Una pandemia se vence con medidas sanitarias coordinadas, con fuertes inversiones en Sanidad pública y con más investigación en la búsqueda de vacunas y de tratamientos eficaces contra la enfermedad. A la vista de los hechos y de los datos oficiales, España falla claramente en los dos primeros puntales de la lucha contra la plaga (precisamente las que dependen de las autoridades políticas), mientras que solo nuestros científicos están a la altura, ya que han logrado un antídoto contra el agente patógeno en tiempo récord (la vacuna podría estar en el mercado en las primeras fechas del próximo año).

Casi diez meses después de que estallara la pesadilla en nuestro país, es evidente que las rencillas y pugnas entre los diferentes líderes políticos, así como la falta de coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central, están perjudicando gravemente la lucha efectiva contra el coronavirus. Los últimos estados de alarma decretados van por barrios y en función de los intereses del partido de turno; cada administración adopta sus propias decisiones; y para colmo de males los jueces a menudo tumban las normativas excepcionales que se van adoptando al considerar que atentan contra los derechos y libertades reconocidos y amparados por la Constitución.

El último síntoma de que las instituciones y órganos de representación están fallando en esta crisis es el último rebrote detectado en las residencias de ancianos. En el mes de marzo, en lo peor de la primera oleada de covid, los geriátricos se convirtieron en el epicentro de la pandemia. Las residencias fueron auténticas trampas mortales para cientos de personas mayores, casas del horror donde una muerte silenciosa se cebó con la población más vulnerable. El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas −ya sean públicas, concertadas o privadas− supera las 21.400 personas. Es decir, más de la mitad de los fallecidos oficialmente certificados por el Ministerio de Sanidad se han registrado en estas instalaciones competencia de las diferentes comunidades autónomas. Como dato importante, la mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Estábamos avisados desde marzo y pese a los intensos debates políticos y declaraciones altisonantes de los responsables políticos sobre la necesidad de cambiar el modelo privatizado de residencias nada se ha hecho al respecto. Han pasado seis meses y el virus sigue causando estragos en los geriátricos sin que ninguna administración haya conseguido atajar la propagación del virus. Es evidente que una de las patas fundamentales en la lucha contra la enfermedad está fallando: la inversión pública en Sanidad.   

España no solo no ha reforzado de forma importante la inyección de capital público en las residencias de ancianos para que se pueda poner en juego más material sanitario y recursos humanos. En general, las inversiones en la Sanidad española siguen siendo raquíticas y de ninguna manera están a la altura del esfuerzo inversor de otros países de nuestro entorno. El mal viene de atrás, concretamente desde que Mariano Rajoy y los respectivos gobiernos autonómicos del PP decidieron que era una buena idea recortar en Sanidad pública como forma de salir de la grave crisis económica de 2008. Según datos de la OCDE, si comparamos la situación de la Sanidad española con la de los países de nuestro entorno, salimos mal parados. Antes de la recesión, España gastaba casi el 7 por ciento de su PIB en Sanidad. Hoy destina poco más del 6 (concretamente un 6,2 por ciento). O traducido en cifras concretas: 7.600 millones de recorte de gasto sanitario.

Según los citados informes de la OCDE, con anterioridad a la crisis España ya era uno de los países que menos gastaba en Sanidad de toda la zona euro: casi 2 puntos menos de su PIB que nuestros vecinos franceses y 2 puntos y medio menos que los alemanes. A día de hoy, esa distancia se ha agrandado porque mientras países como España o Italia han recortado, Francia, Reino Unido y Alemania han aumentado su gasto y esfuerzo inversor, sobre todo a raíz de estallar la pandemia a comienzos de este año. El resultado es que mientras el Estado español destina 3.300 euros por persona en Sanidad, Francia gasta 4.900 (un 49 por ciento más) y Alemania casi 6.000 (un 81 por ciento más). Las cifras de número de camas por UCI también son comparativamente malas. Sólo Reino Unido está peor que España. Alemania tiene un 222 por ciento más de camas en Cuidados Intensivos que España, Francia un 22 por ciento más e incluso Italia nos supera con un 33 por ciento más.

