El ensañamiento del Estado hacia los denunciantes de corrupción

¿El aparato del Estado del Reino de España es corrupto en su totalidad? Evidentemente, no. ¿Hay corrupción en las instituciones públicas españolas? Demasiada y es sistémica, va en el ADN hispánico, algo que, por desgracia, no lo podemos negar. El coste de la corrupción en España ha sido calculado por distintos estudios independientes en 90000 millones de euros anuales, es decir, un 8% del Producto Interior Bruto (PIB).

Los sistemas de corrupción institucional son tal sofisticados que las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden controlar todo y, por lo tanto, precisan de ciudadanos que denuncien los comportamientos corruptos de cargos públicos, de instituciones o de los que se benefician de ello. Sin embargo, cuando hay personas que son conocedores de la corrupción y la denuncian, el aparato corrupto del Estado activa todo su poder para destrozarles la vida.

La corrupción política es la que más alarma social genera o, al menos, la que más despierta la indignación del pueblo. Sin embargo, existen otros tipos de elementos corruptos dentro del aparato del Estado cuyos comportamientos son totalmente ajenos a la opinión pública. El problema lo encontramos cuando hay personas que están dentro de la Administración, ven lo que está ocurriendo y, por su ética o por el amor que sienten hacia lo que esas instituciones representan para el pueblo, dan el paso de denunciar la corrupción. ¿Se castiga a los corruptos? En España se activa un protocolo de destrucción absoluta de quienes tienen el valor de presentar ante quien corresponde lo que está ocurriendo. Esto no ocurre sólo con personas particulares sino con empresas o medios de comunicación que también están denunciando modelos corruptos en sectores financieros que están dejando a su paso millones de personas afectadas.

Esto ocurre porque ese aparato corrupto del Estado se siente impune a su degeneración por el poder o por la influencia que ejercen en los estamentos que tienen la capacidad para tomar decisiones. No obstante, el creerse en posesión de la impunidad les lleva a cometer una serie de errores que muestran a la sociedad las redes corruptas a las que pertenecen aunque, hasta que eso ocurre, los denunciantes de corrupción viven en un infierno que los anula desde el punto de vista social, empezando por la invisibilidad mediática pasando por la destrucción de sus medios de vida hasta llegar a la insignificancia o a la desesperación porque, al fin y al cabo, ellos han cumplido con su deber cívico y ciudadano, mientras que los que están ejecutando comportamientos espurios son los corruptos.

El caso del teniente Luis Segura, quien denunció la corrupción en las Fuerzas Armadas, es paradigmático. Al oficial le expulsaron del Ejército y, como él mismo afirmó a Diario16, «el denunciante de corrupción no encuentra un lugar donde desarrollar su vida profesional fuera de las instituciones públicas» porque, al fin y al cabo, las empresas no contratan a nadie que saben que no van a permitir que haya alguien que sea capaz de denunciar las irregularidades que se pudieran cometer a su alrededor.

El juez Fernando Presencia, quien ha denunciado la corrupción en la Administración de Justicia, fue expulsado de la carrera judicial y, a día de hoy, sigue sufriendo las consecuencias en las decisiones que sobre su caso adoptan los órganos judiciales, con sentencias en las que, incluso, llegan a insultarle. Recordemos, además, cómo sufrió un intento de agresión por parte de uno de los abogados del fiscal de Talavera de la Reina a quien Presencia denunció por corrupción, según reza en la denuncia que se interpuso por estos hechos y que Diario16 publicó hace unos meses.

Otro caso significativo lo hallamos en la sargento de la Guardia Civil María Serrano quien, tras denunciar actos presuntamente corruptos de un subordinado, ha pasado ya por 14 procesos judiciales. Mientras se celebraba un encuentro de denunciantes de corrupción en el Parlamento Europeo, en el que Diario16 estuvo presente, la sargento Serrano salió de la sala porque, tal y como comunicó posteriormente, la acababan de precintar su vivienda en la Comandancia de Montequinto, Sevilla, y estaba pendiente de ser desahuciada. Además, se le comunicaba que no se le concedía un aplazamiento para poder sacar sus pertenencias del piso. Las casualidades no existen y que este hecho se realizara durante la estancia de la suboficial en Bruselas no deja de ser paradigmático de los comportamientos de quienes están dentro del aparato corrupto del Estado.

Sin embargo, tanto en el caso del teniente Segura, como en el del juez Presencia o en el de la sargento Serrano, la sensación de impunidad de los corruptos les hizo cometer errores que ya desglosaremos próximamente y que se pueden convertir en fundamentales para que, en vez de condenar a los denunciantes de corrupción, las instituciones españolas hagan justicia. Hoy nos centraremos sólo en el caso de María Serrano.

El desahucio de la sargento no cumplió con los requisitos marcados por la ley y, sobre todo, por haber sido dictaminado por un organismo que no era competente para ello. Sin embargo, a María Serrano han conseguido dejarla sin vivienda. ¿Quién es responsable de ello? En la sentencia a la que ha tenido acceso Diario16, no se condena, por ejemplo, al pago de las costas del proceso a quienes tomaron la decisión. Esto es una muestra más del ensañamiento del aparato corrupto del Estado hacia los denunciantes de corrupción quienes, por desgracia, están indefensos y abandonados por quien debería estarles agradecido.

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