Los políticos en general tienen a utilizar eufemismos para comunicar las cosas a los ciudadanos en función de sus intereses. Eso le pasa al Gobierno del PP, aunque en este caso los eufemismos empleados son tan descarados que constituyen claramente una MENTIRA.
Esto es lo que ha ocurrido cuando el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Real Decreto invitando a los ciudadanos a «ahorrar» para pagar su pensión y la educación de sus hijos. Y lo ha dicho el propio Presidente del Gobierno, M. Rajoy, en el Foro de ABC. Eso sí, para que el público se conforme, ha dado la «gran noticia»: que estos ahorros se podrán rescatar a los 10 años de comenzar al aportación y que las comisiones de los intermediarios -a los que realmente defiende el PP- bajarían unas cuantas décimas.
Lo que no dice el Presidente del Gobierno es qué renta ha de tener una familia para poder ahorrar, después de pagar el alquiler de su vivienda, la luz (cada vez más cara), el agua, el teléfono y las necesidades básicas como la alimentación, el vestido y los medicamentos. Tampoco dice qué «rentabilidad» van a tener esos ahorros y qué seguridad da el Gobierno a esos fondos, pues quizá dentro de 10 años el «ahorrador» pudiera haber perdido todo, como ocurrió con las preferentes.
Ahora que el Gobierno habla tanto de la Constitución, es preciso recordar que tanto las pensiones como el derecho a la educación están recogidos en sus artículos 50 y 27 respectivamente. Pero me temo que, como siempre, harán una interpretación torticera de la Constitución y dejarán esos derechos en el mínimo posible y el resto lo privatizarán con la maligna intención, propia del neoliberalismo, de que el que quiera servicios que se los pague.
Por eso constantemente van enviando «globos-sonda», que sueltan los más atrevidos e ignorantes del partido, como Celia Villalobos, Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, que tuvo la desfachatez de afirmar que con 2 euros al mes en un fondo privado se tendría una pensión magnífica. Es una burla al resto de los ciudadanos que lo diga una señora que, entre remuneraciones, propiedades y otros chollos es millonaria. Ahora también lo extienden a la educación, sin dar demasiadas «pistas» por ahora, pero dejándolo caer para un futuro no muy lejano.
Lo cierto es que deberíamos preguntarnos para qué sirven nuestros impuestos. ¿Para que se enriquezcan aún más esos que no pagan o pagan muy poco?; ¿para que se vayan por la alcantarilla de la corrupción y nunca sean devueltos?; ¿para qué muchos inútiles estén cobrando cantidades desmesuradas en puestos de responsabilidad que les vienen enormemente grandes?.
Sin la protección de unos derechos sociales, iguales para todos, que garantice el Estado de Bienestar y el cumplimiento de los diversos tratados de Derechos Humanos, es imposible que funcione una democracia. Y, por desgracia, vamos camino de que a nuestra democracia solo le quede el nombre