La falta de inversión se traduce en menos personal sanitario para atender a los pacientes covid. A fecha de hoy España cuenta con 30,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes cuando Italia dispone de 32, Francia y Reino Unido 60 (el doble), y Alemania 71 (un 136 por ciento más). El déficit se nota más en el número de enfermeros que en el de médicos. En nuestro país hay 5,7 enfermeros por cada 1.000 habitantes, mientras Francia tiene 11 y Alemania 13, más del doble. El dato es demoledor, ya que es precisamente el personal de Enfermería el que trabaja en primera línea de batalla contra el virus en hospitales y centros de salud de Atención Primaria. Hoy este colectivo especialmente castigado por los contagios se encuentra desbordado (las bajas y los descansos no se cubren) tal como denuncian a diario los sindicatos sanitarios, y en regiones como Madrid los trabajadores salen a la calle cada mañana para exigir que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, refuerce las plantillas.

Todas las reivindicaciones laborales caen en saco roto, ya que el Gobierno de la Comunidad Autónoma madrileña, siempre partidario de las privatizaciones y de los recortes en el Estado de bienestar, hace oídos sordos al problema una y otra vez. Y no solo eso. Lejos de destinar más medios humanos y materiales, la única propuesta de la presidenta es construir un macro-hospital por importe de 50 millones de euros que todavía no ha sido dotado de personal y que probablemente se nutrirá con médicos y enfermeras de otros centros sanitarios. Es decir, como se dice coloquialmente, lo que se ha hecho es desvestir un santo para vestir a otro.

Mientras tanto, la segunda oleada de la pandemia ya ha llegado y pese a que estábamos sobre aviso el gasto sanitario sigue siendo más bien pobre. Cabe preguntarse a dónde han ido a parar los 6.000 millones del fondo covid adjudicado por el Gobierno Sánchez el pasado verano como plan de emergencia para las comunidades autónomas. Se trataba de una parte del fondo no reembolsable de 16.000 millones que deberán ser destinados a sufragar gastos de sanidad en los próximos meses. De esta manera, Madrid recibió 1.495 millones de euros; Cataluña 1.246; País Vasco más de 328; y Andalucía 597, por poner solo cuatro ejemplos de territorios donde la epidemia está causando graves estragos.

Sin duda, estamos hablando de una de las mayores partidas sanitarias adjudicadas en democracia a la administración regional y que debería haber contribuido en buena medida a paliar los efectos del coronavirus. Y sin embargo, la situación a fecha de hoy es que estamos igual de mal que siempre. No se comprende cómo con semejante inyección de capital público los rastreadores no terminan de llegar, los refuerzos en Atención Primaria brillan por su ausencia, los celadores de los hospitales carecen de trajes especiales de protección contra el virus (de hecho atienden a los pacientes de las urgencias con una simple bata y una mascarilla), y las plantillas de médicos y enfermeras siguen estando tan esquilmadas que ni siquiera se pueden cubrir las vacaciones o las bajas por enfermedad. ¿En qué se están gastando estas ayudas cuando otros países con menos poderío económico que el nuestro acreditan mejores datos en la lucha contra la enfermedad? El contribuyente tiene derecho a que se le explique, céntimo a céntimo y detalladamente en informes y balances, el gasto que supone hasta la última mascarilla que se compra.

Diez años de recortes sanitarios han dejado todos los indicadores médicos absolutamente diezmados. España ya no posee la mejor Sanidad pública del mundo (de hecho está la cola entre los países europeos) y lo que es peor: la pandemia no ha servido para que se refuerce el gasto público. Los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno tiene previsto llevar al Parlamento en los próximos días prevén un incremento de más de 3.000 millones de euros en Sanidad, una cantidad que, teniendo en cuenta que la epidemia va para largo, todavía se antoja insuficiente.

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