Las instituciones estatales vigentes en la República Dominicana fueron diseñadas y definidas en la Constitución del 2010 impuesta por el Presidente Leonel Fernández (con asesoría técnica española) y asumida por el cogollo de la partidocracia corrompida y la cúpula del gran empresariado capitalista local y transnacional, a manera de pacto social y político dominante.
Las elecciones que sucedieron a su aprobación definieron la composición humana de la instituciones renovables o poder temporal, y en la actualidad reinan en ellas las personas escogidas en los comicios presidenciales, congresuales y municipales del 2016, bajo el mando de la facción mayoritaria del partido de gobierno liderada por el Presidente Danilo Medina Sánchez.
Esas personas fueron electoralmente favorecidas por millonadas de pesos y dólares procedentes del presupuesto electoral del Estado asignadas discriminatoriamente a los partidos tradicionales (dineros de los contribuyentes), por voluminosos recursos de todo tipo robados al Estado (dineros de los contribuyentes malversados por altos funcionarios), por profusas “inversiones electorales” del gran capital privado (sobornos a partidos con fines rentistas y de control), por dinero de la narco-corrupción y por la sumatoria de diversos fraudes estructurales y coyunturales.
El gran capital privado junto a las instituciones policiales y militares, y la cúpulas de las iglesias más fuertes, Embajada de EEUU, FMI, Banco Mundial-BM, grandes prestamistas internacionales privados, CÍA, FBI, Cuerpo de Asesores Militares gringos (MAAG)… conforman el poder permanente, esto es, el que no pasa por elecciones y sobrevive a todas las coyunturas electorales pasajeras.
Poder dominante: asociación delictiva y deshumanizada
El poder permanente es una especie de poder detrás del trono (o detrás de la mampara visible del gobierno e instituciones estatales) y en el caso del gran empresariado privado cuenta con enormes recursos propios (producto de la explotación y sobre-explotación del pueblo trabajador, y del saqueo del patrimonio natural del país y del presupuesto nacional); o cuenta con recursos asignados presupuestariamente (casos cuerpos castrenses y policiales) y licencia para robar las riquezas públicas. Esto último es factor común a sus diversos componentes.
En muchos países, y aquí de manera sobresaliente, el poder permanente y el poder temporal se amalgaman y abrazan en continuas y perniciosas prácticas de corrupción bajo la premisa de considerar el patrimonio estatal, natural y territorial (ingresos vía impuestos, enormes excedentes de la explotación del trabajo manual e intelectual de la sociedad, y riquezas del suelo, subsuelo y sobre-suelo de nuestra Nación) como patrimonio a compartir para ser apropiado privadamente y repartido entre las personas que detentan esos poderes; lo que se traduce en un desprecio total por los demás seres humanos y por nuestra casa común, la Madre Tierra.
Así se ha montado una especie de asociación delictiva y deshumanizada, protegida por un sistema de impunidad y reproducción basado en el control del Ministerio Público, Poder Judicial, Órganos de Fiscalización, Regulación y Control, Mecanismo de Prevención y Persecución, Poder Electoral, Altas Cortes, Sistema de Partidos financiado, Poder Legislativo y Ministerios y Direcciones; todos dóciles y constantemente manipulados por el Poder Ejecutivo y por el Poder del Gran Capital Privado, conectados por diversos vasos comunicantes espurios.
Componentes determinantes de ambos poderes, temporal y permanente, en el que integrantes del temporal, una vez ilegalmente súper-enriquecidos y/o asociados a empresarios de tradición pasan a ser permanentes, han engendrado un PODER ESTATAL-PRIVADO MAFIOSO, capaz de las más deleznables prácticas gubernamentales y empresariales con complicidades verdaderamente espeluznantes, que ubican a nuestro país con uno de los Estados más corrupto del planeta, realidad que la publicidad oficial procura encubrir en nuestro territorio y más allá..
