Se ha vuelto a librar de tener que dar cuentas a la justicia. Ya ocurrió con la famosa persecución policial por el centro de Madrid. Luego fueron sus colaboradores que le “salieron ranas” en la operación Púnica que salpicó a todo su gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahora su marido, el conde de Bornos y grande de España, se ha salvado de ser sancionado penalmente por haber vendido un cuadro de Goya de una manera un tanto irregular. Pobrecitos la familia Ramírez de Haro. Los jueces están seguros de que se inventaron una donación para poder vender el cuadro y “salvarse, así, de la quiebra”. Repito: pobrecitos.
En realidad, la operación salvó a un matrimonio en régimen de bienes gananciales. Así lo señala la Audiencia de Madrid en un auto de 27 páginas en el que hace un minucioso análisis del caso llegando a la conclusión de que no hubo delito porque los hermanos de la familia Ramírez de Haro dieron su conformidad a esta “donación inventada”. Lo raro es que todo el asunto se destapó cuando uno de esos hermanos, Íñigo, acusó de no haber recibido un solo euro de los 5.115.600 euros en que fue vendido el cuadro al empresario Juan Miguel Villar Mir.
El asunto arranca cuando Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre empezaron a tener problemas económicos. Advirtieron a su familia. Hacienda les perseguía y había que hacer algo si no se quería acabar en los tribunales de justicia. Dicho y hecho. Los hermanos formaron una especie de “gabinete de crisis” y se fijaron en un cuadro que había en casa del patriarca: el retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, que había sido pintado por Goya, lo que situaba su valor entre los siete y los ocho millones de euros.
La tasación era suficiente como para salvar a los Ramírez de Haro-Aguirre de las deudas. Y se pusieron manos a la obra para proceder a su venta. Los hermanos inventaron una “donación” directa del padre a Fernando. Dicha legación se reflejó en escrituras notariales. El apaño se descubrió cuando una de las hermanas, Beatriz, contó a sus sobrinos lo que habían hecho para “salvar de la quiebra a los tíos”. El cuadro fue vendido a Villar Mir, un empresario que durante muchos años estuvo recibiendo ayudas millonarias de la CAM cuando Aguirre era presidenta.
Los jueces reconocen que hubo falsedad documental, de la que en el Código Penal se llama “ideológica”. Es decir, se elaboran bajo una premisa falsa pero los documentos son auténticos y están firmados ante notario.
Sobre el asunto de la falsedad documental ideológica existe cierta controversia entre los juristas. Es un asunto que salió a relucir en uno de los juicios más mediáticos del siglo pasado, el del exbanquero Mario Conde. El consejero delegado, Enrique Lasarte, fue acusado de “falsedad ideológica” cuando se sacó adelante la famosa ampliación de capital de Banesto que pretendió salvar de la quiebra a la entidad. Al final, quedó claro que la falsedad ideológica solo puede ser reprochada penalmente si la llevan a cabo autoridades o funcionarios. Y a eso se agarran los jueces de la Audiencia de Madrid para rechazar la comisión de delito en este asunto.
El querellante, Iñigo Ramírez de Haro, dice que quiso ayudar a su hermano y firmó lo que el notario de Fernando le puso delante –sin entregarle copia, ni mostrarle las escrituras simuladas de 2012 sobre la inexistente donación, añaden–. Cuando se dio cuenta de la manipulación, se querelló e incluyó al notario. Los jueces señalan al respecto que Iñigo dio su conformidad a la operación. “El proceso de invención fue avalado por el denunciante” señalan en el auto.
Por otra parte, los jueces descartan la existencia de delito fiscal y también los delitos societarios relativos a la gestión de las empresas familiares, estos últimos por la relación de parentesco entre los hermanos, que impide a Íñigo acusar a Fernando, tal y como establece la ley española.
Los jueces ven como una “simple coincidencia” que tan sólo unos días antes de que se llevase a cabo la donación del cuadro, el gobierno de la CAM que presidía Esperanza Aguirre aprobara la exención del 95% del impuesto de sucesiones. Tampoco reprocha el hecho de que el cuadro fuese vendido a un empresario que estaba recibiendo subvenciones y ayudas por parte de la CAM. Aguirre y Villar Mir son “amigos de toda la vida. Es lógico que el empresario intentase ayudarla. A ella y a su esposo”.
Total, que no hay nada que hacer. Que Esperanza Aguirre se vuelve a librar de tener que comparecer ante los tribunales de justicia. Lo que ocurre es que esta vez los argumentos de los jueces suenan a ridículos. Admiten una operación que cuanto menos, es reprochable penalmente pero que la justifican porque “se hizo para salvar de la quiebra a la familia”. Pobrecitos. Les iban a embargar la cubertería de plata. O, a lo mejor, los desahuciaban de su palacete.
