España ha dado un paso de gigante al publicar en el BOE el Procedimiento de actuación contra la desinformación y las falsas noticias que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre. 

Según informa Moncloa, este Procedimiento es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación. En España, el Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones, en especial durante los procesos electorales.

El plan de la Unión Europea considera necesaria una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades. 

El procedimiento aprobado tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país.

El Plan, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio. 

Aclara Moncloa que en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.

Este procedimiento se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y, junto a los organismos que lo desarrollan, están invitados a participar en la lucha contra los procesos de desinformación los propios medios de comunicación y la sociedad civil.

Autoridades responsables

En la lucha contra la desinformación estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación “que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas”.

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