‘Nunca pasa nada’. Este es el título de una película de Juan Antonio Bardem estrenada en pleno franquismo (1963) en la que mostraba de forma aguda y sutil la intrahistoria de una pequeña ciudad representativa de aquella sociedad, remarcando su invariable rutina cotidiana y la pobre interacción de sus ambientes y habitantes.
En su narración, Bardem nos sumergía con incisiva serenidad y una lírica agridulce en la vida y costumbres locales, analizando un sentido de la vida verdaderamente complaciente que se podía extender al conjunto de España.
La película, subestimada, no gozó de los halagos de la crítica, quizás porque reflejaba el puritanismo y el manto de hipocresía con el que entonces se tapaba todo lo que no era bien visto socialmente.
A pesar de ello, la expresión ‘nunca pasa nada’ terminó siendo un dicho muy asentado en los medios políticos, tal vez como una lógica aspiración del viejo régimen. Y lo cierto es que, con un poco de perspicacia, también podríamos verla reflejada en la política de la Transición y, sin duda alguna, en la del bipartidismo imperfecto del PP-PSOE.
Puede decirse que, políticamente, con Franco nunca pasó nada y que, según se mire, después de su muerte tampoco pasó mucho. Más bien sólo lo imprescindible para que, en el fondo, todo siguiera ‘atado y bien atado’, en una suerte no de ruptura democrática sino de una insoslayable reforma del oxidado régimen establecido, con una acusada continuidad terminal de las esencias y prohombres del franquismo hasta su total agotamiento vital.
En realidad, la muerte de la UCD tras la intentona golpista del 23-F fue consecuencia de la fosilización del modelo político pre existente, como la eclosión del PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 fue su única salida posible.
Tras el natural acceso del PSOE al poder, el establishment decidió dar por concluida la Transición y por consolidado el nuevo régimen democrático, así llamado porque dimanaba de una Carta Magna en la que los constituyentes impusieron -con poca o ninguna posibilidad de respuesta popular- el Estado de las Autonomías. El referéndum previo por el que se aprobó la Monarquía parlamentaria como nueva forma política del Estado, tampoco sería gran cosa, porque venía perfectamente encarrilado como herencia franquista…
Al fin y al cabo, los avances democráticos de nuestra historia política más reciente no han sido nada extraordinarios. Aunque se hayan presentado como notables y trascendentes, acaso porque ni siquiera había costumbre de que sucedieran cosas semejantes.
Y el acomodo del sistema ha sido tan grande, que hasta la aparición de Podemos y sus movimientos populares (y la de Ciudadanos), tampoco se ha tenido conciencia de lo que supone un verdadero ‘cambio político’. La agria reacción que esa novedad ha producido en el sistema, intentando confundir simples reivindicaciones sociales poco menos que con el desorden político o la propia anarquía, muestra lo raro o inhabitual del suceso.
Pero, a pesar del interés por identificar ese aire de reformas necesarias con el desgobierno, nada hay de eso. Lo cierto es que, una vez que los partidos emergentes se han convertido en el fiel de la balanza política en muchas instituciones de representación electoral, tomando el poder en algunos ayuntamientos emblemáticos, la realidad del día a día continúa más o menos de la forma habitual, discurriendo al margen de si los partidos que suelen entorpecerla son nuevos o viejos. Apaguemos, entonces, las alarmas sobre el caos democrático, porque los tiros no van por ahí.
La evidencia última de que en España y en política nunca pasa nada, es que, a menudo, hasta el Gobierno se puede mostrar accesorio. Por ejemplo, Cataluña dejó de tenerlo de forma operativa hace más de cinco meses, desde que el pasado 4 de agosto se convocaron las elecciones del 27-S, sin que por ello a los administrados les haya ido peor que antes ni les vaya a ir mejor después (con todo lo que aún queda por ver). Y algo parecido puede apreciarse también en el caso del Consejo de Ministros, que quedó ‘en funciones’ el 11 de noviembre y con un horizonte de nueva titularidad que también se percibe lejano, manteniendo al país durante ese tiempo por lo menos sin más recortes sociales ni más torpezas legislativas.
Y lo del gobierno innecesario es un fenómeno tan vivo y apreciable que no sólo se da en España. Ahí está el caso de Bélgica, si queremos poner un ejemplo propio de nuestro mismo entorno democrático y enmarcado en la misma situación de crisis económica.
Tras las elecciones del 13 de junio de 2010, en aquel país se abrió un largo impasse que duró más de año y medio -hasta finales de 2011- en el que los partidos no lograron ponerse de acuerdo para formar la nueva dirección política, con un gabinete en funciones de manos atadas y un parlamento bloqueado en medio de grandes tensiones territoriales. Sin embargo, la economía evolucionó de forma envidiable, con una mejora sustancial en los datos del paro, en el déficit presupuestario y hasta en el salario mínimo, al margen de algunas presiones artificiosas sobre la deuda pública.
Con la mejor marca de un Gobierno en funciones (en tiempos de paz), la pregunta del millón es ¿cómo pudo entonces mejorar Bélgica su economía sin medidas especiales de ajustes, reformas laborales, subidas o bajadas de impuestos, recortes de funcionarios o pérdidas del poder adquisitivo…?
Sin duda porque lo del ‘caos democrático’ es una exageración y el ‘gobierno innecesario’ una realidad comprobada; al margen de que las urnas también alumbren nefastas mayorías absolutas, traducibles ipso facto en dictaduras parlamentarias. Pero tranquilos: aun así, aquí nunca pasa nada.
