Las políticas laborales de las empresas que gestionan servicios de contratación de vehículos de transporte sin conductor (VTC) siempre han estado acompañadas de la polémica, por la opacidad de las mismas. Diario16 ha tenido acceso a una querella criminal interpuesta por un grupo de conductores y que ha sido admitida a trámite.
En la denuncia se acusa a JTT Hiring ETT S.L., Vector Ronda Teleport Barcelona y Forever Tours S.A., de la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal y coacciones.
Los conductores querellantes trabajaban en el Área Metropolitana de Barcelona desde septiembre de 2018 a junio de 2019 y mantenían una relación laboral con las tres empresas citadas.
La querella señala el sistema de pagos a los conductores por los servicios prestados. «Nunca respondieron a tarifas oficiales, ni en absoluto se hallaban reglamentados por Administraciones Públicas. Muy al contrario, los precios de los servicios se establecen siempre libremente por la empresa, según criterios sumamente variables. Desde la plataforma digital de la empresa Vector Ronda, se imponía a los querellantes los precios a cobrar por la prestación de cada servicio, los cuales cambiaban constantemente según criterios que los querellantes ignoran, advirtiendo que tal variabilidad, en todo caso, no se hallaba vinculada a un efectivo aumento de la demanda o a cambios constatables en la densidad del tráfico», afirma la querella.
En consecuencia, no existía ningún tipo de lógica en la fijación de los precios y un mismo trayecto podía duplicar el valor sin, en principio, tener en cuenta factores como aumento de la densidad de tráfico o de las solicitudes de servicios.
Sesenta horas semanales, sin descansos
Por otro lado, la querella indica cómo a estos conductores se les obligaba, presuntamente, a incumplir con las leyes vigentes. «A través de sus mandos, presionaba constantemente a los querellantes para que su productividad se incrementase, exigiéndoles que realizasen un creciente número de servicios. Para conseguirlo, les imponían que estuvieran circulando permanentemente por el Área Metropolitana de Barcelona, como si fueran taxistas, a fin de que, demandado el servicio digitalmente por el usuario, el mismo se prestase, no bajo precontratación [como exige la ley] sino con la mayor brevedad de tiempo posible, tendiendo a la inmediatez de la respuesta propia del taxi. Aproximadamente el 80% de los servicios urbanos de VTC se prestaban con un intervalo de respuesta, desde que era demandado por el usuario, de menos de cinco minutos; y en muchas ocasiones de un solo minuto. Al obligar a los querellantes a circular con el VTC permanentemente por la ciudad, era fácil que se localizara a un vehículo muy cercano, respecto del lugar donde se encontraba el cliente. Para consumar esta estrategia, la empresa impuso a los querellantes circular durante unas sesenta horas semanales por el Área Metropolitana de Barcelona, o durante espacios de tiempo incluso superiores si era preciso».
La querella, además, señala cómo los mandos de estas empresas eran conscientes de que estos conductores no eran taxistas y de que no podían prestar los servicios de VTC sin precontratación. A pesar de ello, la denuncia señala que les presionaban o forzaban constantemente para que se vulnerasen las normas de precontratación, incrementando, así, la productividad a lo largo de la jornada laboral.
Si los conductores «no se adaptaban a estas circunstancias, se les despediría, por no alcanzar los objetivos deseados por la empresa. Si los querellantes se hubieran limitado a trabajar bajo contratación previa, como corresponde a un VTC, el número de servicios prestado se hubiera reducido considerablemente, no alcanzándose la productividad impuesta, con el despido consiguiente. De hecho, desde la empresa Vector Ronda, se impartían instrucciones a los querellantes para que circulasen, constantemente, por las áreas de mayor concentración de potenciales clientes», afirma la querella.
Para mantener la productividad exigida los conductores se vieron obligados a realizar jornadas de doce horas diarias, en ocasiones, sin ningún descanso semanal. Además, según la querella, se les denegó todo derecho a disfrutar de vacaciones, asistir al médico o disfrutar de cualquier permiso. Durante la totalidad de la jornada laboral los conductores debían circular permanentemente por la vía pública urbana, a la espera de clientes a pie de calle.
