Michal Bobek, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dado hoy a conocer su informe al respecto del «caso Valtonyc». Considera que España no puede reclamar la extradición de Josep Miquel Arenas, conocido por su nombre artístico Valtonyc. La razón se encuentra en que no puede aplicarse un código penal posterior a los hechos por los que fue condenado, ya que la modificación de la norma perjudica en este caso al rapero.

La ley de referencia para poder analizar la extradición ha de ser «la ley aplicable a los hechos cometidos» y ha de dar un «marco de referencia sencillo, claro y previsible».

El principio de la irretroactividad de las leyes

En Derecho hay una serie de principios generales. Para este caso, son de aplicación dos: el principio general de la irretroactividad de la ley, que supone que las normas legales rigen a partir de su vigencia sin poder aplicarse, como normal general, a situaciones pasadas. Responde fundamentalmente a razones de seguridad jurídica.

En derecho penal hay una excepción al principio general, y es la máxima que establece que ha de aplicarse siempre la ley más favorable al «reo». ¿Qué significa esto? Pues que cuando se da colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pudiéndose aplicar cualquiera de ellas al reo, debe aplicarse siempre la más favorable para éste.

En el caso de Valtonyc nos encontramos precisamente ante una circunstancia en la que se aplica un código penal diferente al que regía en el momento de los hechos denunciados. España pidió la extradición del cantante por delito de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, la legislación europea establece la vía rápida que se pretendía utilizar para el caso de crímenes castigados en el Estado que reclama, que conlleven al menos tres años de prisión.

La condena a Valtonyc due de dos años de prisión por delito de enaltecimiento de terrorismo, en base a la ley de 2012. Al emitirse la euroorden, la legislación se había modificado en 2015, aumentando la pena a tres años. 

Evidentemente, nos encontramos ante un caso paradigmático de retroactividad de una norma que resulta más perjudicial para el condenado. Algo que los principios generales del Derecho no permiten. Sin embargo, los magistrados de la justicia belga (pues el cantante se encuentra exiliado en Bruselas) plantearon la pregunta ante el tribunal de Luxemburgo: ¿se puede aplicar de manera retroactiva el código penal a la hora de solicitar una extradición por vía rápida?.

Respuesta del Abogado General del TJUE

El informe del Abogado General del TJUE puede leerse íntegramente aquí.

En él se explica que «en 2012 y 2013, un rapero compuso, cantó y publicó en Internet varias canciones de rap. Mediante sentencia de 21 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó al rapero en relación con esas actividades, entre otras, a una pena de prisión de dos años por el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo. Ésta era la pena máxima que el Código Penal español preveía para ese delito en el momento en que se produjeron los hechos, antes de que, tras la modificación de dicho texto en 2015, el delito pasase a ser castigado con una pena máxima de tres años. El recurso de casación que se interpuso contra dicha sentencia fue desestimado por el Tribunal Supremo en febrero de 2018. El rapero abandonó España y fue a Bélgica. En junio de 2018, la Audiencia Nacional emitió una orden de detención europea contra él con el fin de ejecutar la condena que se le había impuesto por los delitos de los que había sido declarado culpable. La orden de detención europea indicaba que el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo estaba comprendido en la categoría de «terrorismo». La Decisión Marco relativa a la orden de detención europea  recoge en efecto una lista de 32 delitos, en la que figura el de «terrorismo», por los que debe concederse la entrega sin entrar a controlar la doble tipificación de los mismos, siempre que estén castigados en el Estado miembro emisor con una pena privativa de libertad de un máximo de al menos tres años.»

La ejecución de la euroorden fue denegada en primera instancia: «Mediante auto de 17 de septiembre de 2018, el Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunal de Primera Instancia de Flandes Oriental, Sección Gante, Bélgica) denegó la ejecución de la orden de detención europea. Ese mismo día, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra el citado auto.·

Dudas que plantea el Tribunal de Apelación de Gante ante el TJUE: El Tribunal de Apelación de Gante, Sala de Acusaciones, Bélgica ha elevado determinadas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, dado que alberga dudas acerca de a qué versión de la ley del Estado miembro emisor (España) ha de atenderse a los efectos de decidir si se cumple el requisito, establecido en la Decisión Marco, de que el delito esté castigado con una pena máxima de al menos tres años. ¿Cuál es el punto de referencia pertinente para apreciar si se cumple dicho requisito: la pena privativa de libertad máxima aplicable al caso concreto, que normalmente se rige por la ley que era de aplicación en el momento en que se cometió el delito (dos años en el presente caso, ya que se cometió en 2012 y 2013), o la pena máxima prevista por el Derecho nacional vigente cuando se emitió la orden de detención europea (tres años en el presente caso, tras la modificación del Código Penal español en 2015)?

Las conclusiones del Abogado General del TJUE: el Abogado General Michal Bobek propone al Tribunal de Justicia que declare que, a efectos de apreciar el umbral de la pena máxima de al menos tres años exigido para dispensar del control de la doble tipificación, la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea se refiere a la legislación penal que es aplicable en el Estado miembro emisor al delito o delitos concretos a que se refiere la orden de detención europea, es decir, en otras palabras, a la ley del Estado miembro emisor aplicable al caso concreto de la persona buscada.

Desde el punto de vista del contexto, el Abogado General Bobek afirma que existen razones de peso tanto de naturaleza lógica como sistemática dimanantes de la Decisión Marco para rechazar una interpretación que disocie la ley concretamente aplicable al asunto penal por el que se solicita la entrega de la ley de referencia a los efectos de dispensar del control de la doble tipificación. Por otra parte, la innegable virtud de interpretar la Decisión Marco en el sentido de que se refiere a la ley concretamente aplicable a los hechos del caso consiste en que ofrece un marco de referencia sencillo, claro y previsible. Con la eventual y única excepción de que se efectúen posteriores modificaciones más favorables para el acusado, ese marco de referencia permanecerá inmutable y estable.

En cuanto a la finalidad de la Decisión Marco, el Abogado General recuerda que el claro objetivo de ésta es facilitar y acelerar la cooperación judicial. Dado que el principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular de este instrumento, las autoridades judiciales de ejecución deben ejecutar toda orden de detención europea como regla general, y negarse a ello solamente por los motivos de no ejecución recogidos en la Decisión Marco, que se enumeran exhaustivamente y han de ser objeto de una interpretación estricta. No obstante, el Abogado General subraya que la eficacia no es el único valor perseguido por la Decisión Marco, habida cuenta de que, por ejemplo, los derechos fundamentales deben respetarse en el ámbito de la orden de detención europea.

El Abogado General también distingue entre la eficacia de la Decisión Marco (eficacia estructural) y la eficacia de una concreta orden de detención europea en un caso individual (eficacia individual). En su opinión, resulta difícil transponer la eficacia individual a reglas operativas y eficientes en general y dicha eficacia tampoco proporciona un marco de referencia previsible, puesto que en un caso determinado habría muchos marcos jurídicos diferentes que podrían ser considerados como el más eficaz para asegurar la entrega de una persona reclamada.

 

 

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