La Comisión Europea (CE) ha vuelto a abrir un expediente de infracción a España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, que señala las bases de la legislación medioambiental, e implanta y regula en cada Estado la Red Natura 2000. Al haber sido traspuesta, sus premisas ya son Derecho positivo español. La mala gestión y los incumplimientos sistemáticos de sus principios y de las normas estatales por parte del gobierno central y los autonómicos, están en el fondo de esta segunda carta de emplazamiento, cinco años después de la primera, de 2015.
Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en medio ambiente, advierte de la importante sanción económica que puede imponer la CE. “Las consecuencias podrían ser la exigencia de la devolución de las ayudas ya percibidas y la reducción o incluso negación de las futuras”, sostiene la abogada.
No en vano, ha pasado un lustro desde el primer aviso y son numerosas las faltas que se han producido y continúan produciéndose en la implantación de los espacios Red Natura, en la elaboración de los planes de gestión y en la gestión de algunos de los aprobados. “Es una realidad en España, donde cerca del 30% del territorio está incluido en Red Natura, que muchos espacios carecen de plan de gestión, otros han sido anulados por flagrantes incumplimientos legales y la mayoría de los que disponen de ellos adolecen de defectos”, explica Pilar Martínez.
Varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo se han pronunciado sobre la obligatoriedad de una definición territorial de estos espacios y su zonificación, que garantice la seguridad jurídica. También sobre la acreditación de procesos de participación real de los afectados; la necesidad de contar con valoraciones y medidas que aseguren el desarrollo socioeconómico de las zonas a las que afectan; disponer de estudios y seguimientos técnico-científicos avalados acerca de la existencia de hábitats y especies a proteger, así como la eficacia de las medidas de conservación propuestas y una memoria económica que permita la adecuada financiación de la figura que se implanta y la compensación de los derechos individuales previamente consolidados a los que afecta: “Generalmente nos encontramos con que los planes de gestión hacen recaer de manera individualizada y sobre los patrimonios privados el coste de atender al interés público de la protección medioambiental”, asevera Pilar Martínez.
Existen en España 345 Lugares de Interés Comunitario que todavía no han sido declarados ZEC, lo que representa más de una cuarta parte de los 1.278 LIC. Sobresalen en negativo los casos de Aragón y Ceuta, que todavía no han declarado ninguna ZEC en su territorio. La Comunidad Valenciana también acumula un gran porcentaje de superficie sin disponer de esta figura de protección.
La Comisión Europea considera que no se han fijado metas de conservación de forma suficientemente detallada y cuantificada. “Nos encontramos a menudo con que no existen mapas de hábitats o especies, ni censos continuados que acrediten y justifiquen la presencia de las especies que dicen proteger”, sostiene la abogada. La carta de emplazamiento, con fecha de 2 de julio, señala algunas de estas carencias, otorgando desde ese día un plazo de dos meses para resolver la situación. De no ser así, la CE enviaría un dictamen motivado, como paso previo a la remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Para algunas comunidades autónomas la implantación de espacios Red Natura se llevó a cabo, únicamente, con la perspectiva de la entrada fácil de dinero europeo, que llegó y se percibió, en función del territorio que se dispusiese con esta calificación de protección. Esta financiación, que los distintos gobiernos autonómicos repartieron generosamente entre el mundo conservacionista, con importantes réditos políticos, no se destinó a atender debidamente las obligaciones, que de tal declaración derivaba para esos gobiernos y administraciones, ni tampoco a indemnizar o compensar a los múltiples afectados, por lo que fueron verdaderas expropiaciones encubiertas e instrumentos de control de vidas y haciendas en esos territorios, contribuyendo al abandono del mundo rural”, sostiene Pilar Martínez, quien finaliza:
“Más que nunca es imprescindible compatibilizar la preservación del medio ambiente, basado en estudios rigurosos de conservación y cumplimiento estricto de la ley, con la necesidad de dotar de instrumentos que permitan, a la vez, el desarrollo social y económico del medio rural, que se ha manifestado como una buena alternativa, en las difíciles circunstancias que vivimos con motivo de la pandemia”.
