El mayor problema de la democracia española es la corrupción judicial que, por desgracia, está más extendida de lo que muchos ciudadanos piensan o sospechan. Los jueces son seres que, parafraseando a Manuel Domínguez Moreno, son terriblemente humanos y, como tales, caen en las mismas tentaciones que el menor de los mortales.
Por esta razón, hay quienes que, al aplicar el poder del mazo y la puñeta, tienen la misma elocuencia destructiva que la tormenta Filomena a la hora de dictar sentencias injustas que sólo favorecen a las clases dominantes.
Es tal el nivel de corrupción judicial que hay en España, mancha que se acrecienta a medida que se asciende de instancia, que buena parte de la ciudadanía puede llegar a creer que todos los jueces son corruptos. Sin embargo, es una realidad que son muchos más los que realizan su trabajo impartiendo justicia justa que quienes no lo hacen. El problema es que las decisiones de estos jueces justos son recurridas ante instancias en los que no hay tanta claridad.
La semana pasada el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que, para salvar los intereses de los bancos, llegó a modificar los hechos probados declarados por una Audiencia Provincial en un recurso de casación, haciendo un prohibido «supuesto de la cuestión» sin haber formulado un recurso extraordinario por infracción procesal por error patente en la prueba. En este caso fue en referencia a las comisiones de apertura de los préstamos.
Según expertos financieros consultados por Diario16, lo más grave de esta sentencia es que ha eximido a los bancos de probar que se prestaron los servicios de manera efectiva y no solo nominal para justificar la imposición de la comisión de apertura.
La primera sentencia de instancia, tumba al Supremo
La primera sentencia de comisión de apertura ha tumbado el criterio del Tribunal Supremo La magistrada Gloria Moxica ha anulado la cláusula por abusiva al detectar una evidente falta de transparencia. Esta decisión abre las puertas a que multitud de juzgados hagan lo propio y se rebelen contra el Supremo.
La magistrada ha determinado que Banco Santander no informó de forma “previa, concisa y clara al consumidor sobre el cumplimiento de las exigencias de derecho nacional” y que éste “no tuvo a su disposición, con antelación suficiente, la información precisa sobre las tarifas y el importe” de la comisión.
Los clientes bancarios tienen el derecho, no sólo de que el banco les informe de que se les va a cobrar esa comisión, sino también a qué servicio responde y si el pago de la misma se solapa con otros gastos ya retribuidos por otro lado.
y juezos. Pero todo es un espejismo, cuando ves la corrupción del TC, ya no hay esperanza, que no pase por una revolución y una insumisión fiscal. Sin nuestro dinero, no son nadie. A pastar!