El libre mercado es un monstruo voraz al que es preciso ponerle freno antes de que acabe devorándose a sí mismo. Muerto y enterrado el comunismo tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración del bloque soviético, la mayoría de los países de todo el mundo tienden hacia el liberalismo económico, es decir, el mito de que el dinero fluye mejor sin barreras gracias a una “mano invisible” que lo mueve todo, un concepto acuñado por el economista Adam Smith. Esta tesis es tan antigua como La riqueza de las naciones, la Biblia liberal que Smith elaboró en el 1776 y que todo seguidor del capitalismo sigue a pies juntillas dos siglos y medio después.
Pese a la influencia de aquella obra magna del pensamiento humano, hoy ha quedado claramente acreditado que la “mano invisible”, esa supuesta capacidad del mercado para autorregularse según la fuerza del interés de los individuos, del egoísmo personal y de las leyes de la competencia y del libre comercio, es en realidad una mano que siempre amasa el dinero en el mismo bolsillo, o sea, en el bolsillo de los que más tienen y que jamás reparten su riqueza con los pobres, en contra de lo que pensaba el ingenuo fundador de la economía moderna.
Aquellas viejas ideas dieciochescas sirvieron para dar consistencia filosófica al mundo de entonces con sus primeras revoluciones industriales, pero hoy, en pleno siglo XXI, se han quedado obsoletas, ya que el crecimiento económico basado en la producción desbocada y sin control, en el máximo beneficio (siempre a costa de la explotación de las clases obreras) y en el agotamiento de los recursos naturales y las materias primas de la Tierra, nos han conducido a un callejón sin salida que finalmente ha detonado en un cambio climático brutal, un fenómeno cuyas consecuencias estamos pagando estos días en forma de calor extremo y lluvias torrenciales en todo el mundo, también en España.
Por mucho que los nostálgicos del régimen neoliberal se empeñen en que todo debe seguir como siempre, por mucho que sigan aferrándose a un mundo de chimeneas contaminantes, de fábricas humeantes a pleno rendimiento, de calderas y carbón venenoso, es obvio que el modelo productivo asentado en la iniciativa privada y en la libertad económica absoluta ha colapsado, y no solo porque esquilma y destruye el planeta, sino porque genera desigualdad dentro de las naciones ricas y un Tercer Mundo colonizado por el imperialismo capitalista que, tal como estamos comprobando estos días con el caso de Afganistán, se revuelve contra Occidente en forma de grandes flujos migratorios capaces de desestabilizar el orden mundial.
Lo que está pasando en España con las compañías eléctricas, los últimos trasatlánticos de aquel viejo mundo que agoniza, es el mejor ejemplo de la decadencia de ese modelo económico fracasado. La factura de la luz, ese papel que nos provoca terror a final de cada mes, no es ni más ni menos que el certificado de defunción del sistema. Con la excusa de la supuesta liberalización del mercado, un bien esencial como es la energía ha caído en manos de un oligopolio, un término que traducido al lenguaje de los mortales quiere decir que el oro fotovoltaico está en poder de una panda de socios, accionistas y amiguetes que se reparten los “beneficios caídos del cielo”, un magnífico eufemismo que esconde lo que no es más que abuso, robo y ladrocinio a costa de algo tan necesario para la vida de millones de personas como la luz. Imagínese el ocupado lector que el pan, por poner un ejemplo, acabara bajo el dominio de un oligopolio de tan baja catadura moral. El resultado sería que una barra de cuarto costaría un riñón y al consumidor no le quedaría otra que pasar por al aro y pagar lo que le pidieran bajo riesgo de morirse de hambre o acabar como un Carpanta. El mismo símil serviría para cualquier otro bien esencial como el agua o las medicinas.
EPE es la solución
La lógica nos dice, por tanto, que el mercado no solo no se autorregula por sí mismo con esa falsa “mano invisible”, como trataba de convencernos el cándido señor Smith, sino que la voracidad llevará a la famosa mano, una y otra vez, a querer acumular cada vez más beneficios, cada vez más poder, cada vez más dinero incluso a costa del pobre, de ahí el atraco permanente y el colapso del sistema.
