Emmanuel Kant decía que todos los actos deben ser juzgados por la intención que los origina. Tomando como base a este pensamiento del filósofo prusiano, y en medio de la polémica por las presiones que recibe la Justicia desde diferentes ámbitos, hay que distinguir la presión que se ejercita desde instituciones o sectores empresariales para obtener un beneficio directo de las decisiones judiciales y quienes estamos utilizando información y documentación para dar luz sobre las actuaciones de la Justicia.

Con el fin de conseguir construir una información analítica, ética e independiente desde la más que posible razón sin miedo he considerado recordar, con perdón, a mis lectoras y lectores los estudios más relevantes para este caso de Emmanuel Kant que da lugar al pensamiento reflexivo de este trabajo y que podría encontrarse en sus diferentes obras como Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica, Crítica del Juicio y Metafísica de las costumbres. En esta obra el autor marca dos partes: la primera, trata sobre la ética de la virtud; la segunda, la basa en el ius (derecho objetivo) de la doctrina del derecho.

Diario16 se fundamenta, de un modo u otro, cuando escribimos sobre los comportamientos de la Justicia, precisamente, en lo afirmado por Kant. Por ejemplo, cuando escribimos sobre las acciones del juez instructor del Caso Popular-Santander. Si decimos casi a diario aportando documentación que la instrucción del juez Andreu está siendo infructuosa no lo hacemos para quitar la libertad o para presionar al magistrado, sino que lo que pretendemos es aportarle valores para que ejercite esa libertad. La documentación que aportamos en dos ocasiones a la Audiencia Nacional —de la que se aceptó una parte y estamos pendientes de la otra— y que no ha generado aún la adopción de medidas cautelares nos hace pensar desde la historia, el análisis y el pensamiento que este juez no es la persona adecuada para instruir esta causa.

Sin embargo, para determinar que esta conclusión es la correcta están los órganos reguladores del Poder Judicial, los mismos que ahora han sido puestos en duda por el pueblo por la decisión adoptada en la sentencia de las hipotecas y, sobre todo, por el comportamiento del Supremo a la hora de corregir una doctrina que beneficiaba al pueblo en contra de las dictaduras privadas del capital.

¿Cómo puede ser que el juez Andreu sea la persona más adecuada para instruir el Caso Popular-Santander si con las conclusiones de la documentación que hemos entregado a la Audiencia —y con la abundante que entregaremos próximamente— aún no ha adoptado ninguna medida cautelar y está desarrollando la instrucción como lo está haciendo? Si, además, analizamos la historia de este juez, sus amistades con la ministra de Justicia, Baltasar Garzón o con personas cercanas al Banco Santander, vemos, desde la reflexión y el análisis, que no es la persona adecuada para instruir una causa de esta naturaleza. Decir esto no es coacción ni presión, simplemente, es exponer los hechos para que el pueblo conozca la verdad. Si informamos de que asistió a la presentación de un libro que «recibió la bendición» de Ana Patricia Botín y cuyo autor es un asesor del Santander, esto no es coacción, es información.

Si escribimos sobre el pasado del juez en el que ya adoptó medidas que favorecieron al Santander, como, por ejemplo, el archivo de la causa de los 2.000 millones de la familia Botín ocultos en Suiza o las decisiones que adoptó en el Caso Emperador, no es presión, sino exponer hechos. Si afirmamos que la esposa de Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España, es la jefa de gabinete del presidente del CGPJ, no es coacción ni presión, es información para que se puedan adoptar las decisiones que, aun no siendo influyentes en la decisión de la aplicación de la justicia, adopte el juez, para, por lo menos, mostrar al pueblo la verdadera presión que la banca, en general, y la red de influencias del Santander, en particular, ejercen sobre la Administración de Justicia y a las personas que tienen la responsabilidad de impartirla.

Lo mismo podríamos decir de contenidos y documentación que iremos publicando en breve sobre las dudas que está generando la instrucción de querellas interpuestas en diferentes juzgados de Madrid sobre el caso PDVSA, Rafael Ramírez, familiares y asesores o procedimientos contenciosos en referencia a Alfonso de León y sus empresas en Miami como asesor de la petrolera venezolana.

Quienes afirman que hay medios de comunicación que presionan o, incluso, coaccionan a los jueces son, precisamente, los que están protegidos o cercanos a los dictadores públicos y privados. En nuestro caso, Diario16 es un medio que sólo tiene la intención de dar al pueblo información con pruebas. Eso no es presión. Si no, pregúntenle los interesados en público a Kant y en privado al Poder Judicial.

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2 Comentarios

  1. Maravilloso Diario 16. Que gente más extraordinaria. Nunca podremos agradeceros suficientemente vuestra ayuda. GRACIAS

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