El Consejo de Europa ha advertido en reiteradas ocasiones a España de que su sistema judicial está seriamente amenazado por la corrupción y por sus sospechosas conexiones con la política y el poder financiero. El toque de atención de las instituciones europeas llegó tras el informe sobre Percepción de la Corrupción elaborado por la agencia Transparency Internacional, según el cual España queda a la altura de países como Libia, Brasil y Turquía. El citado documento revela que dos Estados miembros de la Unión Europea, precisamente España y Hungría, figuran entre los países donde más ha empeorado la percepción de que los jueces y magistrados están contaminados por factores externos. Sin embargo, pese a esta preocupación del Consejo de Europa, nada parece cambiar en la Justicia española. El poder político continúa ejerciendo perniciosas injerencias en la cúpula judicial mediante el nombramiento de los vocales y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, un auténtico “reparto de la tarta” entre PSOE y PP, tal como ha asegurado en una entrevista en exclusiva para Diario16 Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Pero no solo la elección de los representantes del Poder Judicial claramente teledirigida por los políticos ha corroído con los años los cimientos de la Administración de Justicia. Hay otras muchas distorsiones que están afectando gravemente a la independencia de los magistrados españoles, como esos cursos para miembros del Tribunal Supremo organizados y pagados por la banca en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef); o las supuestas presiones de los banqueros sobre el Alto Tribunal que han obligado a anular la sentencia de las hipotecas (algo inédito hasta ahora en la historia de la Justicia española); o la burda manipulación de la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno de turno en función de sus intereses o ideología política.

Año tras año, y sin que ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, afronte de una vez por todas una reforma en profundidad de la Justicia, España viene recibiendo severos varapalos de Bruselas que alertan de que nuestro sistema judicial se está viendo seriamente amenazado por la corrupción. “La asamblea parlamentaria considera la corrupción judicial como un asunto de gran preocupación que socava los cimientos del Estado de Derecho y la posibilidad misma de luchar contra la corrupción en otros sectores de la sociedad”, asegura con dramatismo la Resolución 2098, dictada tras conocerse el escandaloso informe de Transparency Internacional. En esta normativa, la UE advierte seriamente de que la corrupción en los órganos judiciales de nuestro país “impide gravemente la protección de los derechos humanos, en particular la independencia e imparcialidad judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en el proceso judicial y en los principios de legalidad y seguridad jurídica”.

La resolución europea reconoce que está alarmada “porque la confianza pública en la integridad del Poder Judicial sigue siendo muy baja en una serie de Estados miembros, y que el Poder Judicial se percibe como una de las instituciones más corruptas en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Georgia, Lituania, Moldavia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y España”.

Y pese a que nos encontramos en el furgón de cola junto a los países europeos con las instituciones judiciales más obsoletas y contaminadas por intereses espurios, pese a que nuestros jueces, fiscales y funcionarios se echan estos días a la calle para reclamar una modernización del sistema, más recursos humanos y materiales y una definitiva reforma del procedimiento de elección de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial, nadie en el Gobierno mueve ficha para solucionar de una vez por todas los graves problemas planteados. ¿Por qué al poder político no le interesa sentarse a dialogar con los funcionarios de Justicia? ¿Qué oscuros intereses existen para que la tan necesaria reforma de la Justicia se aplace legislatura tras legislatura mientras los escándalos que afectan a jueces y magistrados de altos tribunales siguen estallando por doquier? El caso del Banco Popular es un buen ejemplo de que algo está fallando en los resortes de la Audiencia Nacional. Cualquier país avanzado habría puesto toda su maquinaria legal para investigar este caso, redoblando recursos humanos y materiales en un asunto que ha costado miles de millones de euros a más de 200.000 familias que se sienten estafadas. Aquí el procedimiento de eterniza, pasan los años y no se toma ni una sola decisión importante para esclarecer lo que realmente ocurrió, que no fue otra cosa que una gran operación especulativa para beneficio de una elite financiera.

En cuanto al caso concreto de España, el Consejo de Europa advierte de que el sistema judicial es ya la tercera institución menos valorada y que el 51% de los encuestados reconocieron desconfiar de la misma. Si bien la Resolución valora los esfuerzos que nuestro país ha realizado en los últimos años, como la creación de organismos de lucha contra la corrupción, el Consejo muestra sus dudas sobre la eficacia de las medidas. “Los marcos legales actuales estudiados se consideran limitados, débiles o ineficaces en el caso de Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Eslovaquia y España”, asegura la Resolución.

Ante este panorama desolador, una reforma judicial en profundidad que garantice una auténtica independencia de jueces y magistrados y los medios suficientes para que puedan llevar a cabo su trabajo, sobre todo en grandes casos de corrupción, no puede esperar ni un día más. Hay demasiado en juego. Tanto como el futuro de la democracia española.

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