Al Defensor del Pueblo le sigue preocupando la situación en la que quedan las personas que sufren un desahucio. En ese sentido, el pasado mes de mayo inició una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios. El Defensor del Pueblo mantiene abierta esta actuación y, de momento, ha instado a que ambos departamentos analicen en profundidad y de manera coordinada el dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que en 2017 determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.
Además, la Institución ha pedido que se tomen en consideración tanto las recomendaciones particulares como las recomendaciones generales del Comité y que publiciten el dictamen en el Boletín Oficial del Estado o en la página web de los Ministerios de Justicia o de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
En su informe de 2018, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste en varias ocasiones en que los poderes públicos deben formular de manera urgente una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo.
En España existen todavía muchos hogares para quienes el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los arrendamientos y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, hacen que la vivienda sea inaccesible para muchas personas.
En esta línea, la Institución también ha reclamado a la Comunidad de Madrid que priorice a las familias desahuciadas con menores de edad que no dispongan de una alternativa habitacional cuando adjudique una vivienda de emergencia social.
Los fondos buitre, esas siniestras corporaciones con las que la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, mantenía estrecha relación comercial −según ha sentenciado el Tribunal de Cuentas−, no solo se dedican a desestabilizar las economías de los países practicando una especie de “terrorismo económico”, sino que atentan directamente contra los derechos humanos. Un informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos elaborado por la ONU alerta sobre las actividades de estas entidades multinacionales que se infiltran en las economías domésticas y acaban devorándolas como un cáncer.
Según el informe, las actividades especulativas de los fondos buitre contra países pobres con niveles insostenibles de endeudamiento tienen efectos “negativos directos sobre la capacidad de los Gobiernos de esos países para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente de derechos económicos, sociales y culturales, y en particular los derechos a la salud, al agua y el saneamiento, a la alimentación, a la vivienda y a la educación”.
Precisamente una de las consecuencias de la nefasta operación de venta de pisos de protección pública a fondos buitre planificada por el equipo de Gobierno de Ana Botella es que decenas de familias madrileñas se vieron endeudadas de la noche a la mañana, ya que se les incrementó la cuota de alquiler hasta niveles inasumibles para su poder adquisitivo. Algunos inquilinos incluso llegaron a perder sus casas.
