBath rompió a llorar, puesto que ella se postuló al cargo en la Cámara de Representantes tras el asesinato a tiros de su hijo.
Sin embargo, los demócratas han dado un paso más para evitar lagunas que algunos Estados proclives a las armas podrían aprovechar para no verificar los antecedentes penales: la anulación de una cláusula que estaba siendo aprovechada para no revisar esos antecedentes si el Sistema Nacional de Verificación no tomaba una decisión en un plazo de 72 horas. Esta laguna fue aprovechada por Dylann Roof, el asesino de 15 personas en una iglesia en Carolina del Sur en el año 2015, quien adquirió el arma homicida a pesar de que no estaba legalmente autorizado.
