El pasado 17 de noviembre el Presidente de la República Argentina, cumpliendo con una promesa formulada durante la campaña electoral, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Con una estética cuidada y ataviado con una corbata verde, el líder peronista cumplió, aunque con demora, lo que había anunciado ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo de este año, cuando afirmó ‘dentro de los próximos diez días, presentaré un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado’. Se demoró un 2510% más de tiempo respecto a su compromiso público, pero finalmente aprovechó el día del militante peronista, que conmemora el regreso del General Perón a la Argentina tras 18 años de exilio, para anunciar el envío del proyecto para su tratamiento legislativo.
Habrá quien crea que la demora se debió a la pandemia que aún vive el mundo y la Argentina, y que el Presidente esperó que se pasara lo más grave del asunto para avanzar con su propuesta pero estamos convencidos que no es esta la principal razón. En nuestro entender hay dos cuestiones que pesaron más en la demora.
La primera de ellas, aunque no la más importante, sí tiene que ver con la situación sanitaria y se relaciona con la necesidad de ‘distraer’ a la sociedad en otras cuestiones que no tengan que ver con el coronavirus. Pasado ya el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado el 20 de marzo y que se extendió en la Ciudad de Buenos Aires y el conglomerado metropolitano hasta el 9 de noviembre, es necesario poner el foco de atención ciudadano en otros temas, puesto que comienzan a sentirse en forma cruda las consecuencias económicas de las medidas adoptadas, que si bien consiguieron evitar el crecimiento brusco de casos, el tan temido ’pico’ y su consecuente aumento exacerbado de muertes, no lograron aminorar la cantidad de casos positivos, que ubican a Argentina en el top ten mundial de casos y en el top five de muertos por millón de habitantes, como así también el descontento ciudadano comienza a hacer más explícito en cuestiones específicas como por ejemplo la educación, dado que Argentina continúa sin clases presenciales desde aquel lejano mes de marzo mientras el mundo toma medidas drásticas de combate al virus pero no deja a los niños fuera de las escuelas. Todo a contramano. La ciudadanía comienza a sospechar que había algo detrás de las medidas adoptadas que no se justificaban solo en el combate del virus, y lo empieza a exteriorizar.
En segundo lugar, la ecuación política argentina exhibe la necesidad de construcción de clivajes de apoyo parlamentario a las medidas que excedan los límites partidarios, algo difícil de lograr en un país en el que gran parte de sus políticas se piensan en términos dicotómicos. Esto quedó claro cuando el mismo día en que la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y militante de años de la causa de la interrupción voluntaria del embarazo, Vilma Ibarra, anunció que en el mes de noviembre el Gobierno enviaría el proyecto al Congreso, el líder de la bancada peronista en la Cámara de Senadores, José Mayans, afirmaba en declaraciones periodísticas que ‘Hay que respetar la vida y la Constitución. La Constitución es pro vida […] Nosotros queremos las dos vidas y el respeto a la Constitución. Es absolutamente inoportuno. Es la causal de muerte número 74. Tenemos otros problemas, de diabetes, cardiovasculares. Tenemos otras prioridades. No es el momento. No debe ser tratado en Extraordinarias, no sabemos el contenido de la ley. Lo que mandó la otra vez Diputados al Senado fue un desastre, en cuanto a objeción de conciencia, en cuanto al tiempo de gestación’.
Mayans expuso claramente el argumento de quienes rechazan el proyecto, que se reconocen a sí mismos como pro vida, frente a quienes lo apoyan, a quienes catalogan como pro muerte. Y expuso además cuál es la realidad que regirá el tratamiento parlamentario del proyecto enviado hoy por Fernández. En la Cámara de Diputados, aún con numerosos rechazos provenientes, paradójicamente, de Distritos en los que el gobernante Frente de Todos es más fuerte, la propuesta contaría con la aprobación de los legisladores del eje central del país, lo que garantizaría su éxito dado el peso específico numérico de estos legisladores en la conformación de la Cámara. La cuestión, como dos años atrás se centra en el Senado Nacional, donde cada jurisdicción subnacional cuenta con igual representación y en donde las posiciones conservadoras de ciertas provincias del interior del país cuentan con más eco.
Hoy el Senado es un tercio diferente al de dos años atrás ya que hubo una renovación parlamentaria en medio, y no se augura una mayoría que acompañe el proyecto oficial, todo dependerá de la construcción política que se logre realizar en torno al nuevo texto en el que el presidente ya hizo una concesión al incluir la objeción de conciencia, que no estaba prevista en el proyecto de 2018 que contó con media sanción de la Cámara Baja y naufragó en la Cámara Alta.
Pero está claro que no es un proyecto más para el gobierno. El Presidente jugó fuerte y lo dejó explícito al cerrar su discurso de presentación del texto cuando afirmó que ‘por convicción personal, estoy seguro de que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley’, cerrando su alocución con la frase que sintetiza la lucha de quienes acompañamos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. A diferencia de dos años atrás ahora es el Ejecutivo quien envía el Proyecto y quien promueve su aprobación. Mientras Macri se había limitado a mencionar su desaprobación personal y su aceptación de la votación parlamentaria si se aprobaba, Fernández juega gran parte de su capital en un proyecto que, sea cual sea el resultado, provocará divisiones en la sociedad argentina y el Presidente lo sabe.
Porque como dijera Vilma Ibarra, Argentina es un país laico que dicta leyes civiles, entre las que se cuentan las que garantizan la libertad de culto de cada persona. Pero ninguna creencia religiosa debe imperar por sobre las realidades de todos.
Pero hay una realidad que no se puede obviar, el texto no promueve ni fomenta abortos, solo lo despenaliza y otorga el derecho a la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, y mientras se debate en el Parlamento si se aprueba o no la norma, fuera de él hay mujeres que siguen abortando y que siguen muriendo por hacerlo de manera clandestina, en sitios donde se vulneran todos sus derechos.
Por eso es imprescindible que se sancione una ley de interrupción voluntaria del embarazo, para que dejen de morir mujeres pobres… porque las que tienen dinero también abortan pero en lugares y con profesionales que garantizan la práctica.
Porque no se puede seguir esperando.
Por eso es urgente.
Que sea ley.
