Según el reciente informe Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales –elaborado por la red Jóvenes e Inclusión y la Universitat de las Illes Balears–, un 70% de los adolescentes españoles ha visto porno en internet, al que accede por primera vez a los 8 años, aunque su consumo se generaliza a los 14. Estamos sin duda ante un problema de enorme gravedad, ya que un niño que consume porno a edades tan tempranas desarrollará una idea cosificada de la mujer, probablemente será consumidor habitual de prostitución en el futuro y presentará rasgos distorsionados de personalidad.

El porno es la empresa que más dinero mueve en el mundo y sin embargo llama la atención la facilidad con la que las empresas productoras y distribuidoras difunden sus contenidos en Internet y en el mercado audiovisual tradicional. Nos guste o no, nuestros gobiernos, todos los que hemos tenido hasta ahora con independencia de su color político, han permitido que la industria pornográfica se consolidara, se desarrollara y llegara a facturar casi 500 millones de euros al año, pese a que estamos hablando de una actividad permitida legalmente pero poco recomendable que reduce a la mujer a la condición de objeto sexual y que genera graves trastornos psicológicos en la juventud como adicciones, despersonalización, conductas agresivas y asunción de valores machistas. España se sitúa entre los primeros países de Europa en consumo y producción, tras Alemania, Francia e Italia, según se ha dado a conocer durante la presentación del Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona.

Baste un ejemplo para corroborar la permisividad con la que las autoridades españolas han manejado este asunto que amenaza con convertirse en un problema de salud pública: hasta hace bien poco el porno pagaba un IVA reducido del 4 por ciento mientras una entrada para el teatro tributaba al 21 por ciento. Esta situación se mantuvo hasta el año 2017, cuando el Gobierno del PP, acosado por las protestas y el malestar del sector cultural, acordó una rebaja del IVA del 21 al 10 por ciento en los espectáculos en directo: artes escénicas, conciertos, circo y toros. Las salas de cine quedaron al margen, aunque al año siguiente fueron incluidas y beneficiadas por la reducción de impuestos.

Sin embargo, el porno sigue siendo una actividad lucrativa y un buen negocio para mucha gente pese a los efectos nocivos que ocasiona en la sociedad por lo que tiene de destrucción de valores éticos y morales. “Hay que hacer un esfuerzo para asumir que el porno, por ejemplo, solo pague un 4%, pero de este dato no quiero sacar conclusiones. Al parecer, es opinión del Gobierno que el bajar los impuestos beneficia a la economía. ¿No ayudaría la reducción del IVA cultural a fortalecer la industria del cine? Por el contrario, nos consideran un artículo de lujo, apreciación que puede resultar un halago, pero el piropo sale caro a los espectadores. La gente no puede pagar esos precios y me temo que eso no beneficia a nadie”, reflexionaba Álex de la Iglesia en un artículo escrito en El País a propósito de las ventajas fiscales para la industria porno frente a los elevados impuestos que entonces pagaba la industria del cine en general.

De cualquier manera, España se ha convertido en uno de los países que más cine pornográfico fabrica y consume. La industria produce más de 1.000 títulos al año, aglutina a más de 170 empresas, dispone de 85.000 puntos de venta (desde quioscos a sex shops) y da trabajo a 2.300 empleados, muchos de ellos actores y actrices que ganan más que cualquier otro intérprete de cine o teatro. Nuestro país es sin duda la gran puerta de entrada del cine erótico americano en Europa, un “punto caliente” internacional, como prueba el hecho de que cada año se celebren conocidos festivales de cine dedicados al género y muchas de las grandes estrellas tengan nombre español: Nacho Vidal, Celia Blanco, Lucía Lapiedra, Anastasia Mayo, Dunia Montenegro, Natalia Zeta, Salma de Nora o Roberto Chivas.

Algunos países como Reino Unido están tratando de poner coto a esta auténtica epidemia de distintas formas, como exigiendo a un usuario que acredite su mayoría de edad aportando su DNI o comprando tarjetas de autorización en kioscos para acceder a contenidos pornográficos. De esta manera, se trata de evitar que los niños tengan contacto con este tipo de películas a través del teléfono móvil, tablet u ordenador. En España, seguimos en mantillas en medidas legislativas y judiciales que controlen esta actividad, mientras parece que el asunto no le preocupa a nadie. Pero conviene no olvidar que el machismo más agresivo y criminal puede empezar en una simple película porno.

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