El 12 de mayo de 2010, Zapatero empezó a cavar su tumba política y también la del PSOE con aquel discurso impuesto por los “machos alfa” de la UE y pronunciado en el caserón de la carrera de San Jerónimo. En él, anunció el segundo paquete de medidas para hacer frente a la crisis, que él se había negado pueril o bobaliconamente a reconocer desde 2007: reducción y congelación de los sueldos de los funcionarios; congelación también de las pensiones; eliminación del cheque bebé (2.500€); reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (600 millones de €); recorte de 6.045 millones € en inversión pública estatal; amputación del gasto farmacéutico;… Y como colofón de esta ristra de medidas, Zapatero reconocía que “los menos favorecidos son los que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis”.
Desde entonces (mayo de 2010), la crisis se fue agravando: el paro siguió subiendo; la destrucción del tejido productivo (fue el caso de miles de pequeñas y medianas empresas) se fue extendiendo como una mancha de aceite; los ERES en las grandes empresas fueron noticia cotidiana; el drama y la desesperación se instalaron en millones de hogares; los jóvenes (más del 43%) se vieron desahuciados, sin futuro, como una generación perdida; y….; y…
Mientras todo esto y mucho más estaba pasando, las entidades financieras y las multinacionales, que son junto a la casta política los verdaderos responsables* de lo que sucedía, siguieron haciendo caja, siguieron recompensando las fechorías de sus ejecutivos con unos emolumentos crematísticos, que constituyen toda una provocación y todo un insulto no sólo a los millones de parados sino a todos los asalariados, que son los paganos de sus desaguisados. Al mismo tiempo, los irresponsables de la “res publica”, la casta política, favorecieron y permitieron que el déficit y la deuda siguieran desbocados, y todo por la gracia o la desgracia de Zapatero y, luego, de Rajoy.
A pesar de los sacrificios impuestos y exigidos, manu militari, a los ciudadanos asalariados, las medidas zapateriles a las que hemos hecho referencia no fueron suficientes para hacer frente a la crítica situación económica y social. Y, por eso, se prepararon nuevos paquetes de medidas (estatales y autonómicas), en el marco de la preparación de los presupuestos de 2012. Con estas nuevas medidas se pretendió frenar y reducir la deuda y el déficit. Y para ello, se flexibilizó el mercado laboral, se controlaron los costes salariales, se amplió el número de años para el cómputo de la jubilación,… y se llevaron a cabo recortes sustanciales en sanidad, educación y gastos sociales.
Estas nuevas medidas y recortes atacaron directamente los pilares del Estado del Bienestar. Y recayeron, de nuevo, sobre los de siempre, los asalariados, mientras que los “los ladrones de cuello blanco” se fueron de rositas y la casta política, como de costumbre, siguió disparando con pólvora del rey. Ante este estado de cosas y ante las medidas tomadas, me asaltan una serie de preguntas tanto sobre los responsables de la crisis como sobre los recortes concretos que se hicieron para luchar contra ella.
Sobre los responsables, Zapatero afirmó que “los menos favorecidos (i.e. los ciudadanos corrientes y molientes) son los que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis”. Sin embrago, no tuvo las agallas de ponerles cara y ojos a los causantes y, menos aún, de pedirles responsabilidades. Ahora bien, otros analistas, sin pelos en la lengua, identificaron, sin ningún género de dudas, a los responsables directos e inmediatos de los problemas que aquejaban a la economía española.
Para Leopoldo Abadía*, José Luis Smpedro* e Ignacio Ramonet*, los causantes de nuestros problemas económicos son las entidades financieras (por su ingeniería o creatividad financiera) y las multinacionales (por las políticas de la deslocalización y los ERES), con la connivencia y la complicidad coadyuvante de la casta política. Muy aguda y certeramente, Raúl del Pozo aseveró que “en realidad los políticos y los financieros se abrazan, como los borrachos, para no caerse”. Así lo vio también R. Zoellick, Presidente del Banco Mundial, cuando afirmó, en 2009, que “la crisis financiera que estalló hace dos años mutó en crisis económica y, de la mano del desempleo, puede convertirse en una gran crisis humana y social”.
