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España suspende en el Día Mundial de los Refugiados

Amnistía Internacional exige al nuevo gobierno que resulte tras las elecciones del pasado abril que deje atrás las políticas migratorias ambiguas y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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Este jueves 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ante el inicio del verano, momento en que las llegadas de personas migrantes y refugiadas aumentan, Amnistía Internacional exige al nuevo gobierno que resulte tras las elecciones del pasado abril que deje atrás las políticas migratorias ambiguas y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas.

“España puede y debe proteger a quienes huyen de la violencia, la guerra y la persecución”

“El nuevo gobierno tendrá que decidir si sigue manteniendo una posición ambivalente en sus políticas migratorias o si da un paso al frente para proteger de manera adecuada a las personas migrantes y refugiadas y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Pedro Sánchez aseguró que derogaría la denominada Ley Mordaza, y queremos ver cómo, al menos, se lleva a cabo una reforma en la que, entre otros aspectos, se elimine la disposición que permite llevar a cabo devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional”. Solo en 2018 España devolvió “en caliente” a 658 personas.

La organización recuerda, además, que Marruecos no es país seguro para estas personas, ya que en territorio marroquí se producen numerosas violaciones y abusos. Entre otros, la policía marroquí ha llevado a cabo grandes redadas discriminatorias en barriadas de varias ciudades, especialmente en las zonas cercanas a la frontera española, donde viven personas refugiadas y migrantes, a las que dejan después abandonadas en zonas remotas, y, en ocasiones, son detenidas arbitrariamente.

La aplicación del Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos es una muestra más de unas políticas de externalización que pretenden hacer de países como Marruecos o Libia, “guardianes” para contener la migración y mantener la Fortaleza Europa cerrada a cal y canto. Al amparo de la aplicación de este acuerdo, España ha llevado a cabo devoluciones exprés a Marruecos de decenas de personas en las que, debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad.

Por otro lado, el gobierno de Sánchez ha mantenido a nivel europeo un discurso solidario en términos de acogida de personas refugiadas y ha llevado a cabo a cabo algunas medidas positivas en materia migratoria, como la acogida de más de 600 personas rescatadas por el Aquarius y que quedaron a la deriva cuando Italia y Malta se negaron a permitir su atraco. Sin embargo, anuncios esperanzadores, como el de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla no se han llegado a materializar mientras que se han tomado medidas preocupantes, como la decisión de impedir la salida de dos barcos, el Open Arms y el Aita Mari, bloqueados en los puertos de Barcelona y Pasaia respectivamente durante más de tres meses sin poder realizar sus labores de salvamento y rescate.

Además, las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas: según cifras de EUROSTAT, en marzo de 2019 España tenía pendientes de resolver más de 100.000 solicitudes de protección internacional. En ese sentido, el nuevo gobierno debe poner especial atención en las personas más vulnerables y que pueden ser potenciales solicitantes de asilo: mujeres víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, menores o personas LGBTI. “España tiene que ser de una vez por todas un país de acogida en el que las personas refugiadas puedan solicitar asilo y tengan acceso a una verdadera protección. No es solo una cuestión de solidaridad, es una obligación que tienen todos los Estados firmantes de tratados internacionales como la Convención de Ginebra”, declara Beltrán.

“España puede y debe proteger a quienes huyen de la violencia, la guerra y la persecución. No es tan complicado: la solución pasa por establecer rutas legales y seguras para que estas personas no se jueguen la vida en viajes peligrosos”. Una de esas iniciativas, el denominado patrocinio comunitario, ya se ha puesto en marcha en el País Vasco. Se trata de un sistema que permite a los ciudadanos y ciudadanas organizarse y recaudar dinero para traer a personas refugiadas a su país y contiene una vía para conseguir la nacionalidad. Este sistema implica prestarles apoyo el primer año, especialmente en temas como el alojamiento, la escuela, y el centro médico, así como ayudarlas con las solicitudes de empleo y la formación.

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