No se descartan elecciones anticipadas en Cataluña, a tenor del pulso que va tomando la convocatoria del referéndum 1-O. Carles Puigdemont no quiere sacrificar a sus cargos públicos en la Generalitat en el proceso independentista, mientras al otro lado de esta partida de ajedrez, Mariano Rajoy baraja la aplicación del artículo 155 de la Cosntitución, pese al drama de la suspensión de las competencias a Cataluña, la intervención por parte del Estado a esta autonomía, sumado al agónico endeudamiento catalán. Si se convocan elecciones en Cataluña, no tendría efecto la suspensión de los cargos públicos catalanes que respladan el 1-O.

El Diario Oficial de la Generalitat publicaba este lunes la suspensión de la Ley de referéndum, después de que el Tribubal Constitucional resolviera bloquear este texto legislativo, que ampara el 1-O. Así mismo, este boletín oficial incluye la notificación a los miembros del Govern y de la Mesa, junto a los integrantes de la Sindicatura Electoral y a los letrados del Parlament. Así consta de forma expresa el mandato del TC a los notificados de cumplir esta resolución, y por ende, evitar dar cobijo institucional al referéndum indpendentista.

Por su parte, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha declarado que “desconoce las causas del Diario oficial catalán que no había publicado la suspensión cautelar de Ley de referéndum”, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó al día siguiente esta resolución del TC, mientras el Diario de la Generalitat ha tardado once días. Aún así, Turull, ha dejado constancia de que “el Govern obedecerá el decreto de la convocatoria del referéndum 1-O”, por tanto, no seguirá el mandato del TC.

La hoja de ruta del preisdente Carles Puigdemont continúa hacia el referédum, aunque en sus filas también suena la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para evitar la suspensión de los cargos públicos de la Generalitat.

El presidente Mariano Rajoy, pidió la ejecución de las resoluciones del Tribunal Cosntitucional respecto al proceso independentista y que se “declaren nulos y sin efecto los acuerdos tomados en el Parlament”. El Jefe del Ejecutivo mantiene una estrategia política muy reservada con el proceso soberanista, aunque también solicitó al Tribunal Constitucional que se estudie “si pueden concurrir responsabilidades penales en Carme Forcadell, por su actuaciones como presidenta del Parlament”.

Rajoy activó al resto de las instituciones con el mensaje de “ilegalidad de este referéndum”, y salió a apoyar a los alcaldes que no ceden los locales municiaples para el 1-O, mientras la Fiscalía General del Estado, tribunales y Cuerpos de Seguridad cumplen con las intervenciones pertinentes para evitar al celebración de este referéndum.

 

Intervenciones de la Guardia Civil 

Efectivos de la Guardia Civil han intervenido este lunes en Sabadell, 113.000 carteles con el logo de la Generalitat de Catalunya publicitando el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

En otra intevención realizada este domingo, -la de mayor incautación realizada por estos operativos tras el inicio de la campaña electoral-, la Benemérita intervino más de 1.300.000 carteles y material de propaganda destinado a publicitar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La Guardia Civil ha procedido a actuaciones en diferentes localidades de Cataluña, y ha incautado más de 1.3 millones de carteles, dípticos y folletos de diverso tamaño durante la inspección de una empresa de distribución de de propaganda ubicada en la provincia de Barcelona. Entre este material consta la intervención de carteles de la CUP a favor del SÍ.

  

Incidente ante el Tribunal Constitucional 

Sáenz de Santamaría compareció en su día y explicó que el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que “tome la declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera, en su caso, corresponder a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan votado a favor para admitir a trámite la Ley de Referéndum”.

Además, la Vicepresidenta avaló la presentación de un incidente ante el Tribunal Constitucional por vulneración de las sentencias de 2015 y 2017, y autos del TC, en concreto, el auto del 14 de febrero de 2017, que “establece la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista”.

1 COMENTARIO

  1. Creo que nos estáis ocultando que tras todos los movimientos están las élites de siempre que quieren todavía más poder. Naturalmente nadie de ellos quieren perder el que tienen. Juegan con el pueblo como trileros tanto unos como otros. Y mientras tanto el silencio sobre la bola que hay que esconder: LA MONARQUíA.

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