Ante la identificación de los culpables, uno se pregunta cómo se pueden hacer pagar los platos rotos de la crisis, como pretendieron Zapatero y, más tarde, Rajoy, a los que nada han tenido que ver con ella. ¿Es esto lícito, razonable, ética y aceptable, desde el punto de vista jurídico? ¿Acaso los ciudadanos debemos ser responsables y apechugar con una pena por un delito que no hemos cometido? En un real Estado de derecho, no. Por eso, las medidas coercitivas y los recortes de Zapatero y Rajoy no se sostienen ni racional, ni ética, ni jurídicamente. Por lo tanto, no sólo no se debe culpabilizar y castigar a la ciudadanía que no ha tenido nada que ver en la crisis, sino que, más bien, se deben exigir responsabilidades, tanto a los poderes financieros como a la casta política, que están en el epicentro del terremoto que estamos soportando desde hace demasiado tiempo. Esto sería nuevo por estos lares, pero se practica en otras latitudes: por ejemplo, en Islandia, donde no se anduvieron con chiquitas y donde se juzgó y condenó a los banqueros y a los políticos responsables; o en Japón, donde los cogidos con las manos en la masa tienen los arrestos de hacerse ellos mismos el harakiri.
Sobre los recortes concretos que se hicieron, debemos subrayar que pusieron en peligro no sólo los pilares del Estado del Bienestar (sanidad, educación y gastos sociales) sino también la posibilidad de salir con paso firme y solidariamente de la crisis. Por eso, ante lo que estuvo y está en juego, la ciudadanía debería haber gritado y ordenado a Zapatero, a Rajoy, a los Virreyes de las Españas y, ahora, al futuro Presidente del Gobierno: ¡Eso no se toca, caca!”. En efecto, por ejemplo, ¿cómo quiere la casta política española provocar un cambio de modelo productivo y mejorar la productividad, si ésta y aquél no se fundamentan en una formación adecuada del capital humano? ¿Y cómo formar este capital humano si la maltrecha educación española (cf. Informes Pisa) fue y es objeto de recortes sin cuento? Como afirman los economistas, sólo veremos el final del túnel con inversiones económicas en investigación y en capital humano, dos aspectos en los que España tiene grandes carencias.
Ante lo que está en juego y en peligro, y ante los recortes perpetrados en sanidad, educación y servicios sociales, debemos también preguntarnos si no se pudieron haber hecho recortes alternativos y prioritarios, antes empezar a desmontar lo que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir en estas tres áreas. Sin ánimo de ser exhaustivo, pienso, por ejemplo, en los miles de millones que se han despilfarrado y se despilfarran en televisiones, radios y medios de comunicación bajo el control de Ayuntamientos, CC. AA. o Estado; en los parques automovilísticos hipertrofiados de las tres administraciones; en las legiones de asesores de la casta política; en las campañas de autobombo y autopublicidad; en los inútiles y absurdos informes varios, pedidos a amigos o compañeros de viaje; en el blindaje y el empotramiento de militantes en empresas públicas para huir del paro; en la “funcionarización”, sin oposiciones, de miles de militantes en organismos oficiales; en las bicocas para políticos en ejercicio o para ex presidentes, ex ministros, ex diputados y toda una retahíla de ex. A todo esto habría que añadir la corrupción sistémica y endémica en todos los partidos políticos que han tocado poder.
No continúo con la lista, que sería interminable. Sin embrago, quiero formular tres nuevas preguntas, políticamente incorrectas, que son el nudo gordiano de este carajal: ¿podemos permitirnos y pagar 18 gobiernos, 18 parlamentos, 18 administraciones y tres niveles administrativos en cada una de ellas? ¿No habría que pensar, primero, en hacer recortes en gastos no fundamentales o claramente superfluos y despilfarradores, como los que acabo de enumerar, y no en sanidad, en educación y en gastos sociales? ¿Y el hacer pagar crematísticamente a los responsables de la crisis y de la corrupción generalizada, “pa cuándo”?
Estos recortes alternativos y prioritarios que propongo no son el “chocolate del loro”, como afirma reiteradamente esa fauna partidista de los “todólogos”. Estoy convencido de que si se hiciera el cálculo de los recortes alternativos que he enumerado (sin ánimo de ser exhaustivo) no habría que haber recortado ni las pensiones, ni el sueldo de los funcionarios,…; ni hubieran sido necesarios recortes en sanidad, educación y en servicios sociales. Por eso, los “indignados” deberíamos gritar y ordenar a la casta política: “¡Eso no se toca, caca!”. Y, por eso, los “indignados” deberíamos también obligar a los “ladrones de cuello blanco” y a la casta política a que apliquen, en bien de todos, el siguiente consejo de Gandhi: “vivir sencillamente para que los demás puedan, sencillamente, vivir”.