¿Cómo acabar con esa situación de auténtica dictadura energética? Unidas Podemos ha planteado una propuesta interesante que piensa llevar al Congreso de los Diputados: la creación de Producción Eléctrica Española (EPE), una compañía energética pública que compita con la avaricia desmedida de las multinacionales del sector. Este proyecto sería un complemento a la propuesta principal del partido podemita, que consiste en fijar un tope o precio máximo al megavatio hora, por ley, con el fin de evitar los abusos. Para la formación morada, con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, “no es creíble” que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Esto quiere decir que los problemas de desigualdad y daño ecológico persistirán si el Estado no interviene de alguna manera, si no le metemos mano a la mano del monstruo. La empresa nacional de luz y gas sería un agente esencial a la hora de emprender la transformación hacia la nueva economía sostenible. Impulsaría la instalación de las renovables (dejando atrás la energía contaminante derivada del crudo), controlaría los desmanes en la factura de la luz y garantizaría que nadie en este país caiga en el drama de la pobreza energética.
La batalla en el Parlamento promete ser apasionante. No solo porque la propuesta de Unidas Podemos promoverá un debate técnico sobre el encorsetado y obsoleto mercado de la energía en España, sino porque servirá para que cada partido político se retrate ideológicamente, mayormente los dos grandes dinosaurios del bipartidismo. Si el PSOE sigue siendo un auténtico partido socialista es el momento de demostrar que no debe tenerle miedo a la creación de una gran empresa energética estatal, ya que va en el ADN de cualquier socialista la idea de que el Estado debe garantizar unos servicios públicos mínimos (y la energía lo es). Lamentablemente, en el PSOE de hoy hay muchos, demasiados quizá, que siguen sintiendo verdadera alergia ante el intervencionismo estatal y que sueñan con privatizarlo todo como en los tiempos de la reconversión industrial felipista, demostrándose así que en este país hay mucho político confuso y tapado que no milita en el partido que le corresponde por vocación y creencias.
Por su parte, el PP se enfrentará a sus propias contradicciones internas: defender a ultranza el viejo modelo liberal en vías de extinción a causa del desafío climático o dar la cara ante la ciudadanía, asumiendo que un gobierno tiene la obligación moral de prestar un servicio que la iniciativa privada ha convertido en especulación y estafa al consumidor. A buen seguro, cuando empiecen las sesiones, Pablo Casado y los suyos se rasgarán las vestiduras y se opondrán, en su mejor estilo demagógico populista, a proyectos “sovietizantes y bolivarianos”, una patraña más, ya que ellos mismos, sin ir más lejos, tuvieron que recurrir al intervencionismo estatal de un sector como la banca en los peores momentos de la crisis de 2008. ¿Qué fue el rescate de Bankia firmado por Luis de Guindos sino una nacionalización en toda regla? Mediante aquella operación el Estado se quedó con todo el capital de BFA (matriz de Bankia) y en consecuencia se convirtió en dueño de la mitad de la entidad. Lo malo es que aquello acabó como acabó y el rescate financiero de los bancos fue una gran estafa a los españoles más que una nacionalización, ya que más de 60.000 millones de euros se han evaporado como el humo.
EPE es un proyecto que engrandece a nuestro país. No olvidemos que España ya tuvo una empresa pública, Endesa, privatizada por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar y hoy propiedad de Enel, controlada por el Estado italiano. Recuperar una compañía pública hidroeléctrica es, por tanto, un proyecto que no tiene nada de comunista, al contrario, refuerza a una democracia real que vela por sus ciudadanos y cumple con un mandato constitucional como es garantizar el derecho a la vida y a los bienes necesarios para la subsistencia. Si el PP se opone al proyecto y cae en la demagogia de acusar al Gobierno de chavista habrá quedado acreditado, una vez más, lo que son: los legítimos defensores de unas élites privilegiadas que se enriquecen a costa de los bolsillos de los españoles. A fin de cuentas, quizá sea eso lo que andan buscando: que pase el tiempo hasta 2060, fecha en que el Estado podría hacerse de nuevo con las concesiones de las que disfrutan los piratas de la energía. Casi cuarenta años más de saqueo a los españoles, un segundo franquismo económico. Lo dicho: una tiranía eléctrica y un botín que no está nada mal para los herederos de papá Smith.
¿Cómo los partidos sicarios de la oligarquía española van a efectuar una política económica que dañe sus lucros? Creer que PSOE, PP, C’S, y demás acólitos están para defender los intereses de las clases trabajadoras es como creer que existen los pajaritos preñados. Bueno, en cosas más absurdas creen millones de españolitos y españolitas, otra «milonga» más, no se nota.