A pesar de algunos avances, los esfuerzos de los países para la implementación de la Convención para combatir el cohecho de funcionaros públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, llega al mínimo histórico.
Los funcionarios públicos que exigen o aceptan sobornos de empresas extranjeras no son los únicos culpables de la ecuación de la corrupción. Las empresas multinacionales que los ofrecen son igualmente responsables.
Hace 25 años, la comunidad internacional acordó la obligación por parte de los mayores países exportadores de castigar a las empresas que sobornan a funcionarios públicos extranjeros para conseguir contratos gubernamentales, licencias de minería y otros tratos favorables; es decir, castigar a las empresas que participan en el cohecho extranjero. Sin embargo, pocos países han cumplido sus compromisos.
Un informe de Transparencia Internacional, Exporting Corruption 2022, evalúa la actuación de los 47 principales exportadores mundiales, incluidos 43 de los 44 países signatarios de la OCDE, a la hora de tomar medidas contra el cohecho transnacional por parte de las empresas de sus países. Cuatro de los principales exportadores no pertenecientes a la Convención de la OCDE que también son evaluados son China, India, Hong Kong SAR y Singapur.
Lo más destacado a nivel mundial
Según Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, «las redes transnacionales corruptas de empresas y sus facilitadores causan perjuicios: expulsan a los competidores, eluden las normativas y agotan los presupuestos públicos».
Solo Suiza y Estados Unidos están ahora en la categoría de implementación activa, ya que Israel y el Reino Unido han pasado de la implementación activa a la moderada.
Los principales países que no pertenecen a la Convención de la OCDE siguen en la categoría de implementación escasa o nula, entre ellos China, el mayor exportador del mundo, e India, que todavía no tiene una legislación que penalice el soborno en el extranjero. En este grupo de 38 países -que representan el 55% de todas las exportaciones mundiales- los abusos de soborno en el extranjero quedan impunes. En el caso de España, así como en el de otros seis países evaluados, se desciende de la categoría de implementación moderada a limitada
Desde 2020, solo dos países –Letonia y Perú– han subido de nivel, mientras que nueve -entre ellos Dinamarca e Italia- han bajado. No cabe duda de que la pandemia por COVID-19 ha supuesto un importante obstáculo en todas las fases de la implementación de la Convención Antisoborno, desde la investigación hasta el enjuiciamiento, pero en muchos países la tendencia a bajar es anterior a la crisis, y el panorama actual suscita importantes preocupaciones.
El informe descubre que casi todos los países tienen graves deficiencias en sus leyes e instituciones, lo cual dificulta la implementación de la Convención Antisoborno.
Entre ellas se encuentran los problemas relacionados con la protección de los alertadores o informantes, el nivel de las sanciones, la falta de formación y recursos, la escasa financiación de los principales organismos encargados de la implementación de la Convención Antisoborno, la escasa coordinación entre organismos y la insuficiente independencia de los servicios de la fiscalía y los tribunales.
Además, los casos de soborno en el extranjero son complejos y a menudo requieren una amplia cooperación transfronteriza entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, siguen existiendo desafíos, ya que muchos tienen marcos legales insuficientes o incompatibles, así como recursos limitados para este tipo de aplicación.
En los países que sí hacen cumplir la Convención Antisoborno, el producto de la congelación de activos y los beneficios desamortizados suelen ir a parar a sus propias arcas. Rara vez se compensa a los Estados, poblaciones, grupos o individuos directamente perjudicados.
«Incluso en los países que realizan mayores esfuerzos para la implementación de la Convención Antisoborno, el cohecho en el extranjero sigue siendo tratado como un delito sin víctimas. Esto significa que los Estados cuyas empresas cometen delitos en el extranjero llenan sus arcas con sanciones multimillonarias, mientras que las víctimas tienen que cargar con el coste», afirmó Gillian Dell, jefa de Transparencia Internacional y autora principal de Exporting Corruption 2022.
El informe, además, llama la atención sobre la evolución positiva de varios casos significativos de los últimos años. En algunos, se ha ordenado o se está estudiando la posibilidad de indemnizar a las víctimas.
El banco de inversión y empresa de servicios financieros Goldman Sachs -que ha sido investigado por al menos 14 reguladores por su papel en el escándalo del “1MDB”- llegó a un acuerdo global con las autoridades penales y civiles de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. El banco admitió su participación en la trama y acordó pagar 2.300 millones de dólares en sanciones y 606 millones de dólares en concepto de indemnización. En Malasia, Goldman Sachs aceptó un acuerdo consistente en 2.500 millones de dólares en multas y sanciones, junto con la garantía del banco de que el gobierno recibiría al menos 1.400 millones de dólares del dinero recuperado del esquema.
Las autoridades de Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido también llegaron a un acuerdo global coordinado con el banco suizo Credit Suisse sobre el infame caso de los “bonos del atún” o la “deuda oculta”. Junto con el acuerdo, Credit Suisse condonó la deuda de Mozambique por valor de 200 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado al pueblo de Mozambique se ha estimado en 11.000 millones de dólares.
Además, Suiza ha firmado un acuerdo de restitución con Uzbekistán para devolver 130 millones de dólares incautados en un proceso penal contra Gulnara Karimova, hija del expresidente. Los fondos están destinados a ser utilizados “en beneficio del pueblo de Uzbekistán”, y su restitución está sujeta a requisitos de transparencia y a la creación de un mecanismo de supervisión. Uzbekistán también recibió el estatus de parte civil en Francia, donde Karimova fue acusada de blanquear el producto de la corrupción en el sector inmobiliario francés. La justicia francesa ha concedido una indemnización por daños y perjuicios a Uzbekistán, que actualmente se está recuperando mediante la venta de tres propiedades confiscadas a Karimova.
La inacción no es una opción
A pesar de algunos avances, los principales países exportadores no castigan a las empresas que sobornan ni compensan a las víctimas. Esto tiene enormes costes y consecuencias para los países y las personas de todo el mundo. El cohecho en el extranjero socava la democracia y los derechos humanos, y frustra la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El actual entorno mundial conlleva el riesgo de que disminuya el compromiso en la lucha contra el soborno en el extranjero. Individualmente, los países pueden preferir ignorar los esfuerzos de sus empresas para ganar mercados por cualquier medio posible. Sin embargo, los beneficios ilícitos a corto plazo del soborno en el extranjero se aseguran a costa de la inestabilidad, la desigualdad y un mal entorno para el comercio y la inversión internacional, en detrimento de todos. Por eso es crucial que los países exportadores apliquen las prohibiciones acordadas colectivamente contra el soborno en el extranjero.
