Comentemos el asunto de la asignatura de la religión: al final, el proyecto de ley lo deja sin valor curricular, pero sigue incrustada en el sistema educativo y de oferta obligatoria en todos los centros. Actualmente existen más de 18.000 catequistas de religión católica en el sistema educativo por los cuales pagamos 700 millones de euros (o eso son nuestras estimaciones ya que el gobierno no se digna a proporcionar unos datos oficiales).
También existe un numero infinitamente menor de catequistas evangélicos e islámicos. En el año 2018, el 21 de febrero, se aprobó en el Congreso una proposición no de ley en la cual, el PSOE, Unidas Podemos y otros grupos, instaban al gobierno del PP a denunciar los acuerdos en materia de educación con la Santa Sede de 1979 y a sacar la religión confesional del ámbito escolar. Pues bien, lo que se exigía al gobierno del PP, ahora que se está en el gobierno no se lo aplica uno a si mismo.
El PSOE y Unidas Podemos se comportan, en este asunto, como verdaderos mentirosos que engañan a los ciudadanos cuando están en la oposición y después hacen otra cosa en el gobierno. Ya ha dicho la Vicepresidenta primera que el Gobierno no tiene interés en denunciar esa reliquia del franquismo que son los Acuerdos con la Santa Sede. Ya veremos: no piense la Vicepresidenta que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los ciudadanos y mucho menos los activistas sociales nos debemos acostumbrar a estas mentiras.
Una cosa es un apoyo critico al gobierno y otra no exigir lo que exigíamos. Lo mismo ha pasado con el decreto de publicidad del juego donde ha tenido que ser FACUA quien ha puesto los puntos sobre las íes a un extrañísimo proyecto de decreto que solo favorece al status quo de los empresarios depredadores de ese sucio negocio. En este caso es incompresible que los activistas de Izquierda Unida hayan tragado por semejante incumplimiento, no ya de su programa electoral sino del acuerdo moderado del gobierno PSOE-Unidas Podemos.
RESUMIENDO:
AUNQUE MÁS DEL 30% DE LOS ESPAÑOLES ES NO CREYENTE
NI EL GOBIERNO ESPAÑOL,
NI LOS PARTIDOS POLÍTICOS MAYORITARIOS Y/O DE IZQUIERDA, QUIEREN ENFRENTARSE A LA IGLESIA CATÓLICA
