Durante el año 2019 se realizaron 99.149 interrupciones voluntarias del embarazo, dentro de los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. La tasa se sitúa en 11,53 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, frente al 11,12 del año anterior, en el que interrumpieron su embarazo 95.917 mujeres.
Estas cifras están lejos de las registradas en el año 2011, cuando se notificaron 118.611 abortos con una tasa de 12,47 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres entre 15 y 44 años.
Las mujeres jóvenes son quienes más realizan a esta práctica, con una tasa de 18,71 abortos entre los 20 y los 24 años, y de 17,49 entre los 25 y los 29. La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas (79,02%), mientras que los centros públicos sólo practican el 14,32%, ya sea en ámbito hospitalario o extrahospitalario.
En nueve de cada diez casos es a petición de la mujer, mientras que el 5,85% responde a graves riesgos para la vida o la salud de la madre. El 2,93% de los casos son por posibles anomalías graves en el feto y el 0,32% por anomalías incurables o incompatibles con la vida.
La inmensa mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo (71%) se dan en las primeras ocho semanas de gestación, mientras que un 23,6% se producen entre las primeras nueve y 14 semanas, según el informe de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado por el Ministerio de Sanidad.
El Sistema Nacional de Salud incluye un nuevo anillo vaginal anticonceptivo.
A partir del próximo 1 de enero, la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud incluye un nuevo anillo vaginal anticonceptivo, en cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010).
Con ello, desde 2019, la Sanidad Pública financia un total de ocho presentaciones de anillos vaginales. Se trata de anticonceptivos de larga duración. Esta ley establece que los servicios públicos de salud garantizarán, entre otros, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción.
Además, el Ministerio de Sanidad continúa desarrollando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que también recoge la norma y hasta hace dos años se encontraba inactiva. Entre sus objetivos, destaca la necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos a través de una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada.
