El pasado 1 de enero muchos automovilistas expresaban su alborozo al disfrutar de algunas autopistas, hasta entonces de peaje, sin abonar ni un pavo.

Según el Gobierno, el tramo de la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4, Sevilla-Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona pasaban a ser gratuitas, es decir, no paga por su uso. A finales de este mismo año lo serán la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-2 Tarragona-La Jonquera y la AP-7 Montmeló-El Papiol.

Qué alegría tan grande para aquellos que durante tantos años el peaje les suponía la nota amarga del viaje y eso que no vivían en Francia.

Ahora bien, ¿son gratis las autopistas? Sí es cierto que no se abona nada por el derecho de uso pero, ¿quién paga el mantenimiento? Por ejemplo, a partir del 1 de enero pasado, ¿qué ocurre si llamamos desde un poste de SOS de los que hay en los andenes? ¿No  contesta nadie? Y si contesta alguien, ¿quién paga ese servicio? Lo mismo puede ocurrir en el caso de un accidente, sustitución de elementos como quitamiedos, señalizaciones etc.

Según las ingenierías que trabajan en ese ámbito, el coste del mantenimiento de una autovía (ahora lo serán las autopistas de peaje en las que se ha retirado el pago por uso y dejan de utilizar el indicativo AP) equivale a entre el 3 y el 4% anual del coste total de construcción. Parece lógico que si el bien objeto de la concesión vuelve a manos del Estado será éste quién afronte los gastos e inversiones derivados del mantenimiento de este tipo de vía. Se da por hecho que en ningún caso se vaya a abandonar la atención a estas infraestructuras por razones de seguridad y de conservación de un bien público de primer orden.

Cabe solo preguntar quien va a correr con los gastos y la inversión derivados del mantenimiento de estas vías. Lo propio sería que correspondiera al anteriormente denominado Ministerio de Fomento y que desde el 13 de enero se denomina, precisamente, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España.

Esta nueva situación plantea algunas dudas e interrogantes y alguna situación quizá muy poco justa. Por ejemplo, hasta ahora las autopistas de peaje se mantenían mediante el pago de la tarifa de uso, es decir no era necesario acudir a otras fuentes de financiación. A partir de ahora, sin esos fondos salen de las arcas estatales, éstos serán abonados tanto por los usuarios de las mismas como por los que nunca las utilizan lo que evidencia una injusticia manifiesta. Se podrá decir que los gastos del Estado se cubren solidariamente por todos los ciudadanos. Pero habría que ver si una autovía es equivalente a un colegio o un hospital públicos en donde la solidaridad es manifiesta y sus costes son sufragados tanto por quien los utiliza como por quien no lo hace.

Y existe otra circunstancia necesariamente a tener en cuanta: el uso de las autovías por extranjeros, tanto turismos como en el caso de camiones que las utilizan para atravesar España con destino a Portugal o el norte de África y vuelta. En Suiza tuvieron este mismo problema ya que es paso obligado entre el norte y sur de Europa llegando a ser éste tráfico en determinados momentos superior al local. Las autoridades helvéticas crearon lo que se llama la “vignette”, (viñeta) a modo de visa para poder circular por autovías y autopistas, no carreteras de otro tipo, y cuyo precio anual es para este 2020 de 40 francos suizos. 1 € = 1.0767 CHF1 CHF = 0.9288 €.

De esta forma paga quien utiliza las autopistas y se evita que éstas sean utilizadas gratuitamente por particulares y empresas de fuera  que se ahorran un coste importante y que sí abona el ciudadano del país que atraviesan. Ridículo.

Así que estamos ante el uso de unas infraestructuras que sí que es verdad que son gratis, pero para los extranjeros.

Enseñanza y Sanidad

Siguiendo con lo gratuito que no es gratis, llegamos a dos capítulos que desde los gobiernos nos dicen que son gratuitos pero que en realidad no lo son. ¿Es gratis la enseñanza?, ¿es gratis la sanidad?

Su uso, y dependiendo de las comunidades, sobre todo en el segundo caso, es generalmente gratuito, es decir no se abona nada directamente por su uso. Pero, ¿quién corre con los gastos e  inversiones de ambos capítulos? Los ciudadanos, que es a quienes corresponde sufragar los gastos públicos. Por ello, lo que se paga directamente no quiere decir que sea gratis porque se ha pagado por otros conceptos de naturaleza tributaria o fiscal.

Y en estos dos casos si que vale y con autoridad la solidaridad pues tanto la sanidad como la educación, además de ser derechos de primer orden, son esenciales para el correcto funcionamiento de los países.

La cuestión está, finalmente, en la confusión que pueda llegar a existir entre los ciudadanos al ofrecer las autoridades un servicio de manera gratuita cuando no es así. ¿Engaño? Dependerá de la voluntad de engañar de cada cual pero, en cualquier caso ajeno a la precisión y verdad debida. Y también, ayuda a ello lo mucho que gusta a tanta gente recibir algo sin pagar por ello. Cada cual es cada cual.

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