España y Bélgica al borde de un conflicto diplomático por el caso Puigdemont

Los abogados de Carles Puigdemont son auténticos expertos en Derecho Internacional y en casos de extradición con la defensa de los derechos humanos como telón de fondo. Lo están demostrando con la hábil representación legal del ex president de la Generalitat de Cataluña refugiado en Waterloo. Hasta el momento, los letrados defensores siempre han ido por delante de la Justicia española y parece que así va a seguir siendo en las próximas semanas, pese a la reactivación de la euroorden de entrega tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición a los líderes independentistas del “procés”. Todo intento de los tribunales de Madrid por echarle el guante al prófugo independentista ha chocado hasta el momento con el muro infranqueable de los juzgados belgas, de modo que no solo se agotan las acciones policiales y las apelaciones legales, sino también la paciencia del Gobierno español.

En ese contexto de frustración se entiende que Pedro Sánchez haya empeñado su palabra en que pondrá a Carles Puigdemont a disposición de los tribunales españoles. Por momentos el candidato socialista parece un sheriff del antiguo oeste dispuesto a pincharse la placa en la solapa, a subirse al caballo y a salir en busca del reo. Ha ido tan lejos en su promesa electoral a los españoles (nunca olvidemos el contexto) que incluso ha sido capaz de atravesar una peligrosa frontera −la de la separación de poderes−, tras asegurar que esa operación judicial se llevará a cabo, sí o sí, porque la Fiscalía depende directamente del Ejecutivo, que a fin de cuentas es quien da las órdenes. Es evidente que la afirmación de Sánchez, un error garrafal a las puertas del 10N, pone en peligro el proceso de entrega de Puigdemont, ya que entre los siempre flemáticos jueces belgas la advertencia de un político airado y nervioso por unas elecciones en un lejano país del sur de Europa puede haber sonado a cierta chulería, prepotencia e incluso a amenaza.

A partir de ahí se abre un espacio inquietante para las relaciones diplomáticas entre España y Bélgica, un conflicto que de no resolverse a corto plazo podría incluso fracturar a la propia Unión Europea, bastante maltrecha ya tras la salida del Reino Unido de la zona euro, el famoso y polémico Brexit.

No hay más que echar un vistazo a las declaraciones oficiales para comprobar que se palpa la tensión en las cancillerías. El Gobierno español aseguró el martes que una eventual negativa de las autoridades belgas a extraditar a España al expresidente Puigdemont no quedaría “sin consecuencias” (…) “Sin consecuencias eso no quedará. De qué tipo exacto y de qué grado, veremos”, afirmó el secretario de Estado español para la Unión Europea, Marco Aguiriano, en una entrevista con la Agencia Efe en Praga, donde participaba en una reunión de los Amigos de la Cohesión. Tanto el contenido como el tono empleado por Aguiriano demuestran el momento crítico en el que nos encontramos. En ese sentido, el secretario de Estado añadió que “algún análisis tendrá que hacer el Gobierno y el Estado belga si su propio poder judicial, con su propia independencia, decide dar por no existente o no decidido la decisión unánime de una justicia incuestionable de un país democrático y socio importante”.

Fue un primer aviso de que podemos hallarnos ante un más que posible conflicto diplomático de consecuencias imprevisibles. Es obvio que el caso Puigdemont se ha convertido en un serio problema internacional, una bomba de relojería para la Unión Europea. A este escenario se suma que el Reino Unido acaba de rechazar la euroorden del Gobierno español contra otra de las implicadas en el “procés”, la exconsellera de Educación Clara Ponsatí, por “desproporcionada” para la ley británica. Aunque es cierto que el gabinete de Boris Johnson ha matizado después ese calificativo de “desproporcionado” y ha solicitado más información sobre los antecedentes del expediente Ponsatí, el resultado es que también esa euroorden ha sido bloqueada de forma preventiva, lo cual supone una nueva derrota para la Justicia española. Desde ese punto de vista, la estrategia de internacionalizar el conflicto catalán puesta en marcha por los abogados del expresident estaría dando resultados y lo que hace dos años era un simple asunto doméstico español, hoy para Bruselas empieza a ser un complicado problema de toda la UE.

No cabe duda de que el partido está donde Puigdemont quería. Su caso empieza a fracturar a la Unión Europea y la divide entre aquellos países favorables a la independencia de Cataluña y aquellos otros partidarios de proteger la soberanía de los estados miembros y de seguir manteniendo las fronteras actuales. Lo que pueda ocurrir a partir de ahora es una gran incógnita. Si la Justicia belga accede a la petición de entrega de España el asunto quedará zanjado. Pero si se enroca en la protección del derecho de Puigdemont a seguir en Waterloo como un ciudadano europeo más (limpio de delito alguno) estaríamos ante un conflicto diplomático sin precedentes en la historia de la UE.