En el mes de julio, cuando comenzaban los primeros rebrotes importantes de coronavirus, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto en el que se incluyó la creación de un fondo especial de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las empresas que fueran catalogadas como estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, un instrumento temporal de apoyo del Estado orientado a reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del Covid19.
El fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda y gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene como destino a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del Covid19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como pueden ser su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.
Diez mil millones de euros es un bocado muy grande para los lobbies que intermedian entre la Administración que concede esas ayudas y las empresas a las que representan. Esto es un verdadero peligro para los fondos públicos porque esos grandes despachos de abogados, auditoras y consultoras que lideran los grupos de presión pueden convertir un sistema orientado a dar liquidez a las empresas estratégicas en un nido de corrupción que les haga incrementar su facturación o que les inyecten fondos para futuros planes de desarrollo que nada tienen que ver con las consecuencias de la pandemia.
Las grandes empresas han logrado que la SEPI exija a los asesores que gestionan, analizan o intermedian en la concesión de las ayudas para las empresas con cargo a los fondos mencionados a cumplir con el requisito de disponer de una facturación mínima anual de 15 millones de euros.
Sin embargo, Diario16 se ha encontrado con casos en los que se está realizando esa labor de intermediación sin, supuestamente, cumplir con ese requisito, como podría ser el caso de la empresa Acento.
Esto es algo que debe vigilar muy bien la SEPI si no quiere que unos fondos con un fin muy concreto y justo se conviertan en un mercado persa que derive en la corrupción que siempre genera el tráfico de influencias. Se podría dar el caso, incluso, que se crearan asociaciones empresariales ex profeso para la intermediación de estas ayudas, un movimiento similar a cuando se realizan UTE en las licitaciones públicas en las que la empresa grande pone el nombre y la capacidad económica, pero la gestión final de los proyectos termina en manos de las pequeñas, con las consecuencias que en algunos casos se ha dado y que se han publicado en estas páginas sobre, por ejemplo, los contratos de limpieza de determinadas capitales de provincia.
La intermediación que exministros socialistas hacen para grandes empresas podría transformarse en una perversión que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez debiera evitarse porque caerían en la misma dinámica que el PP con la Gürtel o en otros escenarios. La SEPI, por ejemplo, ha actuado correctamente en la contratación de PwC para analizar y auditar si Air Europa puede ser rescatada con 400 millones de euros de esos fondos, sobre todo después de la diligencia mostrada por la auditora en el Caso Popular-Santander. Esta elección podría mostrar que se están tomando en serio el control sobre el reparto de los fondos y no se ha ido hacia otras opciones que, teniendo el mismo nivel que PwC, han mantenido un comportamiento diferente o han recibido grandes multas por, precisamente, la actuación poco diligente y éticos en los trabajos realizados. Véase, por ejemplo, el caso de Deloitte.
Por otro lado, nombres como el exministro de Trabajo socialista y exmiembro de la Comisión Ejecutiva de UGT, actualmente es miembro del Consejo de Administración de la empresa Duro Felguera que con toda seguridad acudirán a solicitar los fondos de la SEPI. El exministro, por su parte, tiene relación familiar con la presidenta de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), organización que está inmersa en varias investigaciones sobre el posible uso dado a subvenciones recibidas tanto de diferentes ministerios y administraciones autónomas en España como de fondos europeos directamente o a través de la Fundación UATAE, la cual representa a sectores de autónomos en distintos escenarios y en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. La presidenta o Secretaria General de la asociación , a su vez, mantiene una relación personal y profesional con un exsecretario de organización de UGT Madrid.
La presencia de exministros en empresas cercanas o que se pueden aprovechar de los fondos de la SEPI requiere un control muy estricto, no sólo de quién intermedia, sino también del destino final que se da a los fondos. El dinero aprobado por el Gobierno es para la solvencia de las empresas con el fin de recuperar los daños sufridos por el covid19, no para crear una bolsa de dinero sobre la que soportar proyectos futuros. Este hecho generaría una injusticia de magnitudes bíblicas porque, mientras hay pequeñas empresas que son estratégicas y que necesitan esa liquidez tanto como las grandes. En consecuencia, para evitar la corrupción o la perversión final del destino original de los fondos que se puede derivar de las intermediaciones o los posibles tráficos de influencias, la SEPI –sobre todo después de la dimisión de un presidente por su presunta imputación en el caso de las Minas de Aznalcóllar– y el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, deben crear un organismo de control férreo que analice y fiscalice no sólo la concesión de la ayuda, sino también que el fin al que se destine el dinero sea el previsto por el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo.
