Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, lamentan la respuesta de España que ignora la condena y las recomendaciones de ONU por no garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada.
Las recomendaciones emitidas por el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas, condenaba a España por haber vulnerado el derecho a la vivienda en el caso de una familia con hijos menores de edad, de 1 y 3 años, fueron presentados el pasado 21 de noviembre del año pasado.
El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenó a España en julio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de edad, había sido desahuciada; y le obligó a presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen.
Para las organizaciones sociales la respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente.
Amnistía Internacional y el resto de ONG, insisten en que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas.
Las organizaciones firmantes denuncian que España estrena membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, ignorando su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación.
España tenía que presentar, en el plazo de seis meses desde que el Comité DESC emitió su dictamen en julio de 2017, una respuesta por escrito que incluyera información sobre las medidas tomadas tras el dictamen y las recomendaciones del Comité.
La única respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida.
La familia afectada, tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa.
Para las organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho de que no incluya, en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen.
La familia Mohamed Bourmouz, Naouel Bellili y sus hijos, fueron desalojados de la vivienda que alquilaban, el 3 de octubre de 2013, después de que venciera su contrato de alquiler. La familia, gracias los movimientos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se logra parar el desahucio, pero al final fueron sacados a la fuerza.
España en esos años atravesaba una grave crisis económica con altos niveles de desempleo que terminó afectando a la familia Bourmouz-Bellili. La situación familiar de vulnerabilidad se veía agravada por el hecho de que los hijos de Bourmouz y Bellili quedarían sin techo.
Tras agotar los recursos nacionales (es decir, tras solicitar todos los recursos legales razonables en el ámbito nacional), la familia Bourmouz-Bellili, representada por Javier Rubio (Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES), presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC).
En junio del 2017, el CDESC publicó sus Dictámenes sobre la Comunicación nro. 5/2015 contra España, reconociendo la obligación del Estado de proteger el derecho a una vivienda adecuada en el marco de la protección de este derecho de los inquilinos.
El partido Popular gobernaba el Ayuntamiento de Madrid, y el Gobierno de Mariano Rajoy a nivel nacional, redujeron el presupuesto de vivienda en más del 50 por ciento entre 2008 y 2013.
La partida financiera del organismo gubernamental para la vivienda, el Instituto de Vivienda Publica de Madrid (IVIMA, ahora “Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”) también fue sometida a recortes, concretamente, a una reducción del 11 por ciento entre 2013 y 2016.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidió qué el IVIMA vendiera 2.935 unidades del parque inmobiliario social (de un total de 20.600) y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) otras 1.860 unidades (de un total de 4.700) en 2013, más de un tercio de su parque inmobiliario.
En 2012, el CDESC emitió Observaciones Finales para España, expresando su preocupación por “la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte, perjudicando de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados , las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1)” (Observaciones Finales, párr. 8). Las reducciones del presupuesto, de hecho, no habían tomado en cuenta “la situación precaria de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”, como lo estableció el Comité en su Declaración sobre la Máxima Disponibilidad de Recursos de 2007.
