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¿Es lógica la inviolabilidad del jefe de estado?

Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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análisis

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Cómo podrá imaginarse el lector, pregunto por la lógica del hecho, no cuestiono su legalidad, puesto que esta está recogida en la constitución española (Título II de la Corona, artículo 56.3) que dice textualmente: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Sus actos serán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, sin ello no tendrán validez, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (casa real y privacidad).

Según el artículo 56 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. A causa del trabajo que tiene encomendado, ¿a santo de qué necesita tener inviolabilidad?

La monarquía se reinstauró por voluntad de un dictador, la transición a la democracia se hizo en momentos muy difíciles, con el franquismo bastante vivo y el ejercido expectante, quizás por eso, quizás, la constitución que se estableció surgió de un pacto que, a estas alturas encontramos extraño, desfasado e ilógico.

Los escándalos protagonizado por Juan Carlos I han sido silenciados por los medios de comunicación hasta no hace mucho tiempo, mujeres, amantes, cacerías de elefantes, demandas de supuestos hijos, venta de armas, comisiones, fiscalidad, fortuna personal, etc., han ido saliendo a la luz hacia el final de su reinado, pero la inviolabilidad impidió cualquier acción por parte de la justicia española.

También nos ha quedado una duda razonable sin aclarar, sobre la actuación del rey emérito en el desarrollo anterior y posterior del golpe de estado del 23-F. Se nos presentó como su salvador y resulta difícil entender las declaraciones que Sabino Fernández Campo le hizo a Ignacio Anasagasti.

Ahora se vuelve a hablar del AVE a la Meca y los 100 millones € que habría recibido del gobierno de Arabia Saudí como regalo y/o comisión. Lo sabíamos por las declaraciones de Corinna, recogidas por Villarejo, pero la fiscalía archivó el caso. Se Suiza la que ahora investiga el caso y la justicia española se ve obligada a colaborar.

Don Juan de Borbón, al morir, dejó una herencia de 1000 millones de pesetas que también estaban en el país helvético. Si repasamos la historia de los Borbones, la mayoría tenían dinero en el extranjero y se consideraba normal. ¿Es lógico que fuera así? ¿No confiaban en la banca y la economía del país en el que reinaban sus propios monarcas?

El representante de Bildu en el senado hizo una propuesta para sacar todos los aforos políticos y la inviolabilidad en el jefe de estado. No prosperó, como tampoco ha prosperado ahora la creación de una comisión de investigación a Juan Carlos I que, a pesar de ser rey emérito, tiene un aforo que le permite un trato especial de la justicia española.

¿Cómo se califica en derecho a quien encubre a quién ha cometido un delito? ¿Cómo es que se niegan determinados partidos políticos a investigar el que está en boca de todos? ¿No ha sido el mismo rey el que en sus discursos hablaba de ética y comportamiento de los responsables políticos y decía que la justicia era igual para todos? ¿Qué piensan los integrantes y votantes de los partidos que ahora niegan la formación de una comisión de investigación? ¿Es España una democracia plena o hay quién tiene el derecho de estar al margen de la ley, con el beneplácito de PP, Vox y PSOE?

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Dónde es la transparencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos? ¿Una persona no votada ni escogida por el pueblo, tiene el derecho a ser inviolable según la constitución? Quiero recordar que Juan Carlos I no juró ni prometió nunca la carta magna que es, por ironías del destino, la norma que hasta ahora le ha protegido.

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