La ex presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre, imputada en el caso Púnica por la supuesta financiación irregular de su partido en Madrid, trata de manipular la ley a su favor para obligar a la Justicia a que deje de investigarla.
De hecho, Aguirre ha presentado un escrito ante el juez Manuel García Castellón para que cierre la investigación el próximo 27 de agosto, a pesar de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), amplía los plazos de instrucción.
Los testigos
La ex presidenta de Madrid investigada por la Púnica mueve hilos para tratar de que se la pueda juzgar ya que las cosas se le ponen muy feas. De hechos, sus ex alcaldes de Madrid son los que han declarado ante el juez su implicación en la financiación ilegal del PP en Madrid.
Como ya publicó Diario16, entre estos testigos se encuentra el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, quien acusa a Aguirre de manipular la adjudicación del intercambiador de Boadilla para favorecer a uno de los supuestos donantes del partido.
Por su parte, según la SER, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ha declarado ante el juez que fue testigo poco antes de las elecciones de 2007, porque las paredes de los despachos eran de cristal en la sede nacional del PP, de cómo el entonces tesorero Álvaro Lapuerta entregó a Aguirre 60.000 euros de un constructor.