Es tan profunda la sensación de que todo vale para apropiarse de los recursos públicos, de los títulos, que ya no hay pudores para intentar esos méritos en base al esfuerzo propio. En cuanto indagamos un poco en la superficie de la realidad nos encontramos que el Gobierno gastó 1.000€ mensuales en clases de inglés para Rajoy y sus altos cargos en 2017. A juzgar por los resultados sobran otras consideraciones. Es lícito preguntarse cómo han obtenido sus licencias y demás méritos los hijos del Régimen.
El concepto se “pícaro” se refiere al sujeto de dudosa moral que apela a su astucia para obtener ciertos beneficios o para aprovechar una circunstancia determinada. ¿Hablamos de las contrataciones a dedo, de los sobrecostes aprobados, de las ventas de activos públicos a precio vil… etc.?
El medio El Confidencial vuelve sobre la gestión universitaria. En su edición del 10 de Abril nos trae otro ejemplo, cuando afirma que “El departamento de Derecho Civil de la UNED no es el único salpicado por el desvío de dinero de matrículas a los bolsillos de profesores. La Fiscalía de Madrid se ha querellado también contra Eduardo Pérez Gorostegui, catedrático de Organización de Empresas, por asignarse medio millón de euros de las matrículas de másteres que impartía, según fuentes jurídicas. Pérez Gorostegui se autorizaba retribuciones de hasta 72.000 euros por curso pero, sobre todo, contrataba a dos de sus hijos, de 19 y 20 años, que llegaron a facturar 256.900 euros por un curso en concepto de “revisión del material didáctico”. La UNED abortó muchos de estos pagos y denunció al catedrático a la Fiscalía. En total, el catedrático, ex decano de Económicas, autorizó pagos de hasta medio millón de euros para él y su familia.”
Esto nos trae a que, hasta la fecha, no puede aceptarse es que Cifuentes haya aceptado una titulación sin haber cumplido con los requisitos exigidos, y que su partido la rodee de ovaciones. Y Ciudadanos, este milagro de la demoscopia de nuestro país, la siga respaldando. Ese es un escenario inaceptable, en el que parece que la picaresca sea la cualidad más destacada. Sería como suturar la herida de una cuchillada homicida y decir que nada ocurrió. Los hechos ocurrieron y la aceptación de su master, con su numantina defensa de haber cumplido los requisitos, la convierte en una persona que ha usurpado títulos. Habrá que determinar la calificación de los hechos. Lo que no la exime de su aparente responsabilidad por usurpar un título por el que no cumplió los requisitos exigidos. Eso se está comprobando. Las últimas noticias sugieren que los actores van comprendiendo que estamos en el fuero penal. Allí, las lealtades se debilitan.
Me pregunto el porqué los ciudadanos en general perciben que hay tanto que ocultar. Lo obvio, a juzgar por los hechos, es que Ciudadanos respalda la oscuridad. Su gestión parlamentaria, único ámbito en el que es posible medir el resultado de su participación, se centra en discursos vacíos, a tenor de los resultados verificados de aplicar su metodología de abrir comisiones de investigación inocuas y de respaldar leyes retrógradas a los niveles aceptables de calidad democrática.
En tanto, la justicia sigue sin meter gente en la cárcel y sin recuperar el dinero y Florentino reclama más dinero, la corrupción sigue impune, las fuerzas del Estado se ocupan de los CDR catalanes y los grupos económicos prosiguen a sus anchas sin controles que regulen la contaminación en fijaciones de precios, en estándares de calidad y en el cumplimiento de los valores éticos que están contenidos en la Constitución. Así, la Fundación FAES ha confirmado que pagó por conferencias a uno de los jueces que componen el tribunal que juzgará cuatro piezas fundamentales de la trama Gürtel: la caja B del PP (papeles Bárcenas), la visita del Papa a Valencia, AENA y Jerez. En concreto, FAES pagó 765 euros a Juan Pablo González por participar en cuatro seminarios celebrados entre 2003 y 2005 sobre Euskadi y el futuro de los tribunales superiores de Justicia. Fue el momento en el que la fundación estaba plenamente vinculada al PP. Sin mencionar a Concha claro. Tampoco los militantes partidarios en los órganos de las instituciones de control.
Para colmo, la cuestión Puigdemont evidencia que la legalidad vigente en España parece haberse hecho a medida del interés del Gobierno en minoría, lo que cuestionaría la legitimidad de nuestro actual Estado de Derecho. Porque de legalidades hay mucho que hablar a lo largo de la Historia de los Estados.
Los pícaros parecen haberse establecido pero, para colmo, le debemos añadir su cualidad mediocre. Recordar a José Ingenieros, un pensador argentino: “El tiempo descubre a los que tienen la moral en piezas, para mostrarla, aunque de su paño jamás corten un traje para cubrir su mediocridad.”
