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ERC fuerza al gobierno a que, tras 42 años, se anulen las sentencias franquistas

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha presentado hoy una enmienda a la Ley de Memoria Histórica que tiene como finalidad declarar la ilegalidad de los tribunales franquistas

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El portavoz de ERC en el Congreso de Diputados, Joan Tardà, ha presentado las enmiendas a la Ley de Memoria Histórica y ha recordado que cuenta con el compromiso del Gobierno para que anule las sentencias de los tribunales franquistas y «acabar con tantos años de injusticia y falta de reconocimiento a las víctimas del franquismo, si el Gobierno cumple la palabra dada, por fin, después de 42 años, se anularán las nefastas sentencias de los tribunales franquistas «.

Tardà ha recordado que «durante años y años, ERC no ha legitimado el modelo de impunidad y no ha apoyado la Ley de Memoria aprobada en 2007, al considerar que no era una ley homologable con otros modelos europeos y mantenía la impunidad del régimen franquista». La apertura del debate de la Ley de Memoria histórica a raíz de la voluntad del Gobierno de exhumar y trasladar los restos del dictador permite la inclusión de todo un paquete de enmiendas, un momento que aprovecha ERC para introducir una serie de iniciativas que realmente hagan que ésta sea una ley de memoria y no un proyecto que se cerró en falso en 2007 por lo que los republicanos no apoyaron.

Tardà ha destacado el compromiso existente por parte del Ejecutivo, con la anulación de todos los juicios y sentencias emitidas por los tribunales franquistas todo el Estado, teniendo en cuenta la de los tribunales que actuaban en Cataluña, que ya han sido anuladas a raíz de la ley aprobada en el Parlamento. Tardà ha recordado que no hay un acuerdo firmado, es un pacto de palabra con la vicepresidenta Calvo, un acuerdo que quedó reiterado también desde la tribuna del Congreso y los republicanos cuentan que se cumplirá la palabra dada.

La enmienda que hace referencia a este acuerdo dice que «hay que hacer una ley que como mínimo sea igual de ambiciosa que la que se aprobó en el Parlamento, declarando ilegales los tribunales y en consecuencia anulando las sentencias y en el plazo de un año el BOE publicará el nombre de las decenas de miles de ciudadanos que sufrieron la represión franquista «en manos de tribunales como el TOP, o el tribunal contra el comunismo y la masonería, entre otros.

Esta aplicación se hará respetando la soberanía del Parlamento de Cataluña que ya publicó una ley anulando las sentencias de los tribunales con sede en Cataluña.

Joan Tardà además explicó que este acuerdo no va en detrimento de la presentación por parte de ERC, de una serie de enmiendas que complementan lo que impidió el apoyo de los republicanos a la ley de Memoria Histórica de 2007,  como para ejemplo el reconocimiento del colaboracionismo y participación de la dictadura en las deportaciones a campos de exterminio, y el genocidio lingüístico.

Desde la Asociación para la Memoria de los Inmolados de Cataluña, Pere Fortuny, ha asegurado que «nos encontramos ante un momento clave después de tantos años de lucha y del primer paso histórico que ya representó la Ley del Parlamento».

Pilar Rebaque, de la Comisión de la Dignidad, aseguró que «todavía hay muchas batallas para entregar como por ejemplo el retorno del material de la policía y la guardia civil, y sobre todo de la documentación de los ayuntamientos catalanes, y para que haya de verdad justicia y reparación a incluir todos estos aspectos «.

Desde la Comisión Sectorial de Memoria Histórica de ERC, Toni Bou, ha recordado que Verdad, Justicia y Reparación, son los tres postulados de la ONU con respecto a la Memoria, tres postulados que ahora ya se cumplen en Cataluña y aunque no en España, y aseguró que «esperamos que esta vez, después de 42 años, comience a cumplirse en España para que la retirada de las sentencias podría afectar del orden de más de 400.000 familias en España que hace muchos años que esperan este momento «.

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