El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que la puesta en marcha de una prestación del calado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un reto para la Seguridad Social, debido al gran volumen de solicitudes recibidas en un contexto de pandemia.
En la primera semana desde su puesta en marcha, llegaron 300.000 solicitudes, una cifra que se elevó al medio millón el primer mes y que ahora, tres meses y medio después del inicio del plazo, roza el millón. De esos expedientes recibidos, Escrivá ha subrayado que se han tramitado 470.000 y aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes.
“Para que se hagan una idea, en el primer mes y medio, recibimos tantos expedientes como solicitudes de pensiones se tramitan en un año”, ha indicado el ministro, destacando que, además, “han llegado en un contexto de pandemia y con un personal limitado, que se ha reducido un 20% en los últimos 20 años”. No obstante, “gracias al enorme esfuerzo realizado por los trabajadores y a varias innovaciones tecnológicas”, tres meses y medio después de su puesta en marcha, “hemos tramitado prácticamente la mitad de los expedientes que han llegado al Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
Tras los ajustes normativos aprobados en las últimas semanas, “se ha producido una aceleración en la gestión, que ha permitido pasar de 330.000 expedientes tramitados en septiembre a unos 470.000 ahora mismo”, lo que supone prácticamente la mitad de los 965.000 expedientes recibidos (una vez descontando los que se han recibido por duplicado). El ministro ha indicado que espera que la aceleración en la gestión continúe en las próximas semanas.
Escrivá ha subrayado que, de los casi 470.000 expedientes tramitados, aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes, lo que significa que el Ingreso Mínimo Vital llegará a más de 500.000 personas poco más de tres meses después de su puesta en marcha. Unos 150.000 expedientes están pendientes de entrega de alguna documentación, que le ha sido solicitada desde el INSS.
Además, 180.000 expedientes han sido denegados, en su mayoría por incumplir el criterio de vulnerabilidad, al superar el umbral de renta o patrimonio estipulado en la normativa.
Según el ministro, la puesta en marcha del ingreso mínimo “ha venido acompañada de una revolución en los procedimientos administrativos”. Una de las iniciativas más novedosas ha sido un simulador que registró más de 7 millones de simulaciones, llegando a registrar más de 20.000 interacciones por minuto (uno de los mayores registros históricos sobre la plataforma de Google). Otra de las novedades ha sido la utilización de robots software (RPA) para automatizar tareas operativas o de gestión del IMV.
Además, antes de final de año, el ministerio dará luz verde a algunos de los desarrollos reglamentarios que permitirán que el Ingreso Mínimo Vital sea un conjunto de políticas alrededor de una prestación, como el Sello Social o el Consejo Consultivo. En enero, ha anunciado el ministro Escrivá, “se realizará también una evaluación del acceso al Ingreso Mínimo Vital” para valorar si es necesario hacer modificaciones normativas.
También ha destacado que en esta crisis se ha puesto en marcha por primera vez una prestación extraordinaria para autónomos, que “llegó a proteger a casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia en la fase más aguda de la pandemia”. Estas ayudas a autónomos, que ya se prorrogaron en junio, también han sido extendidas hasta el 31 de enero, con una nueva prestación que también cubre a los trabajadores por cuenta propia si la autoridad administrativa suspende su actividad.
Acuerdo en el seno del Pacto de Toledo
Finalmente, el ministro ha recordado la importancia de que haya un acuerdo de los grupos políticos en el seno del Pacto de Toledo –“ojalá ese acuerdo se produzca cuanto antes”, ha señalado- para abordar una reforma del sistema en cuatro pilares: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la separación de fuentes, la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal y el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios.
