La Justicia es el único poder del Estado que no se ha reformado profundamente tras el franquismo, más allá de cambios de nombres de las instituciones. El funcionamiento es el mismo que desde antes de la llegada de la democracia e, incluso, más allá de la restauración tras la Guerra de la Independencia.
En España, la Justicia es el coto de caza privado de los poderosos y no hay más que ver sentencias que rozan la prevaricación o que retuercen la ley de tal manera para salvar a bancos, grandes empresas, familias poderosas o reyes eméritos.
Este comportamiento, provocado también por factores sin control por parte del Estado, coloca a España en uno de los países con mayores niveles de «corrupción judicial» de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de las evidencias, los diferentes gobiernos de la democracia han decidido no reformar la Justicia y la situación ya es de tal gravedad que se hace necesaria una verdadera revolución que incluiría la sustitución de todos los jueces y magistrados de los juzgados mercantiles, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.
No obstante, eso no parece interesar a un poder político que ya se ha entregado a los intereses de las élites. Por eso se mantienen en debates vacíos como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional. El problema de la Justicia no está en los nombres ni en quiénes los apoyan, no, el problema es mucho más grave, pero eso no interesa abordarlo.
Pedro Sánchez y el unilateralismo
Desde el año 2016, Diario16 lleva advirtiendo y denunciando el autoritarismo y los modos dictatoriales de Pedro Sánchez. Más allá de las críticas furibundas de los fanáticos sanchistas, la realidad está demostrando que no errábamos el tiro, tanto en su gestión del PSOE como del gobierno.
La penúltima medida que quiere imponer desde el unilateralismo, sin contar siquiera con sus socios de gobierno y legislatura es una reforma de la ley del Poder Judicial para poder renovar los magistrados del Tribunal Constitucional.
Se hace necesaria una verdadera revolución que incluiría la sustitución de todos los jueces y magistrados de los juzgados mercantiles, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
En concreto, el PSOE registrará hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.
Esto supone una enmienda a la totalidad de las propias decisiones del gobierno Sánchez, puesto que en marzo de 2021 aprobó una norma que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones.
Un asunto de este calibre debería llegar al Congreso de los Diputados con los consensos logrados. Sin embargo, se ha presentado de manera unilateral. Además, los nombramientos no arreglan los problemas de la Justicia española, sino que enquistan situaciones que ya deberían haber sido sajadas si hubiese habido voluntad política, que no la hay.
Incumplimientos de la ley
Por otro lado, y en relación con la Administración de Justicia, el autoritarismo o el unilateralismo que caracteriza a Pedro Sánchez ha provocado que se lleguen a denunciar graves incumplimientos de la ley.
Así ha ocurrido con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que, según el sindicato CCOO, fue enviado por el Gobierno de España a las Cortes sin haberse cumplido el trámite legal obligatorio de negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Por esta razón, se ha reclamado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que devuelva esa ley al Ejecutivo para cumplir con lo establecido en el ordenamiento legal español.
Todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia presentaron el 1 de julio de 2021 un escrito conjunto solicitando el inicio de las negociaciones de lo que entonces era un anteproyecto de ley al amparo del artículo 34.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que obliga al Ministerio de Justicia a iniciar dichas negociaciones en el plazo de un mes.
El 30 de diciembre de 2021 se publicó en el BOE el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia sobre desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y de condiciones de trabajo en cuyo apartado Sexto, letra a) se señalaba que «Sobre el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa: Se convocará la Mesa Sectorial de Justicia para la negociación del anteproyecto de ley de eficiencia organizativa y del resto de reformas organizativas y procesales que se pretende poner en marcha dentro del proyecto Justicia 2030 contenidas en los anteproyectos de ley de eficiencia procesal y digital».
Sin embargo, a pesar de ser una obligación legal la negociación de este proyecto de ley y de haberse comprometido el Ministerio de Justicia a negociarlo, esta negociación no se ha iniciado, por lo que el proyecto de ley que está tramitando en el Congreso está viciado por falta de legalidad.
Este unilateralismo de Pedro Sánchez, cuyas consecuencias ya se han visto en la gravísima crisis entre España y Argelia, es el legado que, poco a poco, está convirtiendo a España en una teocracia en la que él y sólo él tiene la voz, el voto y el poder. Intentar, con malabarismos, imponer medidas es propio de los regímenes autoritarios con cuya condena se le llena la boca al presidente español sin que valore que él está haciendo, a través de otros cauces, lo mismo. Cada día que pasa las diferencias entre Sánchez con Putin, Maduro o los ayatolás iraníes son más indefinidas. Esto es inconcebible en democracia porque, tal vez, quien debe defender el régimen de libertades presuntamente no crea en él.
