Decimos legalidad (del latín legalitas-atis) a todo aquel acto, compromiso, contrato o norma que está amparada por una ley fundamental del estado. Se podría añadir de estado democrático, toda vez que en una dictadura las leyes son impuestas, sin ningún tipo de consenso, y a voluntad o designio del dictador. Será legal, por lo tanto, todo aquello que esté comprendido dentro de la ley y su reglamento.
Decimos justicia a la virtud moral por la cual todo el mundo tiene como guía la verdad, todo el mundo está inclinado a dar a cada cual lo que le pertenece, a respetar el derecho ajeno. Aquello que se tiene que hacer según el derecho y la razón. Diremos que una causa es justa si lo es conforme a la ley, si satisface las justas aspiraciones de las personas.
Diremos legitimidad a todo aquello que está fundamentado en el derecho y válido porque es conforme a la ley, y a los principios generalmente aceptados. Parece que las tres definiciones van cogidas de la mano y son, como una trilogía, una sola cosa en común y las tres ramas que la sustentan, al menos teóricamente, debería de ser así.
¿La ley es siempre justa? ¿Lo que es legal es siempre legítimo? ¿Puede ser ilegítima una causa justa? No soy ni jurista ni abogado y por tanto se me podrá rebatir, por parte de los expertos, mis afirmaciones pero, en el día a día, la historia nos permite, a mí y a cualquier observador, ver las incongruencias que se dan y se han dado a través de los tiempos.
Algunas de las leyes franquistas promulgadas al acabar la guerra civil fueron, en muchos casos, contrarias al derecho internacional, el ensañamiento de los ganadores hacia a los que perdieron la guerra fue brutal, no haré una lista de normas o leyes que los perjudicaron a lo largo de su vida, todo el mundo lo sabe o… tendría que saberlo.
Ya de entrada se trataba de un gobierno ilegítimo (golpe de estado contra un gobierno legalmente constituido, guerra civil, cientos de miles fallecidas y medio millón que tuvieron que exiliarse). Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que las leyes “forzosamente” podían ser legales, pero en muchísimos casos no eran justas.
Observamos a lo largo de la historia que, durante siglos, han existido leyes que, amparadas en el poder temporal dominante o el religioso, eran del todo ilegítimas. ¿Cómo se puede entender sino lo que se denominaba como la Santa Inquisición? ¿O la prohibición de publicar la Biblia en lenguas vulgares, solo poder hacerlo en latín y así impedir al pueblo saber el contenido?
La trata de esclavos fue muchos siglos una lacra para medio mundo, la iglesia no lo condenó, los gobiernos lo permitían y las personas eran vendidas o compradas como una mercancía cualquiera. ¡Era legal!, la pregunta es: ¿era justo o legítimo traficar con seres humanos?
Como sabemos Cataluña no forma parte de España de forma voluntaria sino por el desenlace de la guerra de sucesión tras la muerte de Carlos II sin heredero al trono. Felipe V derogó todas las leyes catalanas, su moneda i ordenó el uso obligado del castellano en detrimento del catalán a través del Decreto de Nueva Planta. No fue como el caso de Escocia con respecto al Reino Unido.
El pueblo catalán sometido desde hace tres siglos por la oligarquía castellano/borbónica dominante, quiere expresar su derecho a decidir, como pueblo independiente o dentro del estado, pero en otras condiciones diferentes de las actuales. Es un derecho, el de la autodeterminación, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y España no debería negarse a plantear la consulta que el Parlamento catalán aprobó. Se trataba de una aspiración legítima pero, según el ordenamiento jurídico español y la constitución, no es legal. ¿No es quizás una causa justa?
El gobierno español estaba preparado al contraataque y el PP presentó un recurso -uno más- ante el tribunal constitucional conforme era ilegal la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento de Cataluña. Este organismo tendría que denominarse TECC (Tribunal Español Contra Cataluña) el nombre sería mucho más oportuno.
Entonces, al saberse la sentencia favorable al recurso, dijeron que es lo que dice la ley amparada por la Constitución. Podía ser legal la decisión, pero no justa, puesto que la causa catalana era legítima y si, de verdad, la soberanía recae en el pueblo, lo más antidemocrático fue impedir que éste se pudiera expresar con total libertad e impedirlo tal como lo hicieron. ¿Quién no recuerda el 1º de octubre de 2017?
Amigos lectores no siempre lo que es justo y legítimo equivale a legal.
