La nueva Ley de Memoria Histórica prevé la declaración de nulidad de centenares de juicios sumarísimos, condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas las víctimas tendrán derecho a una declaración de reconocimiento y reparación. Además, se recoge una mención especial al papel activo de las mujeres en España como protagonistas de la lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, que por otra parte es transversal en todo el texto de la ley. Asimismo, se creará un Consejo de Memoria Democrática como órgano consultivo y de participación de las asociaciones memorialistas, así como una comisión estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.
En cualquier caso, según el Gobierno, la ley “no reabre viejas heridas” sino que “contribuye a cerrar las heridas abiertas”. Es un deber de memoria, una obligación moral y política del Estado español respecto a las víctimas y su dignidad. “La historia no se hace con el olvido o el silencio de los vencidos. El olvido no es una opción en democracia”, insisten fuentes de Moncloa.
Con esta nueva legislación, el Gobierno “pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”. Sin embargo, las derechas tienen una visión muy diferente del problema. A Pablo Casado nunca le ha gustado la ley de memoria sencillamente porque el PP jamás ha condenado los crímenes franquistas. Todavía resuena el eco de sus palabras en aquella sentencia infame que el presidente popular pronunció hace algunos años, concretamente en 2015, cuando dijo aquello de que “los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica”. El desprecio a las víctimas lo consumó la senadora del PP Esther Muñoz, quien ha llegado a criticar que el Parlamento apruebe una partida de 15 millones de euros para que “se desentierren unos huesos”.
Parecía que el nivel de infamia no podía caer más bajo pero Vox ha batido todos los récords. En las últimas semanas, la formación ultraderechista ha pasado a la ofensiva para desacreditar la Ley de Memoria y trasladar a la opinión pública la idea de que el nuevo texto legal obedece a la intención del Gobierno de volver al pasado guerracivilista. Santiago Abascal, líder del partido ultra, ha desenterrado el hacha de la “guerra cultural” y desde la tribuna de oradores de las Cortes ha llegado a decir que este es el peor Gobierno “en 80 años de historia de España”. No fue un lapsus ni un error. Abascal dijo exactamente lo que quería decir: que el régimen de Franco supuso una época de paz y prosperidad para los españoles. Considerar que la tiranía de un dictador fue “un buen gobierno” demuestra que nos encontramos ante un partido dispuesto a todo para maquillar el fascismo.
Ningún político en cuarenta años de democracia había atravesado esa peligrosa frontera y el presidente de Vox lo ha hecho sin rubor precisamente unas horas después de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunciara que la Fundación Franco será declarada ilegal por la nueva ley. “No podrá haber fundaciones con dinero público que enaltezcan totalitarismos”, garantizó la vicepresidenta primera. Ese anuncio se le debió atragantar a Abascal, no en vano es el líder de una formación política que defiende los privilegios de los herederos del franquismo. De modo que al día siguiente, durante la sesión de control al Gobierno, dio rienda suelta a su alegato neofalangista para satisfacer a su parroquia. Días después, su portavoz parlamentaria, Macarena Olona, se sumaba a la fiesta de la exaltación totalitaria y lamentaba que el Gobierno haya llevado a cabo “la profanación de la tumba del general Francisco Franco”. También se opuso radicalmente a la retirada de la Cruz del Valle de los Caídos y solo le faltó levantar el brazo y cantar el Cara al Sol.
Desde que llegó a las instituciones, Vox ha ido radicalizándose cada vez más y sus representantes políticos ya no sienten complejos a la hora de mostrar en público su comprensión y simpatía con la dictadura. Cómo será la deriva de Vox desde la extrema derecha al posnazismo siglo XXI que personajes como Carmen Lomana, hasta hace poco militante “voxista”, han decidido apartarse del proyecto verde por sus discrepancias ideológicas con la dirección. “No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa”, afirmó la que en 2015 fue número 3 en las listas del partido ultraderechista por Madrid.
Es evidente que la Ley de Memoria Democrática ha agudizado el tic patriotero y el histrionismo caricaturesco de las huestes de Vox. Olona ha anunciado que su formación recurrirá el texto legal, cuyo Anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Realmente resulta un hiriente sarcasmo que alguien pueda llegar a pensar que es posible ganar en el Tribunal Constitucional un recurso que no tiene otra intención que lavarle la cara a lo que fue un sangriento régimen como el de Francisco Franco. Pero el delirio histórico revisionista de los muchachos de Vox a veces les lleva a perder la noción de la realidad y a creerse que aún estamos en 1940, cuando los jueces eran todos militares en nómina del Movimiento Nacional. Apelar a la defensa de la Constitución para tratar de maquillar a un sátrapa que pisoteó la democracia y los derechos humanos es sencillamente delirante.
Vox roza el ridículo y el absurdo cuando sus representantes denuncian que la Ley de Memoria vulnera “derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación e ideológica”, tal como alega Olona. En realidad es todo lo contrario. La ley permitirá algo tan sencillo de entender como que centenares de personas podrán ser escuchadas por fin en su lucha por encontrar los restos mortales de sus seres queridos. Ese será el camino para que España deje de ser el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya por efecto de las fosas comunes. Fue el gran poeta Miguel Hernández quien escribió aquello de “quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte”. Solo desenterrando la verdad y devolviendo la dignidad a los muertos y a sus familias logrará España exorcizar sus demonios del pasado. Y volver a ser un país decente y en paz consigo mismo.
Nada nuevo ni especial,que se puede esperar de una gente que procede del fascismo.franquismo.Casado,Abascal y el resto son hijos del PP,antes AP,fundado por franquistas,algunos de ellos con familiares implicados directamente en el secuestro,tortura y asesinato de democratas¿Como les va a interesar la «Memoria»?
El poblema de españa no es la guerra civil,en una guerra todos matan aunque algunos mas que otros.El problema de España es que el fascismo,unido a la iglesia catolica,siguio matano,asesinando lustros despues de acabada la guerra y arrojando los muertos a fosas comunes y cunetas con nocturnidad y alevosia.
Cualquier legislación que intente dignificar a los demócratas republicanos españoles va contra el mismísimo ADN de los herederos de Franco.
¿A quién le extraña que recurran contra la Ley de Memoria Histórica?
Y habiendo sido nombrados la mayoría de los jueces por el PP.
¡Gracias Francia y Gran Bretaña por haber ayudado en su día a la República Española!
Los «muy democráticos» partidos de la derecha española no pueden consentir que se le devuelva la dignidad robada a los que lucharon por la libertad contra el fascismo patrio.
Son los hijos y nietos de aquellos fascistas que asesinaron a los que aún permanecen en fosas comunes, y a muchos más.
Por ello acuden a los tribunales formados por jueces nombrados por el PP, y que en muchos casos son igualmente hijos y nietos de los de aquellos tribunales de excepción, para intentar evitarlo.
Si el abuelo de Casado,que era republicano, viera a su nieto, se moría de vergüenza.
Buenísimo artículo!!!. Gracias!!